Resumen

La libertad de expresión, asociación y reunión continuó restringida innecesariamente bajo el gobierno provisional. Se sometió a personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, a arrestos arbitrarios y hostigamiento por ejercer su derecho a expresarse libremente. El gobierno provisional prohibió el partido político Liga Awami, lo cual puso en entredicho su compromiso de respetar la libertad de asociación. Continuó aplicándose la Ley de Ciberseguridad de 2023 hasta que fue sustituida por la Ordenanza de Ciberseguridad en 2025. El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina y al exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal tras declararlos culpables in absentia de crímenes contra la humanidad por su papel en el uso ilícito de la fuerza contra manifestantes en 2024. El gobierno provisional propuso un proyecto de ordenanza sobre desapariciones forzadas y amplió el mandato de la comisión nacional designada para investigar estos casos. Por primera vez se detuvo a antiguos mandos del ejército por cargos de desaparición forzada. Las propuestas de reforma encaminadas a proteger los derechos de las mujeres se encontraron con la oposición de los grupos islamistas. La crisis humanitaria de las personas refugiadas rohinyás se agudizó debido a los recortes en la financiación humanitaria, a pesar de que en Cox’s Bazar seguían refugiándose personas llegadas desde el estado de Rajine. Al menos 59 miembros de la comunidad indígena bawm continuaron en detención por cargos infundados de terrorismo. Prosiguieron las negociaciones entre el gobierno provisional y líderes y lideresas defensores de los derechos laborales y sindicales sobre la necesidad urgente de reformar las leyes laborales y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Trabajadores y trabajadoras protestaron por los bajos salarios y la represión antisindical. La crisis climática consolidó las desigualdades por razón de género y de casta.