Resumen

Los niveles de pobreza disminuyeron de forma significativa, principalmente gracias a las políticas de transferencia de ingresos, pero persistían las desigualdades estructurales y se seguían creando barreras al acceso pleno y efectivo a los derechos humanos. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente las personas negras y las de ingresos bajos, se vieron desproporcionadamente afectadas por los fenómenos climáticos extremos. La aprobación de una nueva ley ambiental y otras medidas legislativas ahondaron los retrocesos en las políticas ambientales y en los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Además, se intensificó la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular ambientalistas, indígenas y quilombolas. Las operaciones policiales afectaban de manera mayoritaria a la población negra. La violencia contra las personas LGBTI y la basada en el género, especialmente los feminicidios de mujeres negras, continuaban siendo motivo de grave preocupación. Las dificultades para acceder a la justicia, sobre todo en casos de violencia policial, seguían menoscabando la rendición de cuentas por parte del Estado.