Jean-Claude Roger Mbede murió prematuramente el 10 de enero en su localidad de residencia, Ngoumou, Camerún.
Según la información publicada en los medios de comunicación, su familia le impidió recibir el tratamiento médico que necesitaba y le dejó luchar por su vida mientras sus abogados luchaban en los tribunales para apelar contra su condena previa por “homosexualidad”.
Los activistas de derechos humanos del mundo entero recibieron con conmoción y tristeza la noticia de la muerte de Jean-Claude. Amnistía Internacional llevaba varios años haciendo campaña en su favor, y anteriormente lo había adoptado como preso de conciencia. Durante ese tiempo, este activista de 34 años y de enorme sonrisa trabó amistad con muchas personas de la organización.
Jean-Claude era una de las muchas personas que han sido detenidas y condenadas en Camerún en virtud de leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Fue detenido en marzo de 2011 tras enviar a un hombre un texto en el que le decía que estaba enamorado de él.
Posteriormente fue declarado culpable de “homosexualidad e intento de homosexualidad” y fue condenado a tres años de prisión. Durante su estancia en la cárcel, sufrió malnutrición y palizas constantes. Aunque el 16 de julio de 2012 le concedieron la libertad provisional mientras su abogado apelaba en su favor, el Tribunal de Apelación de Yaundé confirmó posteriormente su condena. Jean-Claude, temiendo ser detenido de nuevo y obligado a cumplir el resto de su pena, decidió esconderse.
Por desgracia, pese a la apelación judicial en curso y el activismo internacional en su favor, Jean-Claude se fue a la tumba como un proscrito, cuyo único “delito” fue expresar su amor.
Convertir el amor en delito
El duro trato infligido por las autoridades de Camerún a las personas LGBTI como Jean-Claude, y la cruel indiferencia de su sociedad hacia su sufrimiento –e incluso su muerte–, ilustran un problema más amplio que se está dando de manera creciente en muchos países africanos hoy día.
Las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo —calificadas a menudo de “actos carnales antinaturales” o “actos contra natura”— constituyen actualmente un delito en 31 países del África subsahariana, así como en todo el norte de África. En cuatro países de la región, se castigan con la pena de muerte.
El pasado mes de junio, Amnistía Internacional publicó un informe sobre los crecientes índices de homofobia en la región. El informe, titulado Making Love a Crime: Criminalization of same-sex conduct in sub-Saharan Africa, examina la manera en que los “actos homosexuales” se están criminalizando cada vez más en África mientras una serie de gobiernos trata de imponer penas más severas o ampliar el ámbito de las leyes existentes, llegando incluso a intentar introducir la pena de muerte.
Además de la trágica muerte de Jean-Claude, los acontecimientos recientes en otros países han mostrado el deterioro que la situación ha sufrido desde entonces.
La draconiana ley de Nigeria
El lunes, los activistas LGBTI de Nigeria vieron cómo sus peores temores se confirmaban cuando se firmó la entrada en vigor de la draconiana Ley de Prohibición del Matrimonio Homosexual. Aunque la legislación nigeriana ya castigaba el “conocimiento carnal contra natura” con una pena de hasta 14 años de prisión, y algunos estados del norte del país establecían la pena de muerte en virtud de la sharia (ley islámica), la nueva legislación, sumamente opresiva, pisotea las libertades más fundamentales. Con una simple firma, el presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley que no sólo criminaliza el “matrimonio entre personas del mismo sexo” –definido muy ampliamente para incluir prácticamente todas las formas de cohabitación entre personas del mismo sexo–, sino también las actividades de muchas entidades y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Según la ley, todo el que “apoye la inscripción, el funcionamiento y el sostenimiento de clubes, sociedades, organizaciones, desfiles o reuniones gays” podría enfrentarse a 10 años de prisión.
Esto ha convertido básicamente a Nigeria en una de las sociedades menos tolerantes del mundo.
El martes, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, criticó la ley en una declaración, en la que dijo: “Pocas veces he visto una legislación que, en tan pocos párrafos, viole directamente tantos derechos fundamentales y universales. El derecho a la privacidad y a no sufrir discriminación, el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, el derecho a no sufrir detención y reclusión arbitrarias: esta ley los menoscaba todos ellos”.
Desde que entró en vigor, la policía de varios estados nigerianos ha practicado decenas de detenciones en virtud de esta ley, y al menos 12 personas permanecen detenidas, según la información disponible. Unos defensores de los derechos humanos han dicho a Amnistía Internacional que la policía de al menos un estado ha elaborado una lista de 167 personas que pueden ser detenidas por su presunta orientación sexual o identidad de género. Los activistas LGBTI han declarado que a muchas de las personas que se encuentran detenidas se les está negando el acceso a abogados y a otro tipo de asistencia.
La organización ha pedido que cese esta caza de brujas y que las autoridades nigerianas deroguen esta ley discriminatoria.
La tormenta que se aproxima en Uganda
Mientras tanto, en Uganda, las personas LGBTI y los activistas de derechos humanos siguen haciendo campaña contra el represivo proyecto de ley contra la homosexualidad del país. El 20 de diciembre de 2013, ese proyecto de ley –presentado por primera vez en 2009– fue aprobado por el Parlamento en una votación sorpresa.
El texto completo del proyecto de ley, tal como se ha aprobado, aún no se ha hecho público; no obstante, la aprobación constituye una seria agresión a los derechos humanos, pues incrementa espectacularmente las sanciones penales para la actividad sexual de mutuo acuerdo entre adultos del mismo sexo. Al igual que su ley homóloga de Nigeria, además de violar el derecho a la privacidad, la vida familiar y la igualdad, este proyecto de ley amenaza la libertad de asociación y expresión, derechos todos ellos protegidos por la legislación ugandesa y el derecho internacional de los derechos humanos.
Otras inquietantes disposiciones del proyecto de ley eran la criminalización de la “promoción” de la homosexualidad, los análisis obligatorios de VIH en determinadas circunstancias, y la imposición de cadena perpetua para la “homosexualidad con agravantes” o por contraer matrimonio con una persona del mismo sexo.
El efecto dominó de la aprobación de este proyecto de ley irá mucho más allá de las personas LGBTI en Uganda, e impedirá la labor legítima de la sociedad civil, los profesionales de la salud pública y los dirigentes comunitarios.
El presidente ugandés Yoweri Museveni tiene poder para poner fin a esta legislación ampliamente discriminatoria. Amnistía Internacional está llevando a cabo una campaña global para instarle a vetar el proyecto de ley en su totalidad y reafirmar el compromiso de Uganda de respetar y defender los derechos humanos.
Luchando contra la marea creciente del odio
Aunque no están relacionadas directamente entre sí, estas recientes novedades de Camerún, Nigeria y Uganda ponen de relieve la situación a la que se enfrentan hoy día las personas LGBTI y los activistas en muchas partes de África.
Sin embargo, a lo largo del continente, un número elevado y creciente de activistas y organizaciones sigue haciendo frente a estas leyes y luchando por los derechos humanos de las personas LGBTI.
Amnistía Internacional sigue uniéndose a ellos en la lucha para asegurar que nadie sufre acoso, prisión, o incluso la muerte, sólo por ser quién es o por amar a quien ama.