En este informe al Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional presenta sus preocupaciones relacionadas a la profundización de la crisis de derechos humanos en Venezuela desde 2014 en adelante, incluyendo el recrudecimiento de los patrones represivos y la consolidación de una política estatal para silenciar a la disidencia, compuesta principalmente de detenciones arbitrarias por motivos políticos, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas por períodos cortos, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. Estos hechos han sido parte de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, por lo que podrían catalogarse como crímenes de lesa humanidad.
