Las autoridades tunecinas han aumentado su represión del derecho a la libertad de expresión y de asociación antes de las elecciones presidenciales del 6 de octubre de 2024, intensificando su acoso a miembros de la oposición política, restringiendo el trabajo de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y ONG, y tomando medidas para socavar aún más la independencia judicial; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
En la última escalada, al menos 97 miembros del grupo opositor Ennahda fueron arrestados entre los días 12 y 13 de septiembre, privados de acceso a representación letrada durante 48 horas y llevados ante la brigada antiterrorista para ser interrogados. Están siendo investigados por conspiración y otros cargos en aplicación de la ley antiterrorista.
Las autoridades han seguido deteniendo arbitrariamente a figuras políticas de la oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos, relegando a candidatos presidenciales y haciendo caso omiso de las decisiones de los tribunales administrativos de rehabilitar a candidatos presidenciales, al tiempo que el sistema de justicia penal se ha convertido en arma para silenciar la disidencia pacífica.
“Las autoridades tunecinas están llevando a cabo un claro ataque preelectoral contra los pilares de los derechos humanos y el Estado de derecho al no respetar las obligaciones internacionales de derechos humanos de Túnez y socavar los principios fundamentales de justicia e imparcialidad. Deben poner fin a este atroz retroceso de los derechos humanos y garantizar que se respetan los derechos de todas las personas en el país antes, durante y después de las próximas elecciones”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Como primer paso, las autoridades tunecinas deben poner en libertad inmediata e incondicional a las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica, incluidos los miembros del partido Ennahda y defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados. Deben permitir que los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil desempeñen libremente sus actividades legítimas sin temor a represalias y poner fin a toda injerencia en el poder judicial.”
Debilitamiento del poder judicial y el Estado de derecho
La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), organismo responsable de organizar las elecciones desde 2011 pero cuyos miembros son elegidos directamente por el presidente Kais Saied desde 2022, sólo aprobó tres candidaturas para las elecciones presidenciales, entre ellas la del propio titular, Kais Saied. Varias de las personas cuya candidatura no fue aprobada impugnaron la decisión ante el tribunal administrativo, que tiene competencia exclusiva sobre las disputas relacionadas con las candidaturas electorales. Tres de ellas, Imed Daimi, Mondher Znaidi y Abdellatif Al Mekki, todos candidatos de la oposición, ganaron su apelación y el tribunal resolvió restituirles la condición de candidatos. Sin embargo, el 1 de septiembre, la ISIE rechazó la sentencia judicial vinculante y se negó a aplicarla.
La decisión de la ISIE de ignorar la sentencia judicial fue ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y juristas porque socava la independencia del poder judicial y el Estado de derecho.
Acoso a miembros de la oposición política
El 1 de septiembre, las autoridades tunecinas arrestaron a Ayachi Zammel, uno de los candidatos aprobados inicialmente por la ISIE, y lo acusaron de “hacer donaciones para influir en los votantes” en aplicación del artículo 161 de la Ley Electoral a raíz de denuncias de que había pagado por obtener avales para su candidatura. El tribunal ordenó su libertad provisional el 5 de septiembre, pero ese mismo día fue detenido de nuevo cuando estaba a punto de salir de prisión. Lo llevaron a Jendouba, región del noroeste de Túnez, donde fue investigado y se dictó una nueva orden de detención preventiva tras acusaciones similares. Desde entonces se han presentado más denuncias en su contra y ahora pesan sobre él cinco órdenes de prisión preventiva, todas relacionadas con las mismas acusaciones.
Otras figuras políticas que presentaron su candidatura a las presidenciales y no fueron aprobadas por la ISIE continúan sufriendo acoso judicial y, en algunos casos, enjuiciamiento seguido de condena. El 5 de agosto, un tribunal de primera instancia de Túnez condenó a cinco posibles candidatos presidenciales a ocho meses de prisión y la prohibición de por vida de postularse para un cargo por “hacer donaciones para influir en los votantes”. El 8 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Túnez confirmó la condena y sentencia de dos de ellos, Abdellatif el Mekki y Nizar Chaari.
Represión de la crítica y la libertad de prensa
La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) intenta restringir la cobertura de las elecciones por medios de comunicación independientes. Según el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, cuatro emisoras de radio privadas han recibido advertencias por escrito de la ISIE sobre informes y comentarios difundidos por ellas en relación con el proceso electoral desde finales de julio. La última fue una advertencia recibida por Express FM el 6 de septiembre en relación con lo que un invitado a un programa había dicho sobre las elecciones.
Radio Mosaïque FM recibió dos advertencias de la ISIE. El 31 de julio de 2024, la ISIE envió una advertencia, examinada posteriormente por Amnistía Internacional, en la que aseguraba que los comentarios hechos por los periodistas Kaouther Zantour y Assya Atrous el 24 de julio en el MIDI Show constituían “un insulto y una burla” al ISIE y al proceso electoral. Según la emisora, ya había recibido otra advertencia el 26 de julio sobre el mismo tema.
El 20 de agosto de 2024, la periodista independiente Khaoula Boukrim, fundadora del sitio de medios de comunicación en línea Tumedia, compartió un correo electrónico que había recibido de la unidad de acreditación de la ISIE. En él la informaban de que su acreditación había sido revocada, lo que sentó un nuevo precedente. El pretexto de la ISIE para revocar la acreditación de Boukrim era que había incumplido “su deber de garantizar una cobertura mediática objetiva, equilibrada y neutral respecto al proceso electoral” y no había respetado el código de ética a este respecto.
“No corresponde a la ISIE vigilar el trabajo de los medios de comunicación. Las acreditaciones concedidas a periodistas y personal observador están destinadas a facilitarles el acceso a lo largo de las diferentes fases electorales y no a ejercer el control sobre la cobertura de las elecciones y restringir la libertad de los medios de comunicación”, ha afirmado Agnès Callamard.
La ISIE también presentó varias denuncias penales contra miembros de la oposición política y personas críticas que dieron lugar a condenas y sentencias en aplicación del Decreto Ley 54 por “difundir información falsa”. Esto incluye a la presidenta de un partido de la oposición, Abir Moussi, quien fue condenada a dos años de prisión en una causa y se enfrenta a cargos en otras dos presentadas contra ella por la ISIE.
Por otra parte, la revista Jeune Afrique dijo el 4 de septiembre que las autoridades tunecinas prohibieron la distribución de su número de septiembre en Túnez, presumiblemente debido a un artículo que contenía críticas al presidente Kais Saied, titulado “El superpresidente”.
Restringir el trabajo de los grupos de observación
La ISIE denegó las solicitudes de acreditación presentadas por IWatch y Mourakiboun, ambas ONG tunecinas dedicadas a la observación de las elecciones desde 2014.
Según la ISIE, “las autoridades” le notificaron que las dos ONG recibían “fondos extranjeros sospechosos”, y más tarde añadieron que ambas habían recibido fondos de “Estados con los que Túnez no tiene relaciones diplomáticas”. La ISIE remitió estas ONG a la fiscalía para su investigación.
De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, las asociaciones deben tener la libertad de buscar y recibir financiación de diversas fuentes, tanto nacionales como internacionales, sin restricciones indebidas.
“Asistir a la erosión de las instituciones públicas creadas desde 2011 es una farsa. La Instancia Superior Independiente para las Elecciones y todos los organismos públicos deben defender y respetar el Estado de derecho y no convertirse en instrumentos para imponer restricciones al trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil”, ha afirmado Agnès Callamard.
Información complementaria
Desde 2022, las autoridades han puesto en marcha sucesivas olas de detenciones contra miembros de la oposición política y personas presuntamente críticas con el presidente Saied. Más de 70 personas, entre ellas miembros de la oposición política, profesionales de la abogacía, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas han sido objeto de detención arbitraria y/o procesamiento desde finales de 2022. Decenas de personas permanecen detenidas arbitrariamente en relación con el ejercicio de sus derechos garantizados internacionalmente, como el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.