La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que modificaría la Ley de Extranjería, ha sido aprobada por el Congreso español. Corresponde ahora al Senado impedir que entre en vigor. Esta enmienda facilitaría la expulsión automática y colectiva de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo desde las fronteras de los dos enclaves españoles en el norte de África, Ceuta y Melilla, exponiéndolas al riesgo de graves violaciones de derechos humanos.
