Resumen

La draconiana Ley de Ciberseguridad —que no se ajustaba al derecho y las normas internacionales— siguió sofocando la libertad de expresión. Las protestas estudiantiles fueron reprimidas violentamente por la policía, las fuerzas armadas y los grupos afines al anterior partido gobernante, la Liga Awami. La violencia, que produjo cientos de muertes y dejó a miles de personas heridas, desencadenó presiones nacionales e internacionales en favor de reformas. El nuevo gobierno provisional empezó a abordar la cuestión de las desapariciones forzadas, pero las familias de las personas desaparecidas seguían a la espera de verdad y justicia. La población rohinyá refugiada siguió soportando nefastas condiciones de vida en los campos, sin acceso a servicios esenciales. Tanto las minorías religiosas como los pueblos indígenas se enfrentaron a actos de violencia. El personal del sector de la confección siguió sufriendo intimidación, acoso y represión de sus derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica.