Desenmascarar la realidad de la represión en Arabia Saudí
Bajo el liderazgo de Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, las autoridades están dedicando miles de millones de dólares a una campaña de rehabilitación de su imagen para limpiar la reputación del país en la escena mundial.
El gobierno de Arabia Saudí está invirtiendo de forma masiva en deportes, empresas y entretenimiento para distraer al mundo de su terrible historial de derechos humanos.
Lleva a celebridades y atletas a Arabia Saudí para proyectar una imagen de país glamuroso y transformado.
Esta imagen cuidadosamente elaborada está lejos de la realidad.
Desde que el príncipe heredero llegó al poder, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado drásticamente. En Arabia Saudí, la población sufre una represión de la libertad de expresión sin precedentes que incluye duras penas de prisión por publicar comentarios críticos en las redes sociales. Las ejecuciones por una gran diversidad de delitos están alcanzando niveles sin precedentes.
Y ahora, un proyecto de Código Penal amenaza con consolidar estas terribles violaciones de derechos.
Actúa ya para romper el silencio y pedir su libertad
Necesitamos tu ayuda para impedir que la máquina de relaciones públicas de Arabia Saudí entierre las historias de saudíes valientes en prisión por defender el cambio en su país.
Tolerancia cero hacia las críticas en la represión de la libertad de expresión de Arabia Saudí
Las autoridades saudíes han adoptado una política de tolerancia cero hacia cualquier crítica por inocua que sea. Han cerrado todos los grupos de derechos humanos, eliminando toda forma de sociedad civil independiente en el reino.
En Arabia Saudí se están imponiendo algunas de las penas de prisión más duras que hemos documentado hasta ahora por la expresión de ideas; otras personas han sido condenadas a muerte.
Salma al Shehab, estudiante de doctorado y madre de dos hijos detenida durante una visita a Arabia Saudí desde Reino Unido, cumple una pena de 27 años de cárcel sólo por tuitear en apoyo de los derechos de las mujeres.
Mohammad al Ghamdi fue condenado a muerte en julio de 2023 por criticar a las autoridades en Twitter a diez seguidores en total y en YouTube.
Muchos casos de libertad de expresión son juzgados por el tristemente famoso Tribunal Penal Especializado, concebido para juzgar delitos de terrorismo, pero que se viene usando como arma para silenciar la disidencia. El Tribunal Penal Especializado impone duras penas tras juicios flagrantemente injustos a quienes defienden los derechos humanos, activistas, periodistas, clérigos y personas corrientes.
Fue objeto de desaparición forzada tras
ser detenida por tuitear en apoyo de los derechos de las mujeres y publicar fotos sin llevar la abaya (vestido tradicional holgado y de manga larga).
Desde 2023 cumple una pena de 27 años de prisión seguidos de 27 años de prohibición de viajar por tuitear en apoyo de los derechos de las mujeres.
Fue condenado a 10 años de prisión en 2013 por cofundar una organización de derechos humanos y por su activismo y su labor en favor de estos derechos. Sigue detenido y en situación de desaparición forzada pese a haber terminado de cumplir su pena.
Lleva encarcelado desde marzo de 2028 y se encuentra actualmente sometido a desaparición forzada. En abril de 2020, fue condenado a 20 años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante 20 años más por sus tuits satíricos.
Únete a la campaña para pedir su libertad inmediata e incondicional
Comprar el silencio del mundo con una campaña de lavado de imagen
En 2017, el Ministerio de Información saudí anunció una campaña global “para promover el cambio de rostro del reino de Arabia Saudí en el resto del mundo y mejorar la percepción internacional del reino”.
Se contrataron especialistas en relaciones públicas para vender una ilusión de progreso y reforma, y contrarrestar la cobertura negativa del país por los medios de comunicación. El fondo soberano de Arabia Saudí (fondo de inversión pública), presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, construyó un punto de apoyo multimillonario en los mundos del espectáculo, los deportes y las industrias tecnológicas.
Celebridades del mundo empresarial, el deporte y el entretenimiento se apresuran a sacar tajada de la abundancia monetaria de Arabia Saudí. Olvidando sus condenas anteriores de la situación de los derechos humanos, dirigentes mundiales han recibido con los brazos abiertos al príncipe heredero.
Mientras tanto, la situación de los derechos humanos en el reino se ha deteriorado de forma exponencial. Además de su política de tolerancia cero hacia las críticas, en 2022, las autoridades saudíes ejecutaron a 196 personas y al menos a 172 en 2023 a pesar de sus promesas de limitar el uso de la pena de muerte. La cifra de 2022 es la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por nuestros equipos de investigación en el país en los últimos 30 años.
Ahora mismo, hay al menos siete varones jóvenes en riesgo inminente de ejecución que fueron condenados a muerte por presuntos delitos cometidos cuando eran menores de edad. Uno de ellos tenía sólo 12 años en el momento en que se cometió el presunto delito.
Un “Manifiesto por la represión”
En febrero de 2021, el príncipe heredero Mohammad bin Salman anunció un paquete de reformas legislativas con el fin de “preservar los derechos, proteger los derechos humanos ” y “reforzar los principios de la justicia”. Esto incluía el primer conjunto en la historia del reino de leyes penales que definían delitos y castigos en un Código Penal. Hasta ahora, dada la inexistencia de un Código Penal, los jueces pueden definir los delitos e imponer condenas a discreción, sin recurrir a un texto legal, lo que provoca discrepancias en los castigos para un mismo delito.
El borrador del Código Penal que se filtró en Internet en julio de 2022 dice algo diferente. Nuestro análisis muestra que es un manifiesto por la represión. Esto es lo que hace:
- Codifica el uso de la pena de muerte como castigo principal para toda una serie de delitos sin limitarse al homicidio intencional, como establecen las normas internacionales.
- Castiga la libertad de expresión y no protege los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica.
- Penaliza las relaciones sexuales consentidas “ilegítimas”, las relaciones entre personas del mismo sexo y restringe el acceso al aborto al penalizar tanto el acto de someterse a un aborto como el de ayudar a practicarlo.
- No protege a las mujeres y las niñas de la violencia basada en el género al permitir que los perpetradores de crímenes en nombre del “honor” eludan el enjuiciamiento penal.
- No define con claridad todos los delitos y las penas, lo que permite que los jueces tengan un amplio margen para determinar qué constituye delito y su castigo adecuado.
Codificar la discriminación de las mujeres
Otra ley prometida, promulgada en marzo de 2022, tampoco cumple la promesa de reforma. La Ley del Estatuto Personal codifica la discriminación de las mujeres en la mayoría de los aspectos de la vida familiar, incluidos el matrimonio, el divorcio, la custodia y la herencia, y perpetúa el sistema de tutela masculina.
La Ley no protege adecuadamente a las mujeres de la violencia de género intrafamiliar. Por el contrario, refuerza los roles de género patriarcales al esperar que las mujeres “obedezcan” a su esposo y condiciona el apoyo económico que reciben de éste durante el matrimonio a las que “se sometan” a él, lo que las pone en riesgo de explotación y abusos.
Explotación de los trabajadores y trabajadoras migrantes
Además, pese a la introducción en 2021 de reformas limitadas al sistema laboral que rige las condiciones de trabajo de millones de migrantes en el país, Amnistía Internacional ha documentado que personas migrantes contratadas para trabajar en almacenes de Arabia Saudí fueron objeto de abusos graves que probablemente constituyeron trata de seres humanos para fines de explotación laboral, como por ejemplo:
- ser engañadas por agencias de contratación de personal sobre la naturaleza de su entidad empleadora y las condiciones de su trabajo antes de salir de su país de origen;
- la retención de sus salarios por contratistas terceros;
- ser alojadas en lugares sucios y superpoblados;
- ser objeto de insultos o malos tratos físicos, o a amenazas de los mismos, concretamente cuando se quejaban de sus condiciones de vida y trabajo.
Todos estos cambios están teniendo lugar en un contexto en el que la libertad de expresión está severamente restringida y está criminalizado cualquier debate crítico o público sobre las reformas o su impacto en los derechos humanos.
