Miles de persona se han echado a las calles para protestar contra las acciones judiciales emprendidas contra agentes clave del reciente proceso electoral, entre ellos autoridades electorales y miembros del partico ganador. Piden la dimisión de la fiscal general y de otras personas del Ministerio Público, que han abanderado estos procesos penales. El gobierno y el Tribunal Constitucional han emitido declaraciones y decisiones que ponen en peligro el derecho de protesta pacífica y podrían favorecer el empleo de la fuerza contra manifestantes. Instamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar el derecho de protesta pacífica.
