Creo que hasta al día de hoy seguimos luchando por ser escuchadas. Seguimos tratando de que el Estado de México genere condiciones para nosotras las mujeres.

Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel

Todo ello sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención no son anecdóticas del norte de México, sino que forman parte de una realidad más amplia del país. Así, las deficiencias en las investigaciones penales observadas en Ciudad Juárez hace ya más de 20 años siguen ocurriendo hoy día en otras partes de México. De este modo, el Estado mexicano persiste en su omisión del deber de investigar y, por lo tanto, de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal de las víctimas, y de su deber de prevenir la violencia contra las mujeres.

Se necesita un personal más sensible que se ponga realmente en nuestros zapatos para poder realizar todas estas diligencias que están a petición de las familias.

Ana Sosa, hija de Julia Sosa Conde

El Estado mexicano persiste en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias de víctimas de feminicidio y desaparición, el deber de no discriminación, y el derecho a la integridad personal por los sufrimientos y por los actos de hostigamiento que padecen las familias.

Las investigaciones hechas por las autoridades sobre estos feminicidios son deficientes porque:

● Pierden evidencias y no examinan las diferentes líneas de investigación.

● No aplican la perspectiva de género como lo establecen los protocolos para investigar muertes violentas de mujeres.

● Su inacción obliga a las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio a invertir tiempo y dinero en labores de investigación que le corresponden al Estado y en presionar a las autoridades para que cumplan con su deber.

Esto afecta gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición.

Los casos documentados son: Nadia Muciño Márquez, desaparecida y asesinada en el 2004; el de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015, actualmente en paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; el caso de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, y el caso de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

Las madres, hijas y familiares de las víctimas siguen en la búsqueda de justicia.

Por medio de esta campaña hacemos un llamado a las autoridades para que:

● Reconozcan por medio de un posicionamiento público las deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

● Que destinen los recursos necesarios para la atención de delitos de violencia de género en el Estado de México y para que las personas servidoras públicas que realizan esa labor, puedan hacerlo de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.

● Que investiguen aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas, e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.

● Que garanticen a las madres, hijas, hijos y familiares de las víctimas de feminicidio, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición.