Miles de personas fueron interrogadas, enjuiciadas injustamente o sometidas a detención arbitraria sólo por ejercer pacíficamente los derechos humanos, y cientos continuaron en prisión injustamente. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de medios letales y de perdigones para sofocar protestas. Las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrían violencia y discriminación arraigada. Hubo novedades legislativas que menoscabaron aún más los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la libertad de religión o de creencias y el acceso a Internet. Siguieron perpetrándose tortura y otros malos tratos de forma generalizada y sistemática, incluida la negación de atención médica adecuada a personas bajo custodia. Las autoridades no garantizaron el acceso oportuno y equitativo a la vacuna contra la COVID-19. Se impusieron castigos judiciales como flagelación, amputación y ceguera. La pena de muerte se aplicó ampliamente y se usó como arma de represión. Se llevaron a cabo ejecuciones tras juicios injustos. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
