En sólo dos años y por primera vez en la historia del principal campeonato mundial de fútbol, arrancará en Oriente Medio la Copa Mundial de la FIFA. Qatar 2022 será un acontecimiento histórico y muy emocionante para el mundo del fútbol y para la propia región.

Sin los dos millones de personas migrantes que trabajan allí, sería imposible celebrar la Copa Mundial de 2022 en Qatar. Hombres y mujeres procedentes en su mayor parte de África y Asia construyen los estadios, las carreteras y el metro, y serán también quienes se ocupen de la seguridad en los partidos de fútbol, lleven a la afición en taxi a los estadios, la reciban en los hoteles y la atiendan en los restaurantes a medida que el campeonato se vaya acercando.

© Amnesty International. Diseño de Colin Foo.

Pero en los 10 años transcurridos desde que se concedió a Qatar el derecho a acoger la Copa Mundial, la explotación y los abusos cometidos contra estos trabajadores y trabajadoras ha sido un fenómeno generalizado, que los ha dejado expuestos a sufrir trabajo forzoso, impago de salarios y exceso de horas de trabajo.

Tras años de presión internacional creciente, en 2017 el gobierno de Qatar firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que prometió abordar la explotación laboral generalizada y alinear sus leyes y prácticas con las normas laborales internacionales  y con el llevó un rayo de esperanza a quienes tanto aportan al país y a su sueño de organizar la Copa Mundial.

Pero cuando quedan sólo 730 días para empezar, ¿se ajustan las promesas de reforma laboral de Qatar a la realidad que afrontan los trabajadores y trabajadoras migrantes de que los que tanto depende el país?

Abusos arraigados contra la población trabajadora migrante de Qatar

En la base de los abusos que sufre la población trabajadora migrante está el sistema de patrocinio laboral de Qatar conocido como kafala, que vincula legalmente a los trabajadores y trabajadoras extranjeros con sus entidades empleadoras. A lo largo de los últimos 10 años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han mostrado cómo este sistema –que hasta hace poco impedía a los trabajadores y trabajadoras cambiar de empleo, e incluso salir del país sin permiso de la entidad empleadora– mantiene a la población migrante atrapada en una espiral de abusos.

Unos nepalíes esperan a la entrada de la Oficina de Empleo del Aeropuerto Internacional Tribhuvan de la capital de Nepal, Katmandú. Muchos serán trabajadores migrantes potenciales con destino al Golfo.

Otros factores que están vinculados a los abusos contra la población trabajadora migrante pero no se abordan directamente en los recientes cambios legislativos son la elevada deuda de los trabajadores y trabajadoras, causada por prácticas de contratación ilegales y poco éticas; el impago del salario y la tardanza en pagarlo; los obstáculos para conseguir que se haga justicia cuando se violan derechos; la prohibición de los sindicatos, y la falta de medidas para hacer cumplir la legislación laboral y sancionar a las entidades empleadoras que cometen abusos contra sus trabajadores y trabajadoras.

Al margen del protagonismo de la Copa Mundial y Qatar, están las trabajadoras domésticas del país, que continúan sufriendo abusos graves y generalizados a manos de las entidades empleadoras y corren el riesgo de verse relegadas en las reformas.

La promesa de reforma

Tras años de promesas pero limitadas acciones, en noviembre de 2017 Qatar firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha generado mucho optimismo. La OIT tiene ya una oficina en Qatar y colabora con las autoridades en un proceso de reformas de gran alcance, que tiene cinco líneas de trabajo: reforma del sistema de patrocinio, acceso a la justicia, voz de los trabajadores y trabajadoras, salud y seguridad, y pago y contratación.

Desde 2017, el gobierno ha aprobado varias medidas legislativas nuevas con objeto de mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes, entre ellas la promulgación de una ley sobre las trabajadoras domésticas, el establecimiento de nuevos comités de resolución de conflictos laborales y la creación de un fondo de seguros y ayuda a los trabajadores y trabajadoras. También ha ratificado dos importantes tratados internacionales de derechos humanos, si bien indicando que no cumplirá con algunas de sus obligaciones clave, como respetar el derecho de la población trabajadora a fundar sindicatos. En 2018, Qatar eximió del requisito del “permiso de salida” a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, por lo que los que pueden acogerse a esta disposición deberían poder ahora abandonar el país sin el permiso de su entidad empleadora. En ese momento, las trabajadoras domésticas quedaron excluidas de esta reforma, pero al final de 2019 se abolió también para ellas el permiso de salida.

En 2020, Qatar ha hecho nuevos e importantes avances, como anular el requisito del “certificado de objeción”, gracias a lo cual todos los trabajadores y trabajadoras deberían poder ahora cambiar de empleo sin el permiso de su entidad empleadora, e introducir, en agosto, un nuevo salario mínimo obligatorio.

Vista general de las obras de construcción del estadio de Lusail, 10 de diciembre de 2019, Doha, Qatar.

La Historia debería interpretar estas reformas legislativas con mucha cautela y tener en cuenta que, por sí solas, no se traducen automáticamente en un impacto real para la población trabajadora, sino que, para llevarlas a la práctica, es preciso hacer mucho más aún.

Actualmente, para muchos trabajadores y trabajadoras migrantes de Qatar la realidad sigue siendo muy difícil, y no dejará de serlo hasta que se complete el proceso de reforma, se aplique mucho mejor en la práctica y se haga cumplir de manera efectiva. El gobierno debe tomar también más medidas para garantizar la protección de todos los trabajadores y trabajadoras, porque, aunque los últimos cambios legales hagan que resulte más fácil escapar de situaciones abusivas, es poco probable que pongan fin a los abusos en sí.

PERSISTENCIA DE LA DEPENDENCIA DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS Y MEDIDAS DE REPRESALIA

A pesar de las importantes reformas del sistema de patrocinio conocido como kafala, los trabajadores y trabajadoras migrantes de Qatar están todavía atados a sus entidades empleadoras, que pasan a ser su “patrocinador” (kafeel) oficial desde el momento en que entran en el país y durante todo su contrato. No pueden solicitar ni renovar el permiso de residencia, sino que es el patrocinador el que se encarga de hacerlo. Sin embargo, si el patrocinador no renueva el permiso, es al trabajador o trabajadora a quien se sanciona.

 

Acabada la jornada de trabajo, unos trabajadores migrantes descansan en los dormitorios de un campo de trabajo de la zona industrial de Doha. © Sam Tarling

De hecho, las entidades empleadoras continúan teniendo legalmente derecho a anular el permiso de residencia de los trabajadores y trabajadoras migrantes o a presentar cargos de“fuga” contra ellos sin dejan el empleo sin permiso. Los trabajadores y trabajadoras migrantes pierden entonces su derecho a permanecer en Qatar y se exponen, por tanto, a ser detenidos y deportados. Este sistema perpetúa el desequilibrio de poder en favor de las entidades empleadoras y aumenta el riesgo de sufrir abusos en el trabajo. Además, parece que la confiscación del pasaporte sigue siendo práctica generalizada, particularmente en el caso de las 173.000 trabajadoras domésticas del país, y puede menoscabar las recientes reformas. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras sin pasaporte tienen problemas para salir del país o para cambiar de empleo incluso si pueden ya hacerlo sin el permiso de su entidad empleadora.

ROBO DEL SALARIO

La introducción en Qatar, en 2015, de un sistema de protección salarial que obliga a las empresas a pagar a sus trabajadores y trabajadoras por medios electrónicos permite al gobierno vigilar los pagos, detectar irregularidades e intervenir para evitar el robo de salarios. No obstante, el sistema sigue siendo ineficaz, y miles de trabajadores y trabajadoras tienen todavía problemas de impago o pago atrasado del salario. Como es frecuente que tengan que pedir préstamos con elevados intereses para pagar costosas e ilegales tarifas de contratación, tales demoras pueden ser desastrosas para ellos, sobre todo si no sólo tienen que mantenerse ellos, sino también a sus familias en sus países de origen. En centenares de casos, los nuevos comités de resolución de conflictos laborales del gobierno tardan todavía muchos meses en tramitar las denuncias, e incluso cabe la posibilidad de que no garanticen el pago porque las empresas no pueden o no están dispuestas a pagar. Debido a ello, muchos trabajadores y trabajadoras han tenido que regresar a casa sin haber cobrado absolutamente nada.

Un trabajador, cuya empresa llevaba meses seguidos sin pagarle entre 2019 y 2020, dijo a Amnistía Internacional que su hijo no iba ya al colegio porque no podía pagarlo:

No sabemos qué hacer. No tenemos permiso de residencia, estamos aquí en situación ilegal. Nuestro empleador puede escaparse en cualquier momento; no es ciudadano qatarí. Va a hacer siete meses que no cobramos el salario. Yo, personalmente, estoy bien, pero ¿qué pasa con mis hijos? Ahora, mi hijo mayor está en casa; no puede ir al colegio.

Daniel

Todo es trabajo, no nos pagan

En marzo de 2018, Qatar estableció los Comités de Resolución de Conflictos Laborales para sustituir a los ineficaces tribunales laborales. Los comités eran uno de los aspectos más esperanzadores de las reformas laborales, pues prometían atender las denuncias de los trabajadores y trabajadoras y comunicarles una decisión de obligado cumplimiento en menos de seis semanas.

Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional –centrada en 2.000 trabajadores y trabajadoras de tres empresas– ha determinado que Qatar sigue sin proporcionar a la población trabajadora acceso adecuado a la justicia. Los nuevos comités están desbordados: demasiados casos y muy pocos jueces, por lo que los trabajadores y trabajadoras tienen que esperar meses para que se tramiten sus denuncias. Cuando la decisión es favorable, la falta de medios para hacerla cumplir hace que, a menudo, las empresas no paguen la indemnización, lo que obliga a los trabajadores y trabajadoras a continuar batallando en los tribunales civiles para intentar recuperar su dinero. Abandonados por sus empresas, sin cobrar durente meses, muchos no encuentran más opción que regresar a casa con los bolsillos vacíos.

Si Qatar quiere cambiar este estado de cosas y cumplir con su compromiso de mejorar el acceso a la justicia, tiene que tomar medidas a fin de aumentar rápidamente la capacidad de los comités para tramitar los casos y hacer rendir cuentas a quienes hayan cometido infracciones, y garantizar que se implementa automáticamente el Fondo de Seguros y Ayuda a los Trabajadores y se pone a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras cuyas empresas no pagan.

Comités de Resolución de Conflictos Laborales: los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen teniendo que batallar por la justicia

Trabajadoras domésticas

En agosto de 2017, Qatar promulgó la Ley de las Trabajadoras Domésticas. Prometía limitar la jornada de trabajo de las más de 173.000 personas empleadas actualmente en el sector doméstico en Qatar y garantizarles tiempo de descanso, un día libre pagado a la semana y otras medidas de protección.

Una trabajadora doméstica cuida de una niña en Doha, Qatar. © Joerg Boethling/Alamy Stock Photo

Sin embargo, tres años más tarde, las trabajadoras domésticas continúan soportando las condiciones de trabajo más espantosas y, en muchos casos, terribles abusos, incluidos graves delitos de agresión física y sexual.

En el curso de la investigación, 90 de las 105 trabajadoras domésticas con que Amnistía Internacional contactó, dijeron que normalmente trabajaban más de 14 horas al día, y 89 explicaron que solían trabajar los siete días de la semanas. La mitad de las mujeres trabajaban más de 18 horas al día, y la mayoría no habían tenido nunca un día libre. Algunas dijeron también que no les pagaban bien, mientras que 40 contaron que las insultaban, abofeteaban o escupían. Una de ellas afirmó que la trataban “como a un perro”.

Situación laboral

Se supone que, además de beneficiarse de las reformas de ámbito nacional, alrededor de 20.000 trabajadores y trabajadoras empleados en proyectos supervisados por el Comité Supremo de Gestión y Patrimonio están acogidos también a normas laborales y medidas de protección más estrictas gracias a la introducción de las Normas para la Protección de los Trabajadores en 2014. Estas disposiciones, que están incluidas en los contratos otorgados a las empresas que trabajan en las obras de la Copa Mundial, abarcan cuestiones como contratación ética, pago puntual de salarios y prohibición absoluta del trabajo forzoso.

Las Normas han mejorado las condiciones de trabajo y de vida, pero no se respetan en todos los casos. Una auditoría reciente indica que hay problemas contantes de cumplimiento entre los contratistas. Por ejemplo, en la auditoría se expresa preocupación por las condiciones laborales de quienes trabajan para contratistas que se ocupan de la seguridad, concretamente en relación con las horas de trabajo y los días de descanso.

En junio de 2020, Amnistía Internacional reveló que alrededor de 100 empleados de Qatar Meta Coats, empresa de diseño y construcción subcontratada para trabajar en el estadio de Al Bayt, llevaban hasta siete meses sin cobrar y que les debían entre 8.000 y más de 60.000 riyales qataríes (2.200 y 16.500 dólares estadounidenses, respectivamente) en salarios y prestaciones. La empresa no les había renovado tampoco el permiso de residencia, por lo que estaban expuestos a ser detenidos y deportados. Muchos de sus empleados habían pagado tarifas de hasta 2.000 dólares estadounidense a los agentes de contratación en sus países de origen, y la empresa no estaba dispuesta a reembolsárselas.

La FIFA

La FIFA manifestó que no se había enterado de lo que ocurría en Qatar Meta Coats hasta mayo de 2020, cuando Amnistía Internacional informó al Comité Supremo. Añadió que no se la “informaba habitualmente” de todos los casos que requieren reparación. En cambio, parece que confía en sus socios, incluido el Comité Supremo, y sus sistemas para proteger los derechos de quienes trabajan en las obras de la Copa Mundial.  El hecho de que la FIFA no haya conocido la difícil situación de los trabajadores de una de las obras durante tanto tiempo demuestra que sigue sin tomarse lo bastante en serio los abusos contra los derechos humanos ligados a la Copa Mundial.

¿QUÉ DEBE HACER QATAR?

A sólo dos años del comienzo de la Copa Mundial y tres años después de la firma del acuerdo con la OIT, es esencial que las autoridades qataríes aceleren sus esfuerzos por transformar realmente la protección prestada a la población trabajadora migrante.

Con el apoyo de la OIT y el estímulo de sus socios, el gobierno de Qatar debe:

  • implementar y hacer cumplir de manera efectiva las recientes reformas, a la vez que adopta nuevas medidas;
  • reforzar los mecanismos de inspección a fin de detectar y poner fin rápidamente a los abusos;
  • garantizar el pago de salarios dignos y abordar la deuda de los trabajadores y trabajadoras;
  • mejorar la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para acceder a la justicia y garantizar que se hace rendir cuentas a las entidades empleadoras responsables de abusos;
  • brindar mayor protección a las trabajadoras domésticas migrantes; y
  • promover la voz de la población trabajadora migrante y respetar su derecho a fundar sindicatos.

Unos trabajadores de la construcción posan para una foto a la entrada de la obra en Pearl, cadena de islas artificiales construida frente al litoral septentrional de Doha. © Sam Tarling

¿Qué deben hacer la FIFA y las empresas que trabajan en Qatar?

Las responsabilidades y las soluciones no corresponden solamente al gobierno qatarí. Los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos establecen claramente que las empresas deben, como mínimo, respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esta obligación supone adoptar medidas adecuadas para prevenir, mitigar y, cuando sea necesario, reparar los abusos contra los derechos humanos relacionados con sus operaciones. En ninguna circunstancia deben las empresas aprovechar las deficiencias del sistema laboral de Qatar para explotar a los trabajadores y trabajadoras.

En el caso de entidades como la FIFA, tal obligación supone asumir en todo momento la responsabilidad de prevenir los abusos y abordar los que se cometan como consecuencia de sus actividades relativas a la Copa Mundial. De acuerdo con su propia política de derechos humanos, la FIFA debe no sólo garantizar el respeto de los derechos laborales en la construcción de los estadios de la Copa Mundial, sino también utilizar su influencia para garantizar el respeto de los derechos en los proyectos en general de infraestructura necesarios para la celebración de la Copa Mundial 2022. Entre ellos figurarían, por ejemplo, los sistemas de refrigeración y los recintos de alojamiento indicados en el caso de Mercury MENA, los proyectos de transporte clave y el sector hostelero.

Iniciada ya la cuenta atrás, la FIFA debe intentar proactivamente influir en las autoridades qataríes para que cumplan plena y rápidamente sus promesas de reforma, a fin de que la protección de toda la población trabajadora migrante sea una legado positivo y duradero de la Copa Mundial 2022.

Otras partes interesadas, incluidos gobiernos, federaciones nacionales de fútbol y patrocinadores, también pueden unir sus voces y desempeñar una influyente función en este decisivo momento.

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