La existencia y aplicación del marco legal existente en torno al trabajo sexual en Buenos Aires ha derivado en abusos y violaciones de los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales por parte de policías, funcionarios y personas encargadas de prestar asistencia médica. Por ejemplo, al aplicar la ley, la policía y otros funcionarios públicos han allanado violentamente apartamentos, han realizado controles
basándose en la apariencia o los modales de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y los han detenido arbitrariamente en la calle para pedirles el pago de sobornos a cambio de evitar que los sancionaran.
