Vivir sin seguridad en la mayor favela de Rio

De Salil Shetty

Por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Uno de los diversos líderes comunitarios con que me he reunido hoy lo ha explicado perfectamente: “La impunidad es la causa de toda la violencia”. He estado oyendo a gente de Maré hablar de cómo es su vida en la mayor favela de Rio de Janerio. Hablaban de comunidades interrelacionadas que llevan establecidas en Rio tanto como sus hermanas famosas: Copacabana, Ipanema y Leblon.

Pero las suyas no eran historias de playas maravillosas, célebres clubs de baile y glamurosos bares y restaurantes. Trataban de brasileños de clase obrera que intentan sobrevivir a la doble amenaza de la violencia a manos de delincuentes y la indiferencia o violencia policiales. Uno de los problemas mencionados era la falta de electricidad, agua, saneamiento, buenos colegios y centros de salud. Pero incluso cuando explicaban la ausencia de medidas del gobierno para garantizar estos servicios esenciales, la conversación no hacia más que volver a la cuestión de la seguridad.

Las favelas como Maré tienen índices muy altos de violencia. Anteriormente, este hecho suponía que la policía y parte del gobierno dejaba en gran medida abandonada a la gente que vivía en las favelas. Explicaban que había demasiada violencia y no podían trabajar allí.

La situación está cambiando, pero al oír a la gente de Maré hablar de que lo que no va a tardar en ocurrir en sus comunidades, su temor es palpable. Estimulada en parte por la función que va a desempeñar Rio acogiendo los Mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos, la policía ha emprendido un programa de “pacificación”.

Amnistía Internacional visita una favela en Rio de Janeiro, Brasil. ©AF Rodrigues ©AF Rodrigues

El problema es el historial de la policía, que trata a los habitantes de las favelas como si fueran todos delincuentes. Son demasiadas las muertes ocurridas en favelas – en especial de jóvenes, hombres negros y niños– que parecen obra de la policía.

A finales de junio, una manifestación pacífica puso, como de costumbre, a la población de Maré en apuros: atacada por bandas criminales al manifestarse y atrapada en el fuego cruzado de la policía, que utilizó medios mortales. Se saldó con el homicidio de 10 personas, incluido un agente de policía.

Volvemos así a lo planteado por el líder comunitario en nuestra reunión: raras veces se realizan investigaciones adecuadas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. Se hace prácticamente caso omiso de denuncias creíbles de participación de la policía en numerosas ejecuciones extrajudiciales, y los testigos tienen demasiado miedo para declarar.

Los trabajadores habitantes de Maré merecen tener sensación de seguridad en su vida, sea porque saben que pueden ir caminando a la tienda a comprar una barra de pan sin que los maten o porque que sus hijos pueden ir a la escuela y recibir la debida educación o se recoge la basura y se mantienen las calles en buen estado.

Actualmente viven sin seguridad. Las bandas criminales continúan arruinado la vida a los habitantes de la favela. El gobierno incumple con su obligación de prestar servicios básicos. Y lo peor de todo es que la policía, en vez de ser garante de seguridad, hace temblar de miedo a los habitantes de Maré.

En el marco de sus intervenciones intermitentes, la policía realiza registros arbitrarios sin causa alguna. Irrumpe de manera habitual en las viviendas sin orden de registro, destruye lo que no quiere, confisca lo que pueda ser de valor y, con demasiada frecuencia, amenaza o golpea a sus moradores. La gente se da por contenta cuando la única consecuencia de estos “allanamientos” es una puerta rota, muebles destrozados y el robo de bienes.

Este concepto de “seguridad” que se viene aplicando en todo el programa de “pacificación” tiene graves fallos. La policía “categoriza” prácticamente a todos los habitantes de las favelas como delincuentes de hecho. Si alguien cuestiona la actuación de la policía, su actitud se toma como prueba de que son delincuentes, y lo normal es que dé lugar a un enfrentamiento que, en demasiados casos, se cobra vidas de hombres jóvenes.

Aunque ha sido horrible oír contar estas cosas en mi primer día de este viaje a Brasil, hay también motivos para la esperanza. La reunión con líderes y miembros de la comunidad la organizaron Redes de Maré y el Observatório das Favelas, que trabajan en estrecha colaboración con la oficina de Amnistía Internacional en Brasil en una campaña dirigida a empoderar a los habitantes de la favela para cuestionar la actuación de la policía y reclamar sus derechos.

Hay dos aspectos de esta campaña que están resultando tener una importancia decisiva. El primero es la necesidad de garantizar que los habitantes de Maré sepan cuáles son sus derechos cuando los paran en la calle o la policía va a registrar sus casas. Saber que la policía debe presentar una orden de registro hace que a la gente le resulte más fácil hacer valer sus derechos.

El segundo, más decisivo aún, son las conversaciones que mantenemos con la policía para conseguir que reconozca que cuando alguien conoce y hace valer su derechos lo que hace es reclamar los derechos de ciudadanía no actuar como un delincuente.

Se están haciendo avances, por son lentos. La policía rompe las pegatinas que se adhieren a puertas y ventanas para indicarle que, antes de entrar en la vivienda, compruebe que el registro es legal. Y sigue habiendo miedo al programa de pacificación previsto, en el marco del cual se llevarán tanques a las calles de Maré.

No obstante, los habitantes de las favelas, reforzados por el conocimiento de sus derechos y más capacitados para hablar con los funcionarios del Estado, incluida la policía, están consiguiendo que poco a poco se cuestione la idea de que todas las personas que viven en asentamientos marginales son delincuentes. La policía está empezando a reconocer que sus operaciones –legítimas o no, y basadas en una apreciación generalizada de las personas que viven en la pobreza– ha exacerbado, no reducido, la violencia en la favelas.

La asociación entre Amnistía Internacional y las dos organizaciones basadas en la comunidad lo ha hecho posible. La población de Maré confía en Redes de Maré y el Observatório das Favelas porque son de la comunidad. Está aprendiendo a confiar en Amnistía Internacional, porque estamos utilizando nuestra influencia para llevar a las autoridades del gobierno y la policía a la mesa de diálogo, para que escuchen directamente a los habitantes de Maré, que son los más afectados por la delincuencia violenta y el mantenimiento del orden con violencia.