En 2016, el personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR) de México y ahora denominada Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) de México, investigó ilegalmente y sometió a vigilancia selectiva a las defensoras de los derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, en relación con su trabajo con familiares de personas migrantes desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas.
