Apenas hubo avances en el enjuiciamiento de las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado. La policía gozaba de impunidad por malos tratos. El gobierno y los medios de comunicación afines a éste atacaron a ONG y personal de medios de comunicación. La discriminación de las mujeres, las personas romaníes y otras minorías étnicas, las personas LGBTI y las socialmente vulnerables era generalizada.
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