Resumen

El gobierno no protegió a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Siguió abusándose de disposiciones del derecho penal para limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos —que, en general, quedaron impunes—, utilizando fuerza excesiva durante las labores policiales y de seguridad. En Papúa estalló la violencia, con agresiones racistas tanto verbales como físicas contra la población papú, que en ocasiones respondió pacíficamente y, en otros casos, con violencia.

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