Aumentó la persecución de periodistas por informar sobre casos de corrupción y criticar las políticas del gobierno contra la COVID-19. La draconiana Ley de Seguridad Digital de 2018 fue ampliamente utilizada para recortar la libertad de expresión. Tanto la policía como otros órganos encargados de hacer cumplir la ley continuaron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. La violencia contra las mujeres aumentó durante la pandemia de COVID-19. Continuó paralizada la aplicación del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts y se intensificó la represión del activismo indígena. Durante la pandemia no se protegió ni se hizo efectivo de manera adecuada el derecho a la salud. Dados los escasos avances logrados para garantizar su retorno en condiciones seguras y dignas, Bangladesh siguió albergando a casi un millón de personas rohinyás refugiadas procedentes de Myanmar.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
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