Resumen
La población palestina de Gaza sigue sufriendo el impacto del genocidio de Israel contra ella, pese a la firma de un frágil alto el fuego. Las consecuencias del sistema de apartheid impuesto por Israel y de su ocupación ilegal de Gaza y Cisjordania son cada vez más letales y destructivas. Desde el 7 de octubre, decenas de miles de palestinos y palestinas han perdido la vida de manera violenta o han resultado heridos de gravedad en la Franja de Gaza ocupada. Al menos 830 personas palestinas han muerto en Cisjordania. El 90% de la población gazatí está internamente desplazada.
Desde que Israel comenzó la ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, en junio de 1967, las implacables políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y desposesión, sumadas a la discriminación generalizada e institucionalizada, han infligido un sufrimiento inmenso a la población palestina despojándola de sus derechos fundamentales. La ocupación militar es un componente clave de un cruel sistema de apartheid que oprime y somete a todas las personas palestinas cuyos derechos controla Israel, incluidas las que viven en el territorio ocupado, en Israel, y la diáspora a la que no se le permite regresar a casa.
Nuestro equipo de especialistas trabaja incansablemente para garantizar que la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Israel y el Territorio Palestino Ocupado salga a la luz. Para documentar violaciones de derechos humanos y establecer su comisión y la de crímenes de derecho internacional, llevamos a cabo nuestras investigaciones mediante trabajo de campo e investigación documental, entrevistando a víctimas y testigos. Analizamos distintos tipos de indicios y empleamos teledetección, entre otros métodos de investigación a distancia, para desvelar violaciones de derechos humanos.
Pongan fin al genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza
Detengan el genocidio ya
Las consecuencias de la ocupación israelí del territorio palestino en los derechos humanos
Israel mantiene una presencia de fuerzas militares y de seguridad en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde 1967. Y ello a pesar de que numerosas resoluciones de la ONU han rechazado la anexión ilegal por Israel de partes del Territorio Palestino Ocupado y la construcción de asentamientos ilegales.
La ocupación de Palestina por parte de Israel es una de las ocupaciones militares más largas y mortíferas el mundo. Durante décadas se ha caracterizado por la práctica generalizada y sistemática de violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal, y, en septiembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a Israel que pusiera fin a la ocupación en el plazo de un año. La ocupación también ha permitido y afianzado el sistema de apartheid impuesto por Israel. Y en ese contexto de apartheid y ocupación ilegal es en el que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina de Gaza.
El control de Israel sobre el pueblo palestino
La población palestina que vive bajo la ocupación israelí se ve sometida a innumerables violaciones de derechos humanos, mantenidas por un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática. La vida cotidiana en Palestina requiere lidiar con un complejo sistema de puestos de control militares, vallas, muros y bases militares. El férreo control de Israel sobre todos los aspectos de la vida en Palestina, desde el registro civil hasta el suministro de agua y de electricidad, le permite aplicar un sistema draconiano de control sobre la población palestina.
Ese control ha alcanzado un grado de crueldad sin precedentes en la Franja de Gaza, donde Israel mantiene desde hace 16 años un bloqueo ilegal que ha aplicado de forma aún más rigurosa desde el 9 de octubre de 2023. El bloqueo, sumado a las constantes operaciones militares de Israel, han sumido a la Franja de Gaza en una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves de la época actual.
Desde que comenzó la ocupación, Israel ha expulsado a miles de palestinos y palestinas de sus tierras en la Cisjordania ocupada y las ha confiscado ilegalmente para crear asentamientos donde se alojan exclusivamente colonos judíos israelíes. La existencia misma de esos asentamientos viola el derecho internacional y constituye un crimen de guerra. La política israelí de construcción y expansión de asentamientos ilegales en tierras palestinas ocupadas es una de las principales fuerzas impulsoras de las violaciones generalizadas de derechos humanos resultantes de la ocupación.
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El sistema de apartheid israelí
Durante más 75 años, Israel ha creado y mantenido leyes, políticas y prácticas que oprimen deliberadamente a la población palestina. Este sistema funciona para garantizar el dominio israelí en Israel y en el Territorio Palestino Ocupado, y también afecta a las personas refugiadas palestinas. Separa a las personas en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos para silenciar a la disidencia y segregar a la población palestina en enclaves restringidos alejados de la población israelí judía. Estas prácticas violan el derecho internacional y constituyen apartheid.
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una histórica opinión consultiva sobre la legalidad de la ocupación del territorio palestino por Israel, y declaró que la ocupación y la anexión son ilegales, y que sus políticas y prácticas contra la población palestina violan el derecho internacional.
El término apartheid se usó originalmente para referirse al sistema político de Sudáfrica que imponía expresamente la segregación racial y la dominación y opresión de un grupo racial por otro. Posteriormente, a través de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la comunidad internacional lo ha adoptado para condenar y criminalizar este tipo de sistemas y prácticas con independencia del lugar donde existan.
¿Cómo impone Israel el apartheid contra la población palestina?
Las autoridades israelíes han creado y mantenido un sistema institucionalizado de opresión y dominio para controlar al pueblo palestino. Se trata de un sistema que emplea cuatro estrategias principales:
- fragmentación en dominios de control,
- desposesión de tierras y propiedades,
- segregación y dominación,
- privación de derechos económicos y sociales.
La población palestina vive confinada en enclaves en Israel y en el Territorio Palestino Ocupado, en concreto en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. También hay muchas comunidades palestinas refugiadas, donde la población es sometida a diferentes regímenes jurídicos y administrativos en función de su ubicación. Esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre comunidades palestinas y de reprimir cualquier forma de disidencia contra el sistema de apartheid.
Las autoridades israelíes llevan a cabo confiscaciones masivas y crueles de tierras y obligan a la población palestina a abandonar sus tierras y casas. Con el tiempo, mientras Israel reclama más tierras para beneficiar a los israelíes judíos, la población palestina desplazada se ve atrapada en enclaves donde el hacinamiento es cada vez mayor.
Decenios de trato discriminatorio y recursos restringidos han creado una realidad de creciente desigualdad y represión. Las personas palestinas que viven bajo control de Israel tienen menos oportunidades de ganarse el sustento y participar en actividades empresariales que las personas israelíes judías. Experimentan limitaciones discriminatorias en el acceso a las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales, y en su uso, así como restricciones a la provisión de servicios de salud, educación y otros servicios básicos.
La política de Israel de arrestar arbitrariamente a personas palestinas, incluidos niños y niñas, y recluirlas sin cargos ni juicio es otra herramienta cruel de su sistema de apartheid, y su propósito es romper el tejido de la sociedad palestina y silenciar cualquier forma de disidencia.
El apartheid automatizado
Las autoridades israelíes afianzan su sistema de apartheid mediante una red de vigilancia en constante expansión que incluye tecnología de reconocimiento facial. La red funciona junto con un régimen discriminatorio y laberíntico de permisos de viaje que crea restricciones físicas, como puestos de control, muros y vallas de separación, y controles de carreteras.
La circulación en el territorio palestino está fuertemente limitada por el “sistema de cierres” establecido por Israel, que está conformado por una compleja red de puestos de control. En la Cisjordania ocupada, los puestos de control y otras infraestructuras militares israelíes disponen de un sistema de reconocimiento facial llamado Red Wolf, que se utiliza para rastrear a la población palestina y automatizar las draconianas restricciones a su libertad de circulación.
Cuando una persona palestina atraviesa un control en el que está funcionando Red Wolf, le escanean el rostro, sin su conocimiento ni su consentimiento, y lo comparan con entradas biométricas de bases de datos que contienen exclusivamente información sobre palestinos y palestinas.
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El genocidio de Israel en Gaza
Tras los mortíferos ataques efectuados por Hamás y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre de 2023 en los que se estima que perdieron la vida 1.139 personas, en su mayoría civiles, y más de 200 fueron tomadas como rehenes, el ejército israelí lanzó una devastadora ofensiva contra la población palestina de Gaza. Hasta el 11 de febrero de 2025, la ofensiva había matado al menos a 48.219 personas y herido a 111.665, según el Ministerio de Salud de Gaza. Miles de personas más se hallaban en paradero desconocido, presumiblemente muertas bajo los escombros. Más del 90% de la población había sido desplazada, en múltiples ocasiones muchas de esas personas. Según estimaciones conservadoras del Grupo de Protección de Naciones Unidas, las hostilidades, el desplazamiento y los artefactos explosivos han causado una discapacidad permanente al 20% de la población gazatí.
Las fuerzas israelíes también han arrestado arbitrariamente a miles de personas palestinas de Gaza, incluidos niños, niñas y personal sanitario. En algunos casos, esas personas han sido objeto de desaparición forzada o de reclusión en régimen de aislamiento. Las personas palestinas bajo custodia israelí han sido sometidas de manera habitual a tortura y otros malos tratos.
La población palestina, especialmente la que vive en la Franja de Gaza, sigue haciendo frente a un derramamiento de sangre y un sufrimiento sin precedentes a manos de las fuerzas israelíes. El impacto que esta ofensiva sigue teniendo en la población palestina es indescriptible; los ataques israelíes han eliminado a familias enteras y han reducido ciudades y barrios a escombros. Decenas de miles de niños y niñas han perdido a uno o ambos progenitores y la población todavía no ha empezado a reconstruir sus vidas ni sus hogares.
Nuestras investigaciones sobre las violaciones cometidas por todas las partes en Gaza han hallado indicios de crímenes de guerra y han concluido que las acciones de Israel en Gaza tras el 7 de octubre de 2023 constituyen genocidio.
Israel lanza ataques directos contra la población civil y ataques indiscriminados y desproporcionados que dejan a quienes residen en Gaza en un estado de miedo permanente. Las personas que sobreviven a la constante arremetida de los ataques israelíes deben entonces hacer frente a la terrible crisis humanitaria derivada de los desplazamientos masivos, la obstrucción de la ayuda humanitaria y el acceso limitado a alimentos, agua y servicios de salud. También hemos alzado la voz contra los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados, como homicidios deliberados de civiles, toma de rehenes y ataques indiscriminados.
En Deir al Balah estamos como en un apocalipsis. […] Tienes que proteger a tu familia de los insectos, del calor, y no hay agua limpia ni aseos, y todo el rato sin que cese nunca el bombardeo. Es como si fuéramos seres infrahumanos.
Mohammed, que huyó con su familia a Rafá desde la ciudad de Gaza en marzo de 2024 y se vio desplazado de nuevo en mayo de 2024.
Genocidio
En diciembre de 2024 publicamos un histórico informe que concluyó que hay pruebas suficientes para determinar que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza. El informe explica detalladamente la escala y la magnitud sin precedentes de muertes y destrucción en Gaza, que se produjo, según especialistas en la materia, a un nivel y una rapidez nunca vistas y se llevó a cabo arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial, terrenos agrícolas y lugares de carácter cultural y religioso.
El informe analiza el patrón general de conducta de Israel durante el conflicto y las declaraciones genocidas de altos cargos israelíes. Para evaluar la intención específica de Israel de destruir físicamente a la población palestina de Gaza, tiene en cuenta tanto el patrón de conducta como las declaraciones en el contexto del bloqueo ilegal e inhumano de Gaza por Israel, decenios de ocupación militar ilegal y el sistema de apartheid contra las personas palestinas.
Concluimos que Israel ha cometido tres de los cinco actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio:
- matanza de miembros del grupo;
- lesión grave a la integridad física o mental;
- sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
¿Qué es el genocidio?
La Convención sobre el Genocidio establece que se entiende por genocidio “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
- Matanza de miembros del grupo;
- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
- Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
- Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
Pruebas de la intención de destruir
Uno de los principales elementos de la definición de actos genocidas se fundamenta en la intención específica de destruir un grupo nacional, racial o religioso. En el contexto de la ofensiva de Israel en Gaza, Amnistía Internacional evaluó la intención específica mediante la investigación de pruebas directas e indirectas.
- Pruebas indirectas: el patrón general de conducta de Israel en Gaza.
- Pruebas directas: declaraciones deshumanizadores y genocidas por parte de altos cargos gubernamentales y militares israelíes.
Posteriormente analizamos ambos tipos de pruebas en el contexto del sistema de apartheid de Israel, de su inhumano bloqueo de Gaza y de la ocupación militar ilegal, durante 57 años, de Gaza y del resto del Territorio Palestino Ocupado.
Nuestros equipos de investigación y otras personas expertas en derechos humanos identificaron un patrón general de conducta del gobierno de Israel en Gaza que indicaba la intención de destruir. Consiste en:
- ataques reiterados contra la población civil y contra bienes de carácter civil, ataques deliberadamente indiscriminados;
- órdenes de “evacuación” engañosas;
- tortura y detención incomunicada de personas palestinas;
- destrucción de lugares culturales y religiosos, y
- el carácter sistemático y repetitivo de acciones y omisiones concebidas para hacer de Gaza un lugar inhabitable y causar la muerte lenta de la población palestina.
Dichas acciones y omisiones se llevaron a cabo a pesar de que Israel conocía de antemano sus catastróficas consecuencias y de que la CIJ había dictado numerosas órdenes de que se adoptaran medidas provisionales para prevenir el genocidio en Gaza.
Autoridades gubernamentales y militares de Israel realizaron en reiteradas ocasiones declaraciones deshumanizadoras contra la población palestina, incluidos llamamientos a actos de genocidio y otros crímenes. Dichas declaraciones constituyen pruebas directas de intención genocida.
Desplazamiento masivo
Han sido desplazadas forzosamente 2 millones de personas palestinas. En la Franja de Gaza ocupada se ha llevado a cabo destrucción masiva de bienes e infraestructuras civiles. Esto pone de manifiesto el terrible historial de Israel en materia de desplazamiento de la población palestina y su negativa constante a respetar el derecho de retorno de esas personas.
El ejército israelí ha dictado reiteradas órdenes de evacuación y ha forzado a civiles a desplazarse a campos para personas internamente desplazadas en el sur, en particular en zonas en torno a Rafá. Eso dio lugar al encajonamiento de la población civil palestina en lugares cada vez más pequeños de Gaza y en unas condiciones inhumanas y poco seguras. El hambre y las enfermedades se propagaron rápidamente entre la población y causaron más pérdidas de vidas.
En mayo, el ejército de Israel inició la invasión terrestre en gran escala de Rafá, causando una destrucción cataclísmica y la interrupción de operaciones humanitarias vitales e indispensables. Y ello a pesar de que la CIJ le había ordenado específicamente no hacerlo. Las imágenes y la magnitud de la destrucción así como sus consecuencias están empezando a conocerse tras el acuerdo de alto el fuego.
Con el cierre del paso fronterizo de Rafá —el único paso entre Gaza y Egipto— y las intensas operaciones militares en toda Gaza, la población palestina que vivía allí ya no tiene un lugar al que regresar.
Bloqueo de ayuda humanitaria
La Franja de Gaza sufre una crisis humanitaria devastadora. Incluso antes de la última ofensiva militar, Israel mantenía un bloqueo asfixiante sobre Gaza que limitaba enormemente el acceso de ayuda, incluidos alimentos, atención médica y refugio.
Pese a las reiteradas órdenes dictadas por la CIJ de que se debe garantizar el acceso de ayuda humanitaria para prevenir un genocidio, Israel continuó incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, impidiendo o restringiendo gravemente la entrada en Gaza de ayuda para la supervivencia.
El personal experto que realiza labores de observación de la situación advirtió de que la hambruna es inminente, ya que la mitad de la población de Gaza sufre inseguridad alimentaria catastrófica. Mientras la situación humanitaria se agrava, está cada vez más claro que el ejército de Israel ha estado empleando el hambre como arma para aumentar su control sobre Gaza.
¿Qué hace Amnistía Internacional para ayudar?
Amnistía Internacional tiene el compromiso de sacar la verdad a la luz. Durante decenios, nuestros equipos de investigación y de activistas han estado documentando rigurosamente las sistemáticas violaciones de derechos humanos derivadas de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Planteamos campañas de incidencia estratégicas para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, exigir justicia y reparación para las víctimas y movilizar a nuestra membresía global de más de 10 millones de personas a fin de elevar nuestros llamamientos en favor del desmantelamiento del apartheid, del fin del genocidio en Gaza y de la ocupación ilegal del territorio palestino por Israel.
Stop genocidio
En diciembre de 2024, publicamos un informe que presenta pruebas concretas de que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza. La investigación puso de relieve el carácter persistente e intencional de los crímenes y los actos genocidas de Israel, así como el daño irreparable que ha infligido en la población palestina.
Ese trabajo también marcó el inicio de nuestra campaña global para poner fin al genocidio en Gaza.
La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha dictado órdenes de detención contra el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También estamos pidiendo que se investigue el genocidio en Gaza. Asimismo, nuestra campaña pide a los gobiernos de todo el mundo que actúen conforme a su obligación de prevenir el genocidio y garantizar justicia y reparación por los crímenes de derecho internacional, lo que incluye prestar apoyo a la CPI y arrestar y entregar a las personas buscadas por la Corte.
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Dejen de armar a Israel
Buena parte de las armas, munición y otro equipo militar que utiliza Israel para bombardear Gaza se transfiere desde otros países. Aunque la información pública sobre esas transferencias de armas es limitada, sabemos que muchas provienen de Estados Unidos, Reino Unido y numerosos países de la UE, como República Checa, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia.
El Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe las exportaciones de armas cuando existe un riesgo claro de que se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Existe una amplia recopilación de pruebas, documentadas por Amnistía y por otras organizaciones de derechos humanos, personal experto de la ONU y comisiones de investigación que sostienen que no cabe duda de que ese riesgo existe en cualquier transferencia de armas a Israel.
Por esa razón, la membresía de Amnistía Internacional en todo el mundo está pidiendo a los Estados que detengan las transferencias de armas a Israel. Los Estados que sigan enviando armas a Israel deben saber que pueden ser cómplices de genocidio y otros crímenes atroces.
Alto el fuego ya
En enero de 2025, Israel y Hamás acordaron un alto el fuego que supuso un rayo de esperanza para las víctimas palestinas del genocidio israelí. El acuerdo se alcanzó tras más de un año de un dedicado trabajo de campaña de activistas y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, incluida Amnistía Internacional.
El alto el fuego debe ser sostenible e ir acompañado de un acceso seguro y sin trabas a ayuda humanitaria en toda la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes deben permitir a quienes investigan sobre derechos humanos y a periodistas internacionales acceder a Gaza para investigar y documentar la situación e informar sobre ella.
El acuerdo es frágil y temporal, por eso nuestro equipo continúa haciendo el seguimiento de la situación y pidiendo un alto el fuego duradero, así como la liberación de todos los rehenes civiles y de las personas palestinas detenidas arbitrariamente.
Justicia y rendición de cuentas por todos los crímenes
Los decenios de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes en Israel y en el Territorio Palestino Ocupado están en la raíz de las violaciones de derechos humanos de las que seguimos siendo testigos hoy.
A pesar de que cada vez hay más pruebas de los crímenes de las autoridades israelíes contra la población palestina, sigue habiendo pocas vías reales de rendición de cuentas y de justicia. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos de todo el mundo están trabajando incansablemente para garantizar que estos crímenes se documenten y se denuncien a fin de hacer rendir cuentas a Israel por su sucesión de crímenes en el Territorio Palestino Ocupado.
Tras el genocidio y la destrucción perpetrados por Israel en Gaza, numerosas instituciones jurídicas internacionales han adoptado medidas positivas para hacer rendir cuentas a los responsables. En diciembre de 2023, Sudáfrica presento una denuncia contra Israel ante la CIJ en virtud de la Convención sobre el Genocidio. En enero, la CIJ ordenó a Israel adoptar medidas provisionales por el riesgo plausible de daños irreparables a la población palestina de Gaza. Dichas órdenes se repitieron en marzo y nuevamente en mayo de 2024.
En julio de 2024, la CIJ llegó a la conclusión histórica de que la ocupación y la anexión de territorio palestino por Israel es ilegal. Tan sólo unos meses después, la CPI dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu; el ex ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant; y el jefe de las brigadas de Al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim al Masri, por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Estos acontecimientos son un paso positivo hacia la justicia, pero sólo se ocupan de una pequeña parte de los crímenes cometidos durante cinco decenios de ocupación israelí.
