Los catastróficos terremotos que asolaron el sureste de Turquía y el norte de Siria el 6 de febrero y otra vez el 20 de febrero requieren una respuesta humanitaria global que sea comprometida y sostenida.
Hasta la fecha, el número total de muertes supera las 46.000 y continúa subiendo. Cientos de miles de personas se han quedado sin hogar y carecen de refugio, comida, agua potable y asistencia médica. Miles continúan en paradero desconocido.
Amnistía Internacional expresa sus más profundas condolencias a todas las personas afectadas por los terremotos y reconoce los esfuerzos incansables del voluntariado y el personal de primera intervención en las operaciones de búsqueda y salvamento en circunstancias tan difíciles.
La ayuda humanitaria ha tardado en llegar y, más de dos semanas después de los temblores iniciales, siguen creciendo las necesidades de individuos y comunidades en ambos países.
Turquía ha declarado el estado de excepción en las provincias afectadas. La provisión de ayuda humanitaria en Siria se ha visto ralentizada y obstaculizada por consideraciones políticas y dificultades logísticas que han eclipsado la necesidad de una respuesta urgente a las necesidades de la población en el noroeste del país.
En momentos de crisis como esta, los derechos humanos no quedan suspendidos.
Los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta a la crisis.
Al responder a una gran crisis, debe haber esfuerzos concertados de promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas. Algunos de estos derechos son:
- derecho a la vida
- protección contra la detención arbitraria
- seguridad personal
- derecho a no sufrir tortura ni otros malos tratos
- libertad de expresión y asociación
- protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y de los derechos de las personas migrantes
- derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la vivienda, una nutrición adecuada, agua potable y saneamiento, asistencia médica y ayuda humanitaria sin discriminación
Mujeres, niños y niñas, personas desplazadas, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI, minorías étnicas y raciales y otros grupos marginados a menudo se enfrentan a una combinación de dificultades durante una crisis —como una catástrofe natural— y requiere protección especial frente a la discriminación y los insultos y ataques racistas.
La provisión de ayuda humanitaria en situaciones extremas de catástrofe natural debe aplicarse sin discriminación basada en la nacionalidad, el origen étnico, la religión, la situación migratoria, las ideas políticas o cualquier otra condición.
Examinar la respuesta a la catástrofe desde una perspectiva de derechos humanos puede facilitar una provisión justa y efectiva de la ayuda humanitaria y obligar a los gobiernos a rendir cuentas respecto a su cumplimiento de las normas de derechos humanos, incluido el principio de no discriminación.
Los Estados no deben actuar de forma discriminatoria contra ningún grupo que esté recaudando dinero y/o repartiendo ayuda humanitaria legítimamente para paliar la catástrofe, ni deben confiscar arbitrariamente tales fondos o materiales de ayuda humanitaria.
El derecho a no sufrir discriminación
El principio fundamental de no discriminación debe estar integrado en todos los esfuerzos de prevención, respuesta, ayuda humanitaria, recuperación y reconstrucción en una situación de catástrofe, desde el primer momento.
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos sin discriminación. Toda respuesta del Estado debe garantizar que las personas pueden ejercer sus derechos y que no sufren desventajas o represalias basadas en su origen racial o étnico, color de piel, género, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, orientación sexual, estado civil, situación económica, discapacidad, nacimiento, edad u otra condición.
Ninguna persona debería ser privada de acceso a la ayuda humanitaria por la ausencia o pérdida del documento de identidad u otro. Un enfoque de las catástrofes naturales respetuoso con los derechos humanos y que tenga en cuenta las necesidades especiales de los grupos de riesgo puede servir además para prevenir la exposición a violaciones de derechos humanos en el futuro.
En Siria, las autoridades continúan impidiendo o restringiendo la llegada de ayuda humanitaria a las zonas cuya población se considera opositora al gobierno o que están fuera de su control. Al menos cuatro millones de personas que residen en el noroeste de Siria sometidas al control de los grupos de oposición ya vivían en condiciones terribles, dependiendo por completo de la ayuda humanitaria debido a que el gobierno sirio impedía y obstruía el acceso a servicios esenciales. No tenían capacidad para hacer frente a la destrucción y los daños adicionales de los terremotos. Después de los temblores, tanto el gobierno como los grupos armados de oposición de Siria restringieron el paso de la ayuda humanitaria desde Damasco hacia el noroeste.
El gobierno sirio ha impedido que la ayuda humanitaria llegue a los barrios predominantemente kurdos en las zonas controladas por el consejo civil kurdo en la ciudad de Alepo, gravemente afectadas por el terremoto.
Además, ha restringido o demorado la distribución de combustible, alimentos, artículos no alimentarios y provisiones médicas por la Administración Autónoma —autoridad de facto en el noreste de Siria— en las zonas afectadas bajo control gubernamental y en el noroeste. En el norte de Alepo, grupos armados de oposición apoyados por Turquía restringieron la distribución de ayuda humanitaria a la población kurda de Siria que vivía en la zona y obstruyeron iniciativas de salvamento.
Derecho a la vida
La provisión inmediata de ayuda para la supervivencia en forma de personal, maquinaria y equipos operativos para rescatar a la gente atrapada entre las ruinas del terremoto es fundamental. Tanto en Turquía como en Siria, esta organización operativa ha adolecido de graves carencias, hasta el extremo de que podrían haberse evitado incontables muertes si se hubieran puesto en marcha planes de salvamento más concertados desde el principio de la crisis.
Las autoridades turcas pidieron ayuda internacional, que llegó enseguida, pero la falta de coordinación, de personal y de materiales —como maquinaria pesada y tecnología especializada de búsqueda y salvamento— dificultaron notablemente las intervenciones para salvar vidas.
La Presidencia para la Gestión de Desastres y Situaciones de Emergencia ejercida por Turquía bajo los auspicios de su Ministerio del Interior ha sido blanco de críticas por su falta de experiencia y conocimientos especializados. Familiares de personas atrapadas bajo los escombros recurrieron a las redes sociales para hacer oír sus súplicas de ayuda, y muchos contrataron por su cuenta maquinaria pesada para salvar vidas. El 7 de febrero, el presidente Erdoğan reconoció que había problemas con la respuesta inicial del Estado al terremoto.
Desde el 15 de febrero sólo se enviaron modestos equipos de rescate desde Egipto y España para ayudar a los grupos voluntarios en el noroeste de Siria. Organizaciones locales contaron a Amnistía Internacional que habían recibido apoyo mínimo en términos de maquinaria pesada y otras herramientas de rescate, lo que dificultaba enormemente sus esfuerzos de búsqueda y salvamento. No obstante, países árabes del norte de África, Irán y otros enviaron apoyo al gobierno sirio, que sólo utilizó en las zonas controladas por el gobierno y no en el noroeste.
El primer convoy de ayuda humanitaria de la ONU al noroeste de Siria, procedente de Turquía, llegó a su destino tres días después del terremoto tras cruzar el paso fronterizo de Bab al Hawa, el único autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno sirio emitió una autorización de tres meses sobre dos nuevos pasos fronterizos, Bab al Salam y Al Rai, para los envíos de ayuda humanitaria de la ONU al norte de Siria el 13 de febrero, más de una semana después de los terremotos. Organizaciones locales contaron a Amnistía Internacional que el retraso en la llegada de la ayuda humanitaria de la ONU se debía en parte al número insuficiente de pasos fronterizos y los problemas de coordinación relacionados. El paso de Bab al Hawa ha sido el único balón de oxígeno para millones de personas en el noroeste de Siria desde julio de 2020, cuando Rusia y China vetaron la reapertura del paso de Bab al Salam.
Turquía, Siria y la comunidad internacional deben comprometerse a garantizar una provisión de ayuda humanitaria más rápida y eficiente, sin maniobras ni injerencias políticas. Los Estados miembros de la ONU deben hacer todo lo posible para garantizar acceso suficiente de la ONU al norte de Siria mientras haga falta para cubrir las necesidades urgentes de la población sobreviviente.
Derecho a la información
Quienes han sobrevivido a un desastre humanitario tienen derecho a obtener información oportuna, pertinente, accesible, precisa y en un lenguaje comprensible sin sufrir discriminación. La provisión de esa información puede evitar que se pierdan más vidas.
Asimismo, debe garantizarse participación y un proceso de consulta significativo a las personas y comunidades afectadas por una catástrofe en toda decisión o estrategia para abordar sus necesidades, incluidas oportunidades de autoayuda y de ayuda mutua dentro de las comunidades y entre ellas.
Como mínimo, las personas sobrevivientes deberían tener acceso a información oportuna relativa a las víctimas mortales o presumiblemente mortales, a toda la información disponible sobre familiares o amistades en paradero desconocido, y a los datos específicos sobre provisión de alimentos, agua, refugio, atención médica y de la salud reproductiva y otros servicios esenciales.
Libertad de expresión y de los medios de comunicación
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover y realizar el derecho a la libertad de expresión. Toda restricción de este derecho deben estar prevista en la ley y ser necesaria y proporcionada.
En Turquía, gente atrapada bajo los escombros del terremoto estuvo comunicándose a través de redes sociales para comunicar su paradero y hacer posible su propio rescate. La aparente prohibición de Twitter y TikTok por el gobierno turco el 8 de febrero fue un revés para esos intentos de rescate. Aunque ya se ha restablecido el acceso sin tener que utilizar una red privada virtual (VPN), una prohibición así no era necesaria ni proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo del Estado, que debería haber sido el de promover las tecnologías que salvan vidas, no bloquearlas porque el gobierno se sentía ofendido por las críticas sobre su gestión de la crisis.
Los medios de comunicación proporcionan noticias y otra información de interés público y deben poder operar libremente, sobre todo en tiempos de crisis, cuando esta información puede ser vital. Los medios están sometidos a un control férreo tanto en Turquía como en Siria, donde periodistas —incluso de medios extranjeros— y medios de comunicación independientes tienen dificultades para trabajar. En las zonas de Siria bajo control gubernamental, las autoridades dominan todos los medios de comunicación y la expresión en Internet, y no existen medios independientes. En abril de 2022, a raíz de las críticas crecientes sobre la política socioeconómica del gobierno, se aprobó una nueva ley de ciberdelincuencia que establecía duras penas y multas por criticar a las autoridades en Internet.
La respuesta del gobierno turco a la catástrofe suscitó críticas generalizadas, también en los medios de comunicación, sobre la falta de iniciativas de salvamento o las deficientes medidas de rescate adoptadas en las primeras horas y días posteriores al terremoto. El 7 de febrero, el presidente Erdoğan amenazó públicamente con actuar contra quienes criticaban a las autoridades. Los dos primeros días tras el terremoto, el Estado detuvo a más de 90 personas, entre ellas periodistas, a algunas sólo por sus publicaciones en redes sociales. El mismo día, Fahrettin Altun, director de Medios y Comunicaciones de la Presidencia, anunció el lanzamiento de una aplicación para teléfonos móviles destinada a combatir la desinformación. Si bien la desinformación es motivo de gran preocupación, una forma importante de prevenirla es garantizar más libertad de los medios de comunicación.
Detención arbitraria
La prohibición de la detención arbitraria es absoluta.
Como se ha señalado, en Turquía las autoridades han detenido a personas por criticar la lentitud del gobierno en reaccionar a los terremotos.
Varias personas han sido detenidas arbitrariamente simplemente por condenar la pobre respuesta del Estado a la catástrofe y suplicar más ayuda.
En Siria, el gobierno y los grupos armados de oposición han arrestado o apresado sistemáticamente a personas sólo por expresar opiniones críticas.
Según informes, quienes criticaban las medidas de distribución de la ayuda humanitaria adoptadas por el gobierno sirio y lo acusaban de desviar parte de la ayuda eran objeto de arresto.El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a criticar al propio gobierno sin sufrir represalias como la detención arbitraria.
Tortura y otros malos tratos
La prohibición de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante es absoluta y por tanto no admite excepciones ni siquiera en situaciones de emergencia nacional.
Las personas detenidas en Turquía por presuntos actos de saqueo tras el terremoto han sido sometidas a tortura y otros malos tratos bajo custodia del Estado. Amnistía Internacional está examinando vídeos de tales abusos y sigue recopilando testimonios de personas sobre los malos tratos que han sufrido.
En Siria, la tortura y otros malos tratos bajo custodia a manos de las fuerzas de seguridad y, en menor medida, de los grupos armados de oposición prevalecen y son promovidos por la cultura de la impunidad.
Muertes bajo custodia Se ha confirmado la muerte bajo custodia de al menos una persona en Turquía tras ser detenida por la policía. El 15 de febrero, según informes, tres gendarmes fueron suspendidos en relación con esta muerte.
Derechos de las personas desplazadas
Cientos de miles de personas en Turquía y Siria se han quedado sin hogar u otro refugio adecuado a causa de los terremotos y muchas han huido de las zonas devastadas.
Todas las que han sobrevivido deberían tener acceso a un refugio de emergencia en hoteles, residencias de estudiantes u otros alojamientos reservados para las víctimas de los terremotos. Debe permitirse a quienes viven en zonas afectadas por los terremotos que salgan de ellas y busquen refugio y ayuda humanitaria en otras ciudades.
Las autoridades, en colaboración con agencias de ayuda humanitaria, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las personas afectadas, deben diseñar un programa de ayuda humanitaria y medidas de recuperación con plazos establecidos, que incluyan el paso del alojamiento de emergencia a una vivienda más permanente para las personas en movimiento.
Las personas desplazadas deben recibir apoyo para que puedan tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro, sin discriminación y con independencia de su nacionalidad o situación de residencia.
Toda reubicación de personas internamente desplazadas desde campamentos o zonas de catástrofe debe tener carácter voluntario, excepto si la evacuación es imprescindible para su seguridad y su salud. Deben existir garantías procesales para que toda evacuación se ajuste a las normas internacionales sobre desalojos. Una vez que se ha alejado a la gente del peligro, los Estados deben garantizar que los plazos de reasentamiento y las condiciones en todos los lugares de reasentamiento cumplen los criterios de alojamiento adecuado que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Las personas desplazadas no deben ser coaccionadas a través de la suspensión de las ayudas ni de otro modo.
Todas las personas desplazadas tienen derecho a regresar a su hogar si no lo impiden cuestiones de seguridad. Cuando las personas desplazadas no puedan volver a su casa por motivos de seguridad, el gobierno debe elaborar un plan de rehabilitación o reconstrucción de esas zonas que sea claro y esté provisto de plazos, a fin de que sean seguras y la gente pueda regresar cuanto antes a su hogar.
Antes de los terremotos ya residían en el noroeste de Siria 2,7 millones de personas desplazadas desde distintas partes del país debido a los conflictos. La mayoría vive en tiendas de campaña en condiciones muy penosas que agravan las enfermedades y dejan a mujeres y niñas expuestas a sufrir violencia de género. Tras los terremotos, la ONU afirmó que había casi 60.000 personas desplazadas en la zona.
Deben adoptarse medidas urgentes que garanticen igualdad de acceso a la ayuda humanitaria y a las medidas de rehabilitación para las personas internamente desplazadas que se han visto afectadas por los terremotos.
En las zonas sirias bajo control gubernamental se evacuaron barrios y demolieron edificios que los equipos de evaluación de daños calificaron de inseguros. Sigue sin estar claro si el gobierno proporcionará apoyo económico o alojamiento alternativo a las personas propietarias de todas esas estructuras. Hasta la fecha, el gobierno ha anunciado el comienzo de las obras para construir 300 unidades habitacionales prefabricadas en la ciudad de Alepo.
Las autoridades deben comprometerse a elaborar e implementar un plan para ofrecer alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas o volver a construir casas en la zona que sean seguras y resistentes a los terremotos. Todas las decisiones sobre alojamiento alternativo, ya sea en forma de reasentamiento o de construcción en el sitio, deben tomarse tras un proceso de consulta genuina a las personas afectadas.
El trato que reciben las personas refugiadas y migrantes
Es preciso salvaguardar los derechos de las personas que requieren protección internacional por su condición de refugiadas y solicitantes de asilo.
Según informes verosímiles procedentes de Turquía, personas refugiadas sirias han sufrido ataques tanto de civiles como de actores estatales en forma de insultos y agresiones físicas en ataques racistas y/o a través de discursos de odio. Los informes indican asimismo que se ha desalojado a personas refugiadas sirias de campamentos de emergencia en Turquía para hacer espacio a las personas sobrevivientes turcas.
Las autoridades turcas no deben convertir a las personas refugiadas en chivos expiatorios ni tolerar abusos contra ellas. Aparte de su obligación de no discriminar, las autoridades estatales también tienen la obligación positiva de garantizar sus derechos humanos sin discriminación a todas las personas y grupos bajo su jurisdicción, que incluye combatir el racismo y la discriminación tomando medidas de protección frente a amenazas y ataques.
Las personas migrantes deben recibir un trato acorde a las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en la que Turquía y Siria son Estados Partes.
Derechos de la infancia
En su respuesta a los terremotos, Turquía y Siria deben tener en cuenta los principios generales de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y los riesgos específicos para los derechos infantiles.
Los principios del derecho infantil a no sufrir discriminación, el interés superior del menor, el derecho a ser escuchado y los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo siguen teniendo una importancia primordial en la respuesta de los gobiernos a los terremotos.
En ambos países, cientos de niños y niñas han sido rescatados, pero sus padres y madres continúan en paradero desconocido. Muchos menores ni siquiera pueden ser identificados al no tener edad suficiente para saber su nombre completo o su domicilio. Turquía y Siria debe adoptar todas las medidas necesarias para identificar a los niños y niñas separados en la fase más temprana posible y reunir a estos menores con sus familias con carácter urgente. Cuando se considere que es en el interés superior del niño o la niña, deberán proporcionarse los oportunos cuidados alternativos temporales.
La adopción de niños y niñas no acompañados o separados de sus familias sólo se llevará a cabo en el interés superior del menor y cuando hayan resultado infructuosos todos los intentos de localizar a su familia y procurar su reagrupación. Deben evitarse acuerdos de adopción si la situación sigue sin resolverse. La adopción internacional debe ser una medida de último recurso, una vez agotadas todas las alternativas nacionales, con esfuerzos rigurosos para localizar al padre y la madre, otros familiares o progenitores adoptivos. Las autoridades competentes deben garantizar que no salen menores del país sin las garantías adecuadas y sin haberse completado los trámites de la adopción internacional.
Los centenares de niños y niñas que se han visto separados de sus familias en Turquía y Siria corren mayor riesgo de sufrir abusos y violaciones de derechos humanos. Turquía y Siria tienen la obligación de proteger a los menores de toda forma de abuso y explotación, como la trata, el trabajo infantil, las formas contemporáneas de esclavitud, el matrimonio precoz e infantil y la explotación sexual.
Las instituciones estatales turcas y sirias deben garantizar capacidad para determinar la situación de los menores y hacer todos los esfuerzos necesarios para minimizar la separación familiar en el contexto de las operaciones de salvamento y de reparto de ayuda humanitaria tras una catástrofe.
La localización y reagrupación de las familias debe ser prioritaria para la comunidad internacional, las autoridades sirias y turcas y los organismos internacionales de ayuda humanitaria.
El retorno a la escuela de los niños y niñas debe facilitarse lo más rápido posible. Deben adoptarse medidas especiales para garantizar igualdad de acceso a la educación a las niñas, los menores con discapacidad y otros grupos marginados.
Violencia contra mujeres y niñas
En las situaciones de poscatástrofe, las mujeres y las niñas están especialmente expuestas a sufrir violencia sexual, explotación por traficantes y reducción del acceso a servicios y cuidados de salud materna. Su desventaja en el acceso a la ayuda humanitaria está bien documentada.
Mujeres y niñas deben tener acceso a productos de higiene menstrual y asistencia médica específica para sus necesidades de salud. Las autoridades locales encargadas del reparto de la ayuda humanitaria no deben discriminar a las mujeres por su género o estado civil.
Las personas que participan en las iniciativas de ayuda humanitaria y reconstrucción deben asegurarse de incorporar a su trabajo la prevención de todas las formas de violencia de género, especialmente la violencia sexual. Las sobrevivientes de esta violencia deben recibir apoyo médico y psicosocial adecuados.
Derechos de las personas LGBTI
En Turquía, las personas LGBTI sufren hostigamiento, agresiones físicas y otros abusos contra los derechos humanos desde hace muchos años. Después de los terremotos, muchas se han abstenido de intentar acceder a refugios, asistencia médica u otra ayuda por miedo a represalias y otras preocupaciones relacionadas con su seguridad.
Las autoridades estatales y el voluntariado civil han dado prioridad a las familias “tradicionales” en la provisión de transporte para acceder a servicios y ayuda humanitaria.
Amnistía Internacional está dando seguimiento a los informes sobre agresiones físicas a miembros de la comunidad LGBTI y sobre su acceso a los derechos económicos y sociales, como tener empleo y una vivienda adecuada. Las autoridades turcas deben abstenerse de discriminar a las personas LGBTI en la provisión de ayuda humanitaria, renunciar a discursos o medidas que ataquen o utilicen como chivo expiatorio a las personas LGBTI, y obligar a rendir cuentas a toda persona que discrimine, promueva el discurso de odio o ataque físicamente a miembros de la comunidad LGBTI.
Inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad
Se ha reconocido que las personas mayores y las personas con discapacidad están entre los grupos más marginados durante una crisis. Los programas de respuesta humanitaria suelen tener deficiencias que las afectan, incluidas barreras importantes en la igualdad de acceso a sus derechos y exclusión de la participación y representación significativas en la toma de decisiones. Las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad a menudo se enfrentan a una combinación de riesgos de exclusión.
Los esfuerzos de ayuda humanitaria deben garantizar que las infraestructuras en los lugares de desplazamiento —como refugios, letrinas y dispensadores de agua— son accesibles para las personas mayores y las personas con movilidad reducida.
Las entidades implicadas en la distribución de la ayuda humanitaria, ya sean raciones de comida o dinero en efectivo, deben asegurarse de que esta llega igualmente a las personas mayores y las personas con discapacidad, y de que estas iniciativas no son centralizadas.
Los servicios de atención de la salud tampoco deben ser exclusivamente centralizados, y deben garantizar a las personas mayores y personas con discapacidad el acceso a medicación y a servicios de derivación y seguimiento, así como a dispositivos de asistencia y prótesis. Cuando las personas mayores y las personas con discapacidad no puedan acceder a la ayuda humanitaria, deberán adoptarse medidas especiales para garantizar que les llega esa ayuda, ya sea en forma de raciones de comida, dinero en efectivo o asistencia médica.
Empresas y derechos humanos
Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y deben evitar participar en actividades u operaciones que causen daños a terceras personas. En este contexto, es oportuno que las autoridades investiguen el papel de las empresas en la catástrofe, por ejemplo al incumplir la normativa sobre construcción y seguridad de edificios.
En Turquía, el Ministerio de Justicia anunció la detención de más de 100 empresarios de la construcción por infracciones de la ley de edificación y otra normativa. Además, el Ministerio anunció el establecimiento de oficinas de investigación de los delitos relacionados con los terremotos “para identificar a empresarios de la construcción y otras personas responsables de las obras de construcción, recopilar pruebas, dar instrucciones a especialistas como arquitectos, geólogos e ingenieros, y comprobar los permisos de construcción y ocupación”.
Sin embargo, poner el foco en las empresas constructoras y sus responsables no debería servir a las autoridades para eludir la responsabilidad del propio Estado, incluso ante los tribunales, por la mala calidad de las construcciones que no soportaron la fuerza de los terremotos por defectos estructurales.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de brindar protección frente a los abusos contra los derechos humanos cometidos en su territorio por terceras partes, incluidas empresas. Las autoridades turcas han sido criticadas por las amnistías generalizadas sobre edificios construidos sin respetar la estricta normativa de edificación. En una respuesta por escrito con fecha de diciembre de 2022 a una pregunta parlamentaria formulada por la oposición en octubre de 2022, el ministro de Medioambiente, Urbanismo y Cambio Climático, Murat Kurum, afirmó que la amnistía más reciente se había concedido en 2018, con la expedición de más de tres millones de documentos de registro de edificios.
El Estado es responsable de regular la industria de la construcción y debe erradicar la corrupción de ella y obligar a rendir cuentas a quienes infringen esa regulación.
Operaciones militares
Han continuado los informes sobre ataques en zonas del norte de Alepo y noroeste de Siria después de los terremotos.
Todas las partes, incluidos los gobiernos sirio y turco, y los grupos armados de oposición, deben cesar de inmediato sus ataques contra civiles e infraestructuras civiles, así como todos los ataques indiscriminados en la región.
NOTA: Los desafíos en materia de los derechos humanos en Turquía y Siria que se exponen aquí se basan en el trabajo de Amnistía sobre desastres naturales en el pasado, incluido el catastrófico terremoto de 2010 en Haití, y en las directrices sobre buenas prácticas de protección de los derechos humanos en tales situaciones de crisis.