Irán se vio sacudido por un levantamiento popular sin precedentes contra el sistema de la República Islámica. Las fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente munición real y perdigones para sofocar las protestas, lo que provocó la muerte de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas, así como heridas a miles más. Miles de personas fueron sometidas a detención arbitraria o enjuiciadas injustamente sólo por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos. Se intensificó la discriminación y la violencia contra las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas. Las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, incluida la negación deliberada de atención médica, eran prácticas generalizadas y sistemáticas. Se impusieron y se ejecutaron castigos crueles e inhumanos, como flagelación, amputación y ceguera. Aumentó el uso de la pena de muerte y se reanudaron las ejecuciones públicas. Los juicios siguieron siendo sistemáticamente injustos. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley