El permanente sistema de gobierno opresivo y discriminatorio impuesto por Israel a la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) constituía apartheid, un crimen de derecho internacional. En agosto, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva de tres días contra la Franja de Gaza ocupada, durante la cual cometieron presuntos crímenes de guerra. Esto agravó el impacto de un bloqueo israelí que, con sus 15 años de duración, equivalía a un castigo colectivo ilegal y fragmentaba aún más el territorio palestino. Israel intensificó la represión de la libertad de asociación de la población palestina. También impuso restricciones arbitrarias a la libertad de circulación y cierres equivalentes a castigos colectivos, sobre todo en el norte de Cisjordania, supuestamente como respuesta a los ataques armados palestinos contra soldados y colonos israelíes. Durante el año se produjo un aumento del número de personas palestinas que murieron por homicidio ilegítimo o resultaron gravemente heridas a manos de las fuerzas israelíes en incursiones efectuadas en Cisjordania. Las detenciones administrativas de personas palestinas alcanzaron su nivel más alto en 14 años, y continuaron las torturas y otros malos tratos. Las fuerzas israelíes demolieron otra vez (la número 211) la aldea de Al Araqib, en el Néguev/Naqab. A otras 35 localidades beduinas palestinas situadas en Israel se les seguía negando el reconocimiento oficial, y sus residentes se enfrentaban a posibles traslados forzosos. Las autoridades no tramitaron las solicitudes de asilo de miles de personas e impusieron restricciones a su derecho al trabajo.
Leer másMantiene la pena de muerte sólo para crímenes graves, como los cometidos en tiempos de guerra
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