La defensora de los derechos humanos iraní Sharifeh Mohammadi corre peligro de ser ejecutada después de que un Tribunal Revolucionario de Rasht (provincia de Gilan) la condenara a muerte otra vez en febrero de 2025. Fue declarada culpable de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) únicamente por sus actividades pacíficas de derechos humanos, como apoyar los derechos laborales y de las mujeres. En octubre de 2024, el Tribunal Supremo había anulado la sentencia condenatoria y la pena de muerte dictadas contra ella en junio de ese mismo año y había ordenado la prosecución del procedimiento en un tribunal inferior.
