Presentación

Las políticas de control de drogas están fracasando.

La aplicación durante decenios de leyes que castigan y estigmatizan a quienes consumen drogas y a otras personas que intervienen en el comercio de drogas se ha traducido en encarcelamientos masivos, enfermedades, sufrimiento y violencia. La criminalización de las drogas no hace disminuir ni su consumo ni su suministro. Por el contrario, da lugar a un comercio clandestino, incrementa los daños asociados al consumo y potencia la delincuencia organizada, la corrupción y la violencia.

El hecho de prohibir las drogas repercute directamente en nuestro derecho a la salud. Las personas que consumen drogas ven cómo se les niega el acceso a tratamiento médico, o bien desisten ellas mismas de solicitarlo por temor a ser denunciadas ante las autoridades. Esto incrementa el peligro de sobredosis y otras amenazas para su vida y su salud.

Las políticas sobre drogas concebidas para castigar agravan los peligros y los daños asociados a su consumo. Esas políticas pueden conducir a un incremento en la transmisión del VIH y de otras enfermedades. Además, obstaculizan el acceso a drogas con fines médicos —por ejemplo, para el alivio del dolor y para cuidados paliativos—, lo que causa más daño y sufrimiento a millones de pacientes.

Una persona que participa en una marcha dibuja el signo de la paz con la mano. Lleva un sombrero de ala ancha y gafas de sol, y fuma.
Manifestación por la legalización del cannabis en Bogotá (Colombia), 6 de mayo de 2023.

¿Qué es la “guerra contra las drogas”?

La primera vez que se utilizó el término “guerra contra las drogas” fue en 1971, cuando el presidente Richard Nixon lo empleó en su agresiva y discriminatoria campaña de aplicación de la prohibición de las drogas. Desde entonces, muchos gobiernos de todo el mundo lo han utilizado para reprimir a quienes consumen drogas y para reducir el narcotráfico. Estas campañas pretenden disuadir del consumo y la venta de drogas recurriendo para ello a duros castigos.

Desde los homicidios masivos en Filipinas y la aplicación de la pena de muerte para delitos de drogas en Malasia, hasta los encarcelamientos masivos en Estados Unidos y las torturas en México, la “guerra contra las drogas” ha potenciado abusos generalizados contra los derechos humanos.

Cada vez existen más pruebas, en todas las regiones del mundo, de que la “guerra contra las drogas” no hace disminuir ni el consumo ni la disponibilidad de las drogas. Por el contrario, socava los derechos de millones de personas, agrava los daños que entraña su consumo e intensifica la violencia asociada a los mercados ilegales.

La guerra contra las drogasha sido, en realidad, una guerra contra las personas.

Esta estrategia fallida ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades más pobres y marginadas, que soportan sus consecuencias, y atrapa a comunidades enteras en un círculo de encarcelamiento, violencia y pobreza.

Grupo de personas con pancartas ante un edificio gubernamental. [*Eliminar este segmento; no tiene sentido en la versión en español]La que aparece en primer plano dice
Activistas y organizaciones comunitarias de Nueva York (Estados Unidos) celebraron una conferencia de prensa en la que instaron al alcalde a erradicar por completo las detenciones relacionadas con la marihuana que entrañan un sesgo racista.
Redada de sospechosos de delitos de drogas durante una operación contra las drogas ilegales. Un grupo de personas están sentadas en el suelo con las manos sobre la cabeza y mirando hacia abajo.
Redada de sospechosos de delitos de drogas durante una operación contra las drogas ilegales realizada en una comunidad de asentamientos informales en la zona del Centro Islámico de Manila (Filipinas).

Estudio de caso: Homicidios masivos en Filipinas

En junio de 2016, el entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, lanzó una brutal campaña contra las drogas. A partir de entonces, miles de personas —en su inmensa mayoría procedentes de comunidades pobres y marginadas— murieron violentamente por presuntos vínculos con el comercio de drogas.

El gobierno reconoció al menos 6.200 homicidios a manos de la policía o de personas vinculadas a ella. Según datos facilitados por grupos de derechos humanos, la cifra real podría ascender hasta los 30.000 homicidios cometidos en operaciones antidrogas. Aún no habido una auténtica rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos ni se ha impartido justicia a las familias de las víctimas.

La “guerra contra las drogas” de Filipinas se ha caracterizado por abundantes y sistemáticas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad. De hecho, la Corte Penal Internacional está investigando esos crímenes.

Los homicidios continúan bajo el nuevo gobierno de Marcos, durante cuyo primer año en el poder se ha informado de 342 homicidios relacionados con las drogas.

Amnistía Internacional ha documentado también atroces abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas” en otros muchos países, como Bangladesh, Brasil, Camboya, Estados Unidos, México y Tailandia.

Detención arbitraria y encarcelamiento masivo

Aproximadamente el 20% de la población penitenciaria mundial se encuentra recluida por delitos relacionados con las drogas.

Durante los últimos decenios, la población penitenciaria ha crecido de manera especialmente acusada en Latinoamérica, donde la población recluida por delitos relacionados con drogas ha aumentado a mayor ritmo que la población penitenciaria en general.

En todo el mundo, las mujeres son encarceladas por delitos de drogas más que por cualquier otro delito, y tienen más dificultades que los hombres para acceder a sanciones no privativas de libertad y a otras alternativas a la detención.

En Estados Unidos se encarcela a más personas que en ningún otro país. En las cárceles estadounidenses, una de cada cinco personas cumple condena por delitos no violentos relacionados con las drogas. Según una investigación realizada por HRW y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Estados Unidos se detiene cada 25 segundos a alguien por posesión de drogas para consumo personal.

Otros miles de personas que consumen o son sospechosas de consumir drogas son detenidas de manera arbitraria y sometidas a tratamiento obligatorio, a menudo sin su consentimiento, en centros tristemente famosos por sus nefastas condiciones y por las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos en ellos.

Una investigación de Amnistía Internacional reveló la naturaleza punitiva y abusiva de los centros de detención por delitos de drogas de Camboya, donde hay una absoluta falta de instalaciones médicas y de personal con la formación necesaria. En lugar de facilitar a la gente tratamientos basados en evidencias científicas, se la detiene contra su voluntad y se la obliga a soportar abusos sistemáticos.

Una mujer con su hija en el regazo observa a un grupo de agentes de policía. Su rostro refleja desesperación y agotamiento.
Residentes miran a varios agentes de policía durante una “Oplan Tokhang”, o campaña casa por casa contra las drogas ilegales, efectuada en una comunidad de asentamientos informales de Manila (Filipinas).
Celda masificada de una cárcel de Filipinas. Salvo unas pocas personas sentadas en literas, las demás no tienen otro sitio donde sentarse más que en el suelo. Algunas llevan improvisadas mascarillas elaboradas con trozos de toallas y de camisas para protegerse de la COVID-19.
La guerra contra las drogas del presidente Duterte tiene enormes repercusiones sobre la sociedad. Muchas personas, supuestamente consumidoras o traficantes de drogas, son recluidas entre rejas, sean o no culpables. Otras son asesinadas sin contemplaciones.

El empleo de la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas

El empleo de la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas es, posiblemente, la manifestación más extrema del planteamiento punitivo por el que se decantan numerosos países. La mayoría de las personas condenadas a muerte por estos delitos se encuentran en el nivel más bajo de la escala del narcotráfico, y con frecuencia proceden de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

Según el derecho internacional, los Estados que aún no hayan abolido la pena de muerte deben limitar su uso a “los más graves delitos”, es decir, al homicidio intencional. El uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas constituye una violación flagrante del derecho internacional.

Sin embargo, aún es posible castigar los delitos relacionados con drogas con la muerte en más de 30 países. En 2022, Amnistía Internacional documentó ejecuciones por delitos relacionados con drogas en varios países, a saber, Arabia Saudí, China, Irán y Singapur. Probablemente en Vietnam también hubo este tipo de ejecuciones, aunque es difícil asegurarlo.

Un grupo de personas con velas en una vigilia.
Activistas asisten a una vigilia con velas celebrada ante la embajada de Singapur en Kuala Lumpur, el 8 de noviembre de 2021, para protestar contra la ejecución inminente de Nagaenthran K. Dharmalingam, condenado a muerte por haber introducido heroína en Singapur.

Las políticas punitivas sobre drogas y la tortura y otros malos tratos

La militarización de la “guerra contra las drogas” y la naturaleza en extremo punitiva de las políticas sobre drogas en todo el mundo se han traducido directamente en un incremento del número de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La violencia sexual usada como forma de tortura se ha convertido en parte habitual de los interrogatorios, sobre todo en el contexto de las operaciones antidroga.

Algunos países prescriben castigos que son constitutivos de tortura y otros malos tratos para los delitos relacionados con drogas. Por ejemplo, en Singapur la legislación sobre drogas establece la pena de cadena perpetua más 15 azotes con vara como única alternativa a la pena de muerte para personas condenadas por tráfico de drogas.

Un grupo de personas de pie en la oscuridad en el lugar donde se ha cometido un delito. Una de ellas alumbra el suelo con luz intensa.
En Sudáfrica, miembros de una patrulla comunitaria golpean y obligan a acuclillarse a un hombre hallado con drogas y artículos robados.
Mujer en la parte trasera de un furgón policial, esposada y dando la espalda a la cámara.
Mujer detenida en el norte de México.

Estudio de caso: Mujeres en México

En México, los cárteles de la droga suelen reclutar a mujeres y niñas de entornos marginales para que lleven a cabo tareas peligrosas, ya que las consideran prescindibles en caso de que sean detenidas. Por tanto, estas mujeres y niñas jóvenes, con escasa educación y mal remuneradas corren especial peligro de ser sometidas a abusos por grupos criminales.

Asimismo, las mujeres corren peligro de ser detenidas por la policía o el ejército, al ser a menudo consideradas el eslabón más débil de la cadena de tráfico de drogas y blanco fácil para su detención.

Con frecuencia, las autoridades intentan inflar las cifras para hacer ver que luchan contra la delincuencia organizada, lo que da lugar a detenciones colectivas y a acusaciones sin pruebas. Esto afecta en especial a las mujeres, que a menudo son infundadamente acusadas de ser novias —y, en consecuencia, cómplices— de personas implicadas en la delincuencia organizada.

Una investigación de Amnistía Internacional reveló que, cuando desean extraer “confesiones” de mujeres, las fuerzas de seguridad recurren de manera habitual a los abusos sexuales. Esto les permite inflar las cifras para hacer ver que luchan contra la delincuencia organizada, sin necesidad de perseguir a quienes ocupan los niveles más altos en la cadena del narcotráfico.

Repercusiones negativas de las políticas punitivas sobre drogas en niños, niñas y jóvenes

Los Estados tienen la obligación especial de proteger a los niños, niñas y adolescentes de los peligros y daños de las drogas, lo que incluye tanto los derivados del consumo de drogas por los propios menores o por sus progenitores como los que se derivan de la actuación policial y de otras intervenciones de aplicación de la ley.

Aunque en muchos países los datos sobre el consumo de drogas por niños, niñas y jóvenes son escasos, las pruebas indican que las respuestas punitivas no los disuaden de consumir drogas ni restringen de manera significativa su acceso a ellas. Por el contrario, esas políticas han producido daños mayores en particular en este grupo de población, con consecuencias para su salud física y mental.

Dos niños se apresuran a entrar en una vivienda ante la presencia de un agente armado que avanza por la calle con un rifle de gran tamaño.
Los niños y niñas que residen en la favela de Mare, en Río de Janeiro, viven bajo el fuego cruzado que provoca la represión del consumo de drogas en Brasil.
Una mujer mira un álbum con fotos de su hijo Emil. En las fotos, el muchacho sonríe y adopta diferentes poses.
Yulia Ostrovko mira fotos de su hijo Emil, condenado a ocho años de prisión por delitos menores de drogas en Minsk (Bielorrusia).

Estudio de caso: Captación de niños, niñas y jóvenes en Bielorrusia para la distribución de drogas

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia calcula que en ese país cientos de niños, niñas y jóvenes cumplen largas condenas por delitos menores y no violentos relacionados con las drogas.

Con mucha frecuencia, los niños, niñas y jóvenes de Bielorrusia son víctimas de prácticas engañosas de personas anónimas que venden drogas en Internet por medio de repartidores. A menudo, las personas que solicitan esos puestos como repartidores no saben lo que entraña el trabajo o desconocen qué van a repartir. Sin embargo, cuando son atrapadas, se las procesa como parte de un “grupo” o de un “grupo organizado”, delitos punibles con un mínimo de 6 y 10 años respectivamente.

Niños y niñas atrapados por la policía han denunciado haber sido forzados a declararse culpables y, con frecuencia, sufren numerosas violaciones de derechos humanos mientras se encuentran detenidos.

Legislación sobre drogas y discriminación

A menudo, la legislación sobre drogas se aplica de forma discriminatoria contra grupos marginales, como las minorías raciales y étnicas y los sectores más pobres de la sociedad.

En numerosos países el racismo está profundamente integrado en las políticas sobre drogas.

A menudo, la legislación sobre drogas se aplica de forma discriminatoria contra grupos marginales, como las minorías raciales y étnicas y los sectores más pobres de la sociedad.

En numerosos países el racismo está profundamente integrado en las políticas sobre drogas.

En 2020, la ACLU halló que en Estados Unidos una persona negra tiene más del triple de probabilidades de ser detenida por posesión de cannabis que una blanca, a pesar de que los índices de consumo en ambas poblaciones son aproximadamente iguales. En Reino Unido, a las personas negras se les da el alto y se las registra para comprobar si llevan drogas casi nueve veces más que a las personas blancas. En Brasil, más del 84% de las víctimas de homicidios perpetrados durante operaciones contra la droga eran negras.

En Australia, los y las jóvenes indígenas tenían 26 veces más probabilidades de ser recluidos que los y las jóvenes no indígenas, y las mujeres aborígenes y de las islas del estrecho de Torres tenían mayor probabilidad de ser declaradas culpables de delitos relacionados con drogas. En Bangladesh, las redadas policiales contra las drogas, que suelen desembocar en ejecuciones extrajudiciales, se realizan con frecuencia en barrios de renta baja.

Las mujeres también se ven afectadas de manera desproporcionada por la legislación sobre drogas y se exponen cada vez a más peligros, ya que su participación en el comercio de drogas va en aumento en todo el mundo, sobre todo entre las que carecen de educación y oportunidades económicas.

Las mujeres que consumen drogas corren también especial peligro de criminalización, en particular si quedan embarazadas. Algunos estados de Estados Unidos tienen leyes que se utilizan para detener y procesar a mujeres embarazadas consumidoras de drogas, por considerar que al hacerlo perjudican al feto. El temor a estas leyes disuade a las mujeres embarazadas de acceder a atención médica y a tratamientos contra la drogadicción.

Una mujer negra y con mascarilla levanta el puño. La rodean otras muchas personas que también se manifiestan contra el racismo.
Una mujer levanta el puño durante un acto de protesta celebrado en Río de Janeiro (Brasil) contra el racismo y la violencia policial durante la pandemia de COVID-19, tras una operación policial masiva contra traficantes de droga en la favela de Jacarezinho en la que murieron 25 personas.

Alternativas a la prohibición y la criminalización de las drogas

En numerosos lugares del mundo los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil están diseñando nuevos modelos de regulación y despenalización de las drogas.

Aunque aún falta poner a prueba las alternativas a las actuales políticas prohibicionistas, las evidencias de las que disponemos hasta la fecha demuestran que la despenalización del consumo, la posesión y el cultivo de drogas para uso personal no conduce a mayores índices de consumo si va acompañada de una ampliación de los servicios de salud y sociales. Por el contrario, en los países en los que se han despenalizado las drogas se han observado efectos beneficiosos sobre la salud y la seguridad públicas y sobre los derechos humanos.

En otros lugares se está abandonando la prohibición de las drogas en favor de una mejor regulación de éstas dentro de los mercados legales, basándose en la premisa de que, si las autoridades consiguen controlar los mercados ilegales, será posible proteger mejor los derechos humanos.

¿Qué diferencia hay entre despenalización y regulación?

La despenalización supone la eliminación de las leyes que definen como delito, por ejemplo, el consumo o la posesión de drogas. Despenalizar no implica legalizar las drogas, sino que el hecho de que una persona sea sorprendida con drogas no implique que se le apliquen antecedentes penales ni penas de prisión.

Por otro lado, la regulación conlleva la adopción de una serie de marcos legislativos y normativos que permiten el acceso legal a las drogas, pero con un nivel de control estatal que difiere según los peligros que cada sustancia entrañe para la salud.

La regulación no implica permitir a cualquier persona acceder sin restricciones a cualquier droga, sino más bien establecer un conjunto de normas que permitan controlar adecuadamente sustancias concretas y proporcionar canales legales de acceso a ellas a las personas que estén autorizadas a hacerlo. Es similar a la regulación gubernamental del alcohol y del tabaco.

Empleado del centro Pause Diábolo reparte medicación y material esterilizado en el marco del programa de reducción de daños del centro.
Pause Diábolo, centro de reducción de riesgos para personas consumidoras de drogas de Lyon (Francia). La atención que Pause Diábolo dispensa a quienes consumen drogas es parte de la política nacional francesa de reducción de riesgos para la salud, que implica facilitar material de reducción del riesgo y ayudar a la persona a acceder a cuidados, asistencia para la higiene, mediación social y prestaciones, y a reintegrarse en la vida social y profesional.
Dos pacientes ante una ventanilla, en la que pueden recoger medicación para el tratamiento contra la drogadicción. La mujer sostiene un cachorro, mientras el hombre bebe un medicamento de un vaso de plástico blanco.
La paciente Rita Pestana sostiene a su cachorro, mientras su esposo toma su dosis diaria de 85 miligramos de metadona. El programa de metadona diaria es parte del radical giro de Portugal en favor de despenalizar el consumo de drogas y hacer hincapié en el tratamiento de la drogadicción.

Estudio de caso: Despenalizar las drogas en Portugal

En Portugal, el consumo y la posesión de todas las drogas está despenalizado desde 2001. Aunque sigue sin ser posible acceder a las drogas por vías legales, la estrategia nacional se centra en potenciar el acceso a tratamientos contra la drogadicción, y no en penalizar las drogas.

En lugar de ello, la persona puede ser remitida a una comisión compuesta por profesionales del derecho, de la salud y del trabajo social, encargada de determinar si existe un consumo problemático de drogas o si es preciso abordar algún problema social o de salud subyacente. Se ofrecen servicios a quienes los necesitan, en lugar de encerrar a esas personas en la cárcel.

Las políticas sobre drogas de Portugal han sido beneficiosas para la salud pública y los derechos humanos. Los niveles de consumo de drogas han descendido desde el año 2001, en especial el de heroína. Incluso ahora, con el crecimiento de la disponibilidad y el consumo de nuevas drogas sintéticas, Portugal sigue estando por debajo de la media europea.

También se ha producido un descenso radical de los diagnósticos de VIH entre las personas que consumen drogas por vía intravenosa.

Aunque la estrategia de despenalización no se aplica a la perfección en Portugal, por lo que aún hay casos de personas detenidas por consumir drogas, el deliberado alejamiento del país de políticas punitivas nocivas demuestra cómo un planteamiento más humano puede salvar y mejorar vidas.

¿Qué está haciendo Amnistía para abordar la reforma de las políticas sobre drogas?

Amnistía Internacional pide a los Estados que abandonen las políticas basadas en la prohibición y la penalización en favor de alternativas basadas en evidencias científicas que protejan la salud pública y los derechos humanos de quienes consumen drogas y de otras comunidades afectadas.

Esto incluye necesariamente la despenalización del consumo, la posesión, el cultivo y la compra de cualquier droga para uso personal, así como una regulación efectiva de las drogas a fin de proporcionar vías legales y seguras de acceso a ellas a las personas autorizadas a hacerlo.

Sin duda, las drogas entrañan peligros para individuos y sociedades y, por tanto, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas para proteger a la población de sus efectos nocivos. Precisamente por la existencia de esos peligros, los gobiernos deben asumir el control y regular la manera en la que esas sustancias se producen, se venden y se consumen.

Entre otras cosas, Amnistía pide a los gobiernos lo siguiente:

  • Dejar de castigar y estigmatizar a quienes consumen drogas y, en lugar de ello, adoptar leyes y políticas centradas en la protección de la salud y los derechos humanos para minimizar los riesgos y frenar la violencia asociada a los mercados ilegales.
  • Despenalizar el consumo, la posesión, el cultivo y la compra de todas las drogas para uso personal. Las políticas de despenalización deben ir acompañadas de la ampliación de los servicios de salud y sociales, a fin de combatir los peligros relacionados con el consumo de drogas.
  • Ampliar los programas de prevención, reducción del daño y tratamiento basados en evidencias científicas y abordar las causas fundamentales que pueden incrementar los riesgos del consumo de drogas o llevar a una persona a participar en el comercio de drogas, entre ellas los problemas de salud, la negación de la educación, el desempleo, la falta de vivienda, la pobreza y la discriminación.
  • Implantar medidas que combatan las desigualdades sociales y promuevan la justicia social, incluido un amplio abanico de medidas de protección socioeconómica —de naturaleza integral y respetuosas con las cuestiones de género— que aborden cada una de las fases del comercio de drogas, es decir, desde el cultivo y la producción hasta la distribución y el consumo.
Grupo de personas asistentes a una manifestación por el acceso legal y justo a la marihuana. Mucha llevan distintivos de color verde y morado, y algunas están disfrazadas.
Manifestantes durante un acto de protesta para reivindicar el acceso legal y justo a la marihuana en Buenos Aires (Argentina).

Más información acerca de nuestra política de reformas en torno a las drogas

Si desean más información sobre el planteamiento de campaña de Amnistía Internacional con respecto a la reforma de las políticas sobre drogas, consulten nuestro documento Human Rights and Drug Policy: A Paradigm Shift.