Veinticinco años después, el gobierno de la India no ha puesto a disposición judicial a los responsables de la matanza de miles de sijs en Delhi y en otros lugares perpetrada en 1984, inmediatamente después del asesinato de la primera ministra Indira Gandhi.
El pasado jueves 9 de abril, un tribunal de Delhi aplazó el fallo sobre la causa contra Jagdish Tytler, destacado parlamentario indio en el momento de la matanza, después de que la Oficina Central de Investigaciones (CBI) anunciara que no había podido encontrar pruebas contra él. La sesión ha quedado aplazada hasta los días 28 y 29 de abril.
“Es muy probable que al haber admitido el CBI que no ha podido conseguir pruebas suficientes, Tytler sea absuelto de todos los cargos, lo cual de hecho pondría fin al proceso judicial contra todos los acusados de responsabilidad en las matanzas de 1984”, ha dicho Ramesh Gopalakrishnan, investigador de Amnistía Internacional en el sur de Asia.
Jagdish Tytler y Sajjan Kumar fueron acusados de haber incitado a las turbas a matar a sijs. Tytler, varias veces ministro del gobierno federal de India, dimitió de este cargo en 2005 después de que una comisión de investigación recomendara que se investigase con más detenimiento el papel de él y de Kumar en las matanzas. Kumar fue absuelto y el recurso contra la absolución está pendiente en un tribunal de Delhi.
Ambos políticos se presentan ahora como candidatos por el Partido del Congreso en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Delhi el 7 de mayo de 2009.
“Han pasado 25 años desde la matanza y sólo un reducidísimo número de sus responsables han sido puestos a disposición judicial. Es una vergüenza nacional”, ha dicho Ramesh Gopalakrishnan.
Al menos 3.000 sijs murieron asesinados durante cuatro días de venganza por el asesinato de la primera ministra Indira Gandhi por su guardaespaldas sij el 31 de octubre de 1984.
“El hecho de que casi 3.000 personas puedan ser asesinadas sin que nadie sea puesto a disposición judicial insulta cualquier noción de justicia y debería ser un bochorno para el gobierno de la India”, ha dicho Ramesh Gopalakrishnan.
El gobierno indio presentó sólo 587 causas penales tras la matanza y ha cerrado las investigaciones sobre muchos más casos, alegando falta de pruebas.
“Es absurdo que el gobierno indio desestime estos casos por falta de pruebas. Las diversas agencias responsables de llevar a cabo las investigaciones ni siquiera llevaron a cabo las tareas más básicas, como tomar declaración a testigos y supervivientes”, ha añadido Ramesh Gopalakrishnan.
En los últimos 25 años ha habido nueve comisiones de investigación sobre los homicidios y sólo se ha condenado a 25 personas por su participación en ellos. La mayoría de los 72 policías acusados de negligencia en el cumplimiento de su deber y de proteger a los agresores fueron exonerados y sólo cuatro fueron sometidos a algún tipo de castigo oficial, como el recorte de sus pensiones.
“Tras 25 años y nueve comisiones de investigación, el gobierno de la India puede y debe hacer algo mejor. Debe reabrir ya todas las causas e investigar adecuadamente, para hacer por fin justicia y que las víctimas y los sobrevivientes de esta terrible matanza puedan pasar página.”
En 2005, el primer ministro Manmohan Singh condenó la violencia desatada contra los sijs en 1984 y afirmó que las causas penales contra personas mencionadas en la novena Comisión de Investigación se reabrirían y se volverían a examinar “dentro del ámbito de la ley”. El ministro de Asuntos Exteriores indio, Pranab Mukherjee, entonces ministro de Defensa, afirmó que las autoridades pertinentes investigarían los resultados concretos contra las personas mencionadas en el informe de la Comisión.
“Para las víctimas y supervivientes de la matanza de 1984 el hecho de que se les haya prometido justicia y hayan visto al gobierno incumplir una y otra vez su promesa ha sido un proceso atroz”, ha afirmado Ramesh Gopalakrishnan.
“Todos los responsables de la matanza –concluyó Gopalakrishnan– deben ser puestos a disposición judicial, sean líderes políticos, policías o funcionarios”.