El 23 de abril, el gobierno mexicano, para atender a la pandemia de COVID-19, suspendió la financiación de diferentes programas, incluido el de las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI). El gobierno no había sido transparente respecto a cómo podrían estos recortes afectar a otros programas que apoyan y atienden a mujeres víctimas de la violencia. El 14 de julio de 2020, la Secretaría de Gobernación anunció públicamente que las medidas de austeridad no afectarían al presupuesto de los programas que abordan los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres.
