Resumen

El nuevo presidente formó un gobierno de transición poco después de ser designado para el cargo. Las autoridades gubernamentales establecieron dos nuevos mecanismos, la Comisión Nacional de Justicia Transicional y la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, y pusieron en marcha los juicios de cinco ex altos cargos por crímenes de la época de Bachar Al Asad. El gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias del noreste del país siguieron practicando detenciones arbitrarias. Más de 30.000 personas continuaban siendo objeto de violaciones de derechos humanos bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias. Fuerzas gubernamentales o respaldadas por el gobierno, así como miembros de milicias, perpetraron homicidios ilícitos de personas de la minoría alauí y ejecutaron extrajudicialmente a miembros de la comunidad drusa. Grupos armados drusos y combatientes tribales beduinos cometieron graves abusos contra los derechos humanos en la gobernación de Sueida, incluidos secuestros, homicidios ilícitos e incendios de viviendas. Las autoridades no investigaron adecuadamente los secuestros de mujeres y niñas alauíes ni sometieron a rendición de cuentas a sus responsables. La sequía más severa sufrida por Siria en decenios empeoró la crisis humanitaria. Israel continuó ocupando los Altos del Golán y desplegó tropas en la zona desmilitarizada de separación establecida por la ONU.