En las Américas, autoridades estatales han promovido y aprobado un número creciente de leyes que restringen o controlan a las organizaciones de la sociedad civil, reforzando prácticas autoritarias que amenazan la libertad de asociación y reducen el espacio cívico. Este informe documenta patrones en la aprobación e implementación de “leyes anti-ONG” en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Sus efectos incluyen la autocensura, el debilitamiento de la participación y de la supervisión ciudadana y la erosión del tejido social, al deteriorar vínculos de confianza y redes comunitarias, dejando especialmente desprotegidas a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
