La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 protege el derecho a solicitar asilo y a gozar de él, un derecho que se reconoce a los niños y niñas, hombres y mujeres que se ven obligados a huir de la persecución o de otras violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, la actual política del gobierno australiano determina que ninguna persona que llegue al país en barco y solicite asilo pueda llegar a establecerse en Australia.