Resumen

La pandemia de COVID-19 puso al descubierto las deficiencias relativas al acceso al derecho a la salud existentes en Perú. La desigualdad en el acceso a un sistema de salud fragmentado e insuficientemente financiado, sumada a la falta de protección para el personal sanitario, contribuyó a que Perú continuara entre los 10 países del mundo con mayor índice de mortalidad per cápita. Las personas y comunidades expuestas a sustancias tóxicas, incluidos metales, seguían pidiendo políticas públicas para garantizar la atención médica. El Estado no respondía eficazmente a la persistencia de elevados índices de violencia contra las mujeres y las niñas. La vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos seguía corriendo grave peligro por la falta de medidas de protección efectivas por parte del Estado y de investigaciones penales fructuosas sobre los ataques y amenazas efectuados contra este colectivo. Perú sufrió una crisis política, social y de derechos humanos tras la destitución en noviembre del entonces presidente, Martín Vizcarra.

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