CHINA 2017/2018

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CHINA 2017/2018

El gobierno continuó redactando y promulgando leyes nuevas que entrañaban graves amenazas para los derechos humanos con el pretexto de la “seguridad nacional”. El premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió bajo custodia. Se detenía, procesaba y condenaba a personas que se dedicaban al activismo y a la defensa de los derechos humanos sobre la base de acusaciones vagas y demasiado amplias, como “subvertir el poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”. La policía recluía a defensores y defensoras de los derechos humanos fuera de los centros de detención oficiales, a veces en régimen de incomunicación, durante periodos prolongados, lo que aumentaba el riesgo de que sufrieran tortura y otros malos tratos. Se intensificó el control sobre Internet. Aumentó la represión de las actividades religiosas de los cultos no reconocidos por el Estado. La represión en el marco de campañas “contra el separatismo” o “antiterroristas” siguió siendo especialmente dura en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y en las zonas de población tibetana. La libertad de expresión en Hong Kong se vio atacada al utilizar el gobierno cargos imprecisos y demasiado amplios para enjuiciar a activistas en favor de la democracia.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Siguieron redactándose y promulgándose drásticas leyes y normativas sobre la seguridad nacional que ampliaban las facultades de las autoridades para silenciar a la disidencia, censurar información y hostigar y procesar a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

El 1 de enero entró en vigor la Ley de Gestión de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras, cuyas disposiciones impedían las actividades independientes de las ONG inscritas en el registro. Las ONG extranjeras que todavía no estuvieran inscritas y que continuaran operando en China podrían ser objeto de congelación de cuentas bancarias, cierre de locales, confiscación de bienes, suspensión de actividades y detención de personal. En junio se aprobó y entró en vigor la Ley sobre los Servicios de Inteligencia Nacional. Estas leyes formaban parte de la arquitectura jurídica sobre seguridad nacional promulgada en 2014 —que incluía también la Ley contra el Espionaje, la Reforma del Código Penal (9), la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad en Internet — y entrañaban graves amenazas para la protección de los derechos humanos. La Ley sobre los Servicios de Inteligencia Nacional empleaba conceptos igualmente vagos y demasiado amplios respecto a la seguridad nacional y otorgaba en la práctica poderes ilimitados a instituciones de inteligencia nacional cuyas funciones y responsabilidades no estaban claras. Todas estas leyes carecían de salvaguardias de protección frente a la detención arbitraria y de protección del derecho a la privacidad, de la libertad de expresión y de otros derechos humanos.1

En caso de promulgarse sin modificaciones, el anteproyecto de Ley de Supervisión, que quedó abierto para consulta en noviembre, legalizaría una nueva forma de detención arbitraria, denominada liuzhi, y crearía un sistema extrajudicial con amplias atribuciones y un importante potencial para vulnerar los derechos humanos.2

Las autoridades continuaban utilizando la “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, una forma de detención secreta en régimen de incomunicación que permitía a la policía mantener recluidas a las personas durante periodos de hasta seis meses fuera del sistema oficial de detención y sin acceso a asistencia letrada de su elección, a sus familias ni a otras personas, con el consiguiente peligro de que sufrieran tortura y otros malos tratos. Esta forma de detención se empleaba para obstaculizar las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos profesionales del derecho, activistas y personas que practicaban su religión.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió bajo custodia el 13 de julio a causa de un cáncer hepático. Las autoridades habían rechazado una solicitud de Liu Xiaobo y su familia para que pudiera viajar al extranjero y recibir tratamiento médico.3 Al concluir el año, su esposa, Liu Xia, permanecía sometida a vigilancia y bajo “arresto domiciliario” ilegal, que se mantenía desde que Liu Xiaobo fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2010. Al menos 10 activistas fueron detenidos por celebrar actos en su memoria.

En noviembre, el escritor y detractor del gobierno Yang Tongyan, que había pasado casi la mitad de su vida detenido, murió poco después de quedar en libertad condicional por razones de salud.

Fueron declaradas culpables de “subvertir el poder del Estado”, “incitar a la subversión del poder del Estado” o “provocar peleas y crear problemas” nueve de las casi 250 personas que se hallaban en el punto de mira y que habían sido interrogadas o detenidas por agentes de seguridad del Estado tras la represión gubernamental sin precedentes iniciada en julio de 2015 contra abogados y abogadas de derechos humanos y otras personas que se dedicaban al activismo. Se impusieron condenas condicionales a tres de ellas y una quedó “exenta de castigo penal”, aunque seguirían bajo vigilancia, y las otras cinco continuaron encarceladas. En abril se impuso al abogado de Pekín Li Heping —detenido desde el inicio de la represión— una condena condicional de tres años de cárcel por “subvertir el poder del Estado”. Li Heping afirmó haber sufrido torturas en el periodo de detención previa al juicio, entre ellas obligarlo a ingerir medicamentos. Yin Xu’an fue condenado a tres años y medio de prisión en mayo. Wang Fang fue condenada a tres años de prisión en julio. El abogado de Pekín Jiang Tianyong —que había desaparecido en noviembre de 2016, y en agosto de 2017 “confesó” en un juicio haberse inventado el relato de tortura del abogado Xie Yang a manos de la policía china y haber asistido en el extranjero a talleres para debatir sobre el cambio de sistema político de China— fue condenado en noviembre a dos años de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Hu Shigen y Zhou Shifeng, declarados culpables en 2016, permanecían encarcelados. El abogado de derechos humanos Wang Quanzhang, detenido en régimen de incomunicación desde el principio de la represión, seguía en espera de juicio al concluir el año, acusado de “subvertir el poder del Estado”. En enero se publicó la transcripción de una entrevista a Xie Yang en la que afirmaba haber sido sometido a tortura y otros malos tratos mientras había estado detenido. En mayo, Xie Yang quedó en libertad con fianza tras ser juzgado sin que se hubiera dictado sentencia. El 26 de diciembre, el tribunal anunció su sentencia condenatoria por “incitar a la subversión del poder del Estado”, pero resolvió que quedaba “exento de castigo penal”. Permaneció sometido a vigilancia.

En julio, la abogada de Pekín Wang Yu —cuya detención, el 9 de julio de 2015, había marcado el inicio de la represión— escribió en un artículo publicado en Internet que había sufrido malos tratos mientras había estado detenida. Había quedado en libertad con fianza a mediados de 2016, pero seguía sometida a estrecha vigilancia. Los abogados Li Shuyun, Ren Quanniu y Li Chunfu y el activista Gou Hongguo denunciaron haber sido drogados durante el tiempo que habían estado detenidos.4

Además de las 250 personas que se hallaban en el punto de mira, el activista Wu Gan —que trabajaba en un bufete jurídico atacado posteriormente por las autoridades durante la represión— fue juzgado en agosto en una vista celebrada a puerta cerrada, acusado de “subvertir el poder del Estado”, tras pasar casi 27 meses detenido en espera de juicio. El 26 de diciembre fue condenado a ocho años de prisión.

En marzo, la activista Su Changlan fue condenada a tres años de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado” con sus críticas en Internet al Partido Comunista Chino y al sistema socialista del país. Había sido detenida en 2014 tras manifestar su apoyo al Movimiento de los Paraguas de 2014, en favor de la democracia en Hong Kong. Quedó en libertad en octubre tras haber cumplido íntegramente su condena, aunque con problemas de salud agravados por las precarias condiciones de reclusión.

El 19 de marzo, unos agentes de seguridad del Estado detuvieron a Lee Ming-Cheh, director de una ONG de Taiwán, cuando entraba en China continental desde Macao. Fue juzgado en septiembre en la provincia de Hunan por “subvertir el poder del Estado” y condenado en noviembre a cinco años de prisión.5

Al menos 11 activistas fueron detenidos en junio por conmemorar la represión de Tiananmén de 1989. La mayoría de estas personas fueron acusadas de “provocar peleas y crear problemas”. Li Xiaoling y Shi Tingfu permanecían detenidos, y Ding Yajun fue condenada a tres años de prisión en septiembre.

En agosto, el abogado Gao Zhisheng desapareció en un pueblo aislado de la provincia de Shaanxi, donde había vivido bajo estrecha vigilancia desde que saliera de la cárcel en 2014. Su familia supo después que se hallaba bajo custodia de las autoridades, pero siguió sin conocerse su ubicación y su estado.

La abogada Li Yuhan fue detenida en octubre y afirmó haber sido sometida a tortura y otros malos tratos durante su reclusión.

Derechos laborales

En mayo se detuvo en la provincia de Jiangxi a Hua Haifeng, Li Zhao y Su Heng, activistas en favor de los derechos laborales que estaban investigando las condiciones laborales de las fábricas de calzado de Huajian. Los tres activistas quedaron en libertad con fianza en junio, pero siguieron bajo estrecha vigilancia.

En julio, un tribunal de Guangzhou condenó al activista en favor de los derechos laborales Liu Shaoming a cuatro años y medio de prisión por publicar sus reflexiones sobre su incorporación al movimiento en favor de la democracia, su afiliación al primer sindicato independiente de China en 1989 y sus vivencias durante la represión de Tiananmén en ese mismo año.

Libertad de expresión: Internet

Miles de páginas web y redes sociales seguían bloqueadas, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter. El 1 de junio entró en vigor la Ley de Seguridad en Internet, que obligaba a las empresas de Internet que operaban en China a censurar los contenidos de los usuarios. En agosto, la Administración del Ciberespacio de China y la Administración Provincial del Ciberespacio de Guangdong iniciaron una investigación sobre los proveedores de servicios de Internet WeChat de Tencent, Sina Weibo y Tieba de Baidu, porque sus plataformas contenían cuentas de usuarios que “difund[ía]n información que pon[ía] en peligro la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden social, como violencia y terror, información falsa, rumores y pornografía”. En septiembre, el principal servicio de mensajería instantánea de China, WeChat, introdujo nuevos términos de servicio para recopilar una amplia variedad de información personal y puso a disposición del gobierno los datos de 900 millones de personas.

Huang Qi, cofundador de 64tianwang.com, un sitio web que documentaba las protestas en China e informaba sobre ellas, fue acusado de “filtrar secretos de Estado”. No le permitieron ver a su abogado hasta ocho meses después de su detención y afirmó haber sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia. Al terminar el año estaban encarcelados un total de 10 periodistas de 64tianwang.com: Wang Jing, Zhang Jixin, Li Min, Sun Enwei, Li Chunhua, Wei Wenyuan, Xiao Jianfang, Li Zhaoxiu, Chen Mingyan y Wang Shurong.

Liu Feiyue, fundador del sitio web de derechos humanos Civil Rights and Livelihood Watch (Observatorio de los derechos civiles y los medios de vida), fue detenido a finales de 2016 y acusado de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Su abogado sostenía que la acusación estaba principalmente relacionada con opiniones que Liu Feiyue había expresado públicamente y publicado en el sitio web.

En agosto, Lu Yuyu, que había documentado protestas en China en Twitter y en un blog, fue declarado culpable de “provocar peleas y crear problemas” y condenado a cuatro años de prisión.

En septiembre, Zhen Jianghua, director ejecutivo de la plataforma de Internet Human Rights Campaign in China (Campaña de derechos humanos en China), fue detenido penalmente como sospechoso de “incitar a la subversión del poder del Estado” y puesto posteriormente bajo vigilancia domiciliaria en un lugar designado. La policía confiscó numerosos documentos relacionados con su sitio web, que contenía informes de activistas de base.

Libertad de religión o de creencias

En junio, el Consejo de Estado aprobó la reforma de la Normativa sobre Asuntos Religiosos, que entraría en vigor el 1 de febrero de 2018. La reforma codificaba un control estatal de gran alcance sobre todos los aspectos de la práctica religiosa y hacía extensivas a diversas autoridades de todos los niveles de gobierno las facultades de supervisar, controlar y, potencialmente, castigar prácticas religiosas. La legislación revisada, que hacía hincapié en la seguridad nacional para frenar “las infiltraciones y el extremismo”, podría emplearse para reprimir todavía más el derecho a la libertad de religión o de creencias, especialmente el de la población budista tibetana, musulmana uigur o seguidora de otros cultos no reconocidos.6

Los seguidores de Falun Gong siguieron siendo víctimas de persecución, detenciones arbitrarias, juicios injustos y tortura y otros malos tratos. Chen Huixia permanecía detenida desde 2016 como sospechosa de “utilizar un culto diabólico para menoscabar el cumplimiento de la ley”. Su juicio se aplazó en mayo a raíz de que su abogado pidiera al tribunal que no se admitieran las pruebas obtenidas mediante tortura.

Pena de muerte

En marzo, el presidente del Tribunal Supremo Popular anunció que, durante los últimos 10 años, desde que el tribunal recuperara la facultad de revisar y aprobar todas las condenas a muerte, la pena capital “se había controlado estrictamente y empleado con prudencia” y sólo se aplicaba “a un número muy reducido de personas responsables de delitos de extrema gravedad”. Sin embargo, el gobierno continuaba ocultando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte, pese a que los órganos de la ONU y la comunidad internacional llevaban más de 40 años pidiendo más información, y pese a los compromisos de mayor transparencia del sistema de justicia penal adquiridos por las propias autoridades chinas.7

Región Autónoma del Tíbet y zonas de población tibetana en otras provincias

Derechos económicos, sociales y culturales

En junio, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos afirmó en el informe sobre su visita a China en 2016 que, aunque los logros en cuanto a la reducción de la pobreza eran por lo general “impresionantes”, la situación de la población tibetana y uigur era profundamente problemática, y “que la mayoría de las minorías étnicas en China est[aba]n expuestas a graves retos en cuestión de derechos humanos, tales como una tasa de pobreza significativamente más elevada, discriminación étnica y reasentamiento forzado”.

Tashi Wangchuk, defensor de la educación en tibetano, permanecía detenido en espera de juicio y sin acceso a su familia al concluir el año. Se lo habían llevado a principios de 2016 por manifestar en una entrevista al New York Times su temor ante la gradual extinción de la lengua y la cultura tibetanas.

Libertad de expresión

Las personas de etnia tibetana seguían sufriendo discriminación y restricciones en los derechos a la libertad de religión o de creencias, de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

Durante el año, al menos seis personas se prendieron fuego en zonas de población tibetana en protesta por las políticas represivas, con lo que las autoinmolaciones desde febrero de 2009 alcanzaron la cifra de 152. El 18 de marzo, Pema Gyaltsen se prendió fuego en la Prefectura Autónoma Tibetana de Ganzi (Kardze en tibetano) de la provincia de Sichuan. Fuentes tibetanas afirmaron que se creía que estaba vivo cuando la policía se lo llevó. Sus familiares fueron detenidos y golpeados cuando se dirigieron a las autoridades para preguntar por su paradero. Las ONG tibetanas en el extranjero declararon que Lobsang Kunchok, un monje tibetano detenido tras sobrevivir a un intento de autoinmolación en 2011, había quedado en libertad en marzo.8 El 26 de diciembre, el cineasta tibetano Dhondup Wangchen se reunió con su familia en Estados Unidos, casi 10 años después de su primera detención en China por realizar un documental independiente sobre las opiniones de personas tibetanas corrientes antes de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.

Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

Bajo el liderazgo del nuevo secretario regional del Partido Comunista, Chen Quanguo, las autoridades de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang hicieron mayor hincapié en la “estabilidad social” y en el incremento de la seguridad. Según información de los medios de comunicación, en la Región se habían establecido numerosos centros de detención que recibían varios nombres —“centros contra el extremismo”, “centros de estudio político” o “centros de educación y transformación”— y en los que se recluía arbitrariamente a personas durante periodos indeterminados y se las obligaba a estudiar leyes y políticas chinas.

En marzo, la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang promulgó la “Normativa Antirradicalización”, que prohibía una gran variedad de conductas calificadas de “radicales”, como difundir “pensamiento radical”, desacreditar o negarse a escuchar o ver programas de la radio y la televisión públicas, vestir burka, llevar una barba “extraña”, oponerse a las políticas nacionales y publicar, descargar, almacenar o leer artículos, publicaciones o material audiovisual de “contenido radical”.

En abril, el gobierno publicó una lista de nombres prohibidos, la mayoría de ellos de origen islámico, y exigió a todos los niños y niñas menores de 16 años que tuvieran estos nombres que se los cambiaran.

En mayo, algunos medios de comunicación informaron de que las autoridades chinas de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang habían puesto en marcha una política que obligaba a regresar a China a toda la población uigur que se hallaba estudiando en el extranjero. Se condenó a seis uigures que habían cursado estudios en Turquía pero habían regresado a la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang a penas de entre cinco y 12 años de prisión por cargos sin especificar. En abril, las autoridades chinas detuvieron a familiares de varias personas que estudiaban en Egipto para obligarlas a regresar a China antes de mayo. Se recibieron informes según los cuales algunas de estas personas habían sido torturadas y encarceladas a su regreso. En julio, las autoridades egipcias iniciaron una redada masiva contra cientos de personas de nacionalidad china en Egipto, principalmente uigures. De estos cientos de personas, al menos 22 de etnia uigur fueron devueltas a China.

Buzainafu Abudourexiti, una mujer uigur que había regresado a China en 2015 tras cursar estudios durante dos años en Egipto, fue detenida en marzo y condenada en junio a siete años de prisión en un juicio celebrado en secreto.9

En agosto, varios medios de comunicación internacionales informaron de que en junio las autoridades educativas habían dictado una orden en la prefectura de Jotán, de población mayoritariamente uigur, que prohibía el uso de la lengua uigur en las escuelas, incluso en “actividades colectivas, actividades públicas y trabajo de gestión del sistema educativo”. Los medios de comunicación informaron de que a las familias de toda la región se les exigía que entregaran ejemplares del Corán y otros objetos religiosos a las autoridades si no querían ser castigadas.

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Durante el año, las autoridades de Honk Kong adoptaron una serie de medidas que suscitaron una mayor preocupación por que la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica corrieran peligro.

En marzo, Benny Tai, Chan Kin-man y Rev Chu Yiu-Ming, fundadores de la campaña de ocupación de las calles del centro de Hong Kong “Occupy Central”, fueron acusados de delitos relacionados con “escándalo en la vía pública”, punibles con hasta siete años de cárcel, por su participación en el Movimiento de los Paraguas.

En julio, el Tribunal Superior inhabilitó a cuatro legisladores prodemocráticos elegidos en las urnas —Nathan Law, Leung Kwok-hung, Lau Siu-lai y Yiu Chung-yim— por no cumplir cuando juraron sus cargos, en octubre de 2016, las condiciones establecidas en la interpretación de la Ley Fundamental de Hong Kong hecha por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular.

En agosto, el Tribunal de Apelación impuso a Johua Wong, Alex Chow y Nathan Law sendas penas de seis, siete y ocho meses de cárcel por participar en septiembre de 2014 en una manifestación encabezada por estudiantes que desencadenó el Movimiento de los Paraguas. En 2016, Joshua Wong y Alex Chow habían sido declarados culpables de “participar en una reunión ilegal”, y Nathan Law de “incitar a otros a participar en una reunión ilegal”. En un primer momento, un tribunal de primera instancia había dictado servicios a la comunidad o condenas condicionales, pero los fiscales ganaron un recurso de apelación en el que pedían penas más severas.10 Joshua Wong y Nathan Law fueron puestos en libertad con fianza en octubre, y Alex Chow en noviembre, en espera del resultado de sus recursos de apelación.

En febrero, el Tribunal de Distrito impuso una pena de dos años de prisión a siete agentes de policía por agredir al manifestante Ken Tsang durante las protestas del Movimiento de los Paraguas. Tras la sentencia, la portavocía estatal de China inició una campaña orquestada de ataque a la judicatura de Hong Kong. Había recursos pendientes al terminar el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En abril, el Juzgado de Primera Instancia resolvió que la negativa del gobierno a extender las prestaciones laborales al esposo de un funcionario público constituía discriminación por motivos de orientación sexual.

En septiembre, el Tribunal de Apelación falló que la negativa del Departamento de Inmigración a conceder un visado de dependiente a la pareja del mismo sexo de una persona extranjera con visado de trabajo había sido discriminatoria. El gobierno recurrió ambas decisiones.

Región Administrativa Especial de Macao

En agosto, el gobierno de Macao impidió a cuatro periodistas de Hong Kong entrar en la región para informar sobre la devastación provocada por el tifón Hato y sobre las tareas de limpieza. Según los medios de comunicación, el tifón había causado 10 muertes. En diciembre, el órgano legislativo de Macao votó a favor de suspender al legislador prodemocrático Sulu Sou y de retirarle la inmunidad legislativa. Había sido elegido en septiembre y fue acusado en noviembre de participar en una protesta pacífica contra el jefe del Ejecutivo de Macao en mayo de 2016.

  1. China: Submission on the draft “National Intelligence Law” (ASA 17/6412/2017)
  2. China: Submission on the draft “Supervision Law” (ASA 17/7553/2017)
  3. Liu Xiaobo, un gigante de los derechos humanos que deja un duradero legado a China y al mundo (comunicado de prensa, 13 de julio)
  4. China: Sigue sometido a estrecha vigilancia abogado en libertad con fianza (ASA 17/6307/2017)
  5. China: Taiwanese activist sentenced to five years in jail (comunicado de prensa, 28 de noviembre)
  6. Why China must scrap new laws that tighten the authorities’ grip on religious practice (noticia, 31 de agosto)
  7. China’s deadly secrets (ASA 17/5849/2017)
  8. China: Disclose the whereabouts of two Tibetans who attempted self-immolation (ASA 17/6098/2017)
  9. China: Mujer uigur en régimen de incomunicación tras juicio secreto (ASA 17/7168/2017)
  10. Hong Kong: Decenas de manifestantes pacíficos se enfrentan a procesamientos “disuasorios” en un claro ataque a la libertad de expresión (noticia, 26 de septiembre)

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional