Las sentencias condenatorias en contra de los autores materiales y el coautor del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres siguen sin estar firmes. Amnistía Internacional llama al Estado hondureño a garantizar la verdad y una justicia independiente e imparcial cuanto antes para sus familiares y seres queridos.
“Ocho años después del asesinato de Berta Cáceres, su familia sigue enfrentando un proceso judicial incompleto, perpetuando innecesariamente su angustia. Es imperativo que las autoridades hondureñas adopten medidas decisivas para acabar con el ciclo de impunidad en este caso”. Así lo afirmó Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Ocho años después del asesinato de Berta Cáceres,
Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
su familia sigue enfrentando un proceso judicial incompleto, perpetuando innecesariamente
su angustia. Es imperativo que las autoridades hondureñas adopten medidas decisivas para acabar con el ciclo de impunidad en este caso.
La familia de Berta y el COPINH siguen exigiendo que las autoridades hondureñas hagan rendir cuentas a todos los implicados en el crimen, incluidos los que planearon y dieron la orden del asesinato de Berta Cáceres.
Información adicional
El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, defensora del medio ambiente y de los derechos de los indígenas, fue asesinada a tiros por hombres armados en su casa de Intibucá, Honduras. Era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH) y hacía campaña contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del Pueblo Indígena Lenca.
El 20 de junio de 2022, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Penal Nacional de Tegucigalpa dictó sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión contra David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Había sido detenido en marzo de 2018 y condenado en julio de 2021 como coautor del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres en 2016, tras el juicio que comenzó en abril de 2021.
Previamente, el 29 de noviembre de 2018, la Sala de lo Penal de Honduras declaró a siete de otros ocho acusados culpables del asesinato de Berta Cáceres. Más de un año después, el 2 de diciembre, los siete fueron condenados a penas de 30 a 50 años.
Las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras siguen sufriendo ataques con impunidad. El asesinato es el mayor riesgo que enfrentan quienes defienden el medio ambiente en el país, que según Global Witness presenta la cifra más alta del mundo de homicidios per cápita. Amnistía Internacional también ha documentado amenazas, o incluso desapariciones de ambientalistas en Honduras.
A pesar de la gravedad de los ataques a estas personas defensoras, Honduras no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente y que entró en vigor el 22 de abril de 2021.