Las autoridades restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de la fuerza para sofocar protestas. Las autoridades siguieron manteniendo recluidas arbitrariamente a cientos de personas —entre las que había manifestantes, disidentes y defensores y defensoras de los derechos humanos— e impusieron penas de prisión y flagelación a muchas de ellas. Las mujeres y las minorías étnicas y religiosas sufrían violencia y discriminación arraigada. Se perpetraron desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos con impunidad y de forma generalizada y sistemática. Se impusieron castigos corporales judiciales que constituían tortura, como flagelaciones y amputaciones. Se violaba sistemáticamente el derecho a un juicio justo. La pena de muerte era utilizada como arma de represión política. Se llevaron a cabo ejecuciones, una de ellas en público, y otras, en secreto; entre las víctimas había personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. Las autoridades siguieron cometiendo crímenes de lesa humanidad al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de disidentes de la esfera política que habían sido objeto de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en secreto en 1988; continuó la destrucción de fosas comunes que presuntamente contenían sus restos.
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