Bangladesh 2025

La libertad de expresión, asociación y reunión continuó restringida innecesariamente bajo el gobierno provisional. Se sometió a personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, a arrestos arbitrarios y hostigamiento por ejercer su derecho a expresarse libremente. El gobierno provisional prohibió el partido político Liga Awami, lo cual puso en entredicho su compromiso de respetar la libertad de asociación. Continuó aplicándose la Ley de Ciberseguridad de 2023 hasta que fue sustituida por la Ordenanza de Ciberseguridad en 2025. El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina y al exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal tras declararlos culpables in absentia de crímenes contra la humanidad por su papel en el uso ilícito de la fuerza contra manifestantes en 2024. El gobierno provisional propuso un proyecto de ordenanza sobre desapariciones forzadas y amplió el mandato de la comisión nacional designada para investigar estos casos. Por primera vez se detuvo a antiguos mandos del ejército por cargos de desaparición forzada. Las propuestas de reforma encaminadas a proteger los derechos de las mujeres se encontraron con la oposición de los grupos islamistas. La crisis humanitaria de las personas refugiadas rohinyás se agudizó debido a los recortes en la financiación humanitaria, a pesar de que en Cox’s Bazar seguían refugiándose personas llegadas desde el estado de Rajine. Al menos 59 miembros de la comunidad indígena bawm continuaron en detención por cargos infundados de terrorismo. Prosiguieron las negociaciones entre el gobierno provisional y líderes y lideresas defensores de los derechos laborales y sindicales sobre la necesidad urgente de reformar las leyes laborales y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Trabajadores y trabajadoras protestaron por los bajos salarios y la represión antisindical. La crisis climática consolidó las desigualdades por razón de género y de casta.

Información general

En agosto de 2024, un gobierno provisional de asesores liderado por Muhammad Yunus sustituyó al gobierno de la Liga Awami de Sheikh Hasina. En febrero de 2025 se creó una Comisión de Consenso Nacional para facilitar el acuerdo entre partidos políticos sobre reformas clave. A lo largo de 2025, el gobierno provisional estableció 11 comisiones de reforma y anunció elecciones generales para designar un nuevo gobierno en febrero de 2026. Para conmemorar el primer aniversario de las protestas, el gobierno provisional anunció la Carta Nacional de Julio, donde describía sus aspiraciones de reforma.

La policía, tras ser acusada de graves violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2024, adoptó, según informes, una actitud de relativa inactividad en la lucha contra la delincuencia, y esto ocasionó un colapso del orden público durante gran parte del año.

Por invitación del gobierno provisional, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) llevó a cabo una investigación independiente sobre presuntas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados durante las protestas que tuvieron lugar entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2024. En julio, la ACNUDH firmó con el gobierno un memorándum de entendimiento de tres años para establecer una oficina en el país a fin de apoyar la protección y la promoción de los derechos humanos. El 17 de julio, Bangladesh se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

A lo largo del año continuó habiendo incidentes de hostigamiento, violencia y arrestos contra personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, como defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, escritores y escritoras, blogueros y blogueras y poetas.¹ La Ley de Ciberseguridad de 2023, que el anterior gobierno había utilizado contra las voces críticas de una manera que violaba el derecho a la libertad de expresión, seguía siendo utilizada por el gobierno provisional para frenar el activismo. La Ley fue derogada y sustituida por la Ordenanza de Ciberseguridad, que entró en vigor en mayo con la idea de aplicarla hasta que fuera aprobada y promulgada como ley por el futuro Parlamento.² La Ordenanza incluía disposiciones poco definidas y amplias sobre “vídeos obscenos” y “acoso sexual”, mientras que el término “ciberterrorismo” se definía de forma vaga, todo lo cual podía favorecer el uso indebido de estas disposiciones.

En mayo, el gobierno provisional, utilizando una enmienda a la Ley Antiterrorista, prohibió todas las actividades del partido político Liga Awami, en espera de los juicios de sus dirigentes vinculados a las muertes de manifestantes en 2024. Posteriormente, la Comisión Electoral también suspendió la inscripción de la Liga Awami en el registro de partidos.

En agosto, el Tribunal Superior desestimó una demanda presentada en 2018 en virtud de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación contra el fotógrafo activista y preso de conciencia de Amnistía Internacional Shahidul Alam.

En diciembre, el periodista Anis Alamgir fue detenido en virtud de la Ley Antiterrorista tras una denuncia en la que se alegaba que él y otras cuatro personas habían utilizado sus cuentas en redes sociales y otras plataformas mediáticas para apoyar a la Liga Awami.

El 18 de diciembre, tras el homicidio de Sharif Osman Hadi, destacado líder del levantamiento de julio, estallaron violentas protestas. Asaltaron y prendieron fuego a las oficinas de dos medios de comunicación, The Daily Star y Prothom Alo, acosaron al director del periódico New Age y atacaron Chhayanaut, una institución cultural.

Siguieron imponiéndose restricciones represivas al derecho de sindicación, como requisitos excesivos para inscribir en el registro a los sindicatos, injerencia estatal en las actividades sindicales y un proceso de registro arbitrario o con excesivo control.³

Desapariciones forzadas

Tras crear una comisión para investigar las desapariciones forzadas y firmar la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas en 2024, el gobierno trató de hacer efectiva la Convención mediante una nueva ordenanza. El proyecto de ordenanza fue criticado inicialmente por no ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos, entre otras cosas en lo relativo a la pena de muerte. También se lo criticó por incluir disposiciones que limitaban la responsabilidad del mando y por no reconocer el carácter continuado del crimen de desaparición forzada. Algunas de estas preocupaciones se rectificaron en versiones posteriores y la ordenanza fue aprobada por el gobierno en diciembre. La promulgación de esta ordenanza como ley se dejó para una siguiente legislatura.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU llevó a cabo una visita técnica de cuatro días en junio, durante la cual se reunió con partes interesadas gubernamentales y víctimas de desapariciones forzadas. En su asesoramiento técnico, el Grupo de Trabajo señaló la urgente necesidad de establecer un sistema de protección de víctimas y testigos y reforzar la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, y expresó su honda preocupación por la impunidad generalizada en los casos de desapariciones forzadas.

También en junio, la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas presentó su segundo informe provisional al asesor jefe del gobierno provisional, Muhammad Yunus. La Comisión informó de que había recibido 1.837 denuncias sobre desapariciones forzadas. Tras un examen inicial se introdujeron en su base de datos 1.772 casos activos, de los cuales, según informes, 1.427 víctimas habían sido halladas con vida, mientras que 345 seguían desaparecidas. Basándose en el número de denuncias de su base de datos, la Comisión estableció que en el 67% de las desapariciones forzadas estaban implicados organismos estatales, como el Batallón de Acción Rápida. Asimismo, señaló la existencia de una “cultura de la tortura generalizada y sistemática”. El mandato de la Comisión se prorrogó hasta terminar el año.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En febrero, la ONU dio a conocer los resultados de su investigación de los hechos. La investigación halló motivos razonables para creer que el anterior gobierno y su aparato de seguridad e inteligencia, junto con elementos violentos asociados con el partido político Liga Awami, habían estado sistemáticamente implicados en graves violaciones de derechos humanos, que incluían cientos de ejecuciones extrajudiciales, otras violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de la fuerza que habían causado graves heridas a miles de manifestantes, arrestos y detenciones arbitrarias generalizados y tortura y otras formas de malos tratos. La filtración de un audio verificado indicaba que la ex primera ministra Sheikh Hasina había autorizado a las fuerzas de seguridad a utilizar armas letales contra las personas que se manifestaban.

En julio, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh condenó a la ex primera ministra a seis meses de prisión por desacato tras conocerse una grabación de audio en la que decía tener “licencia para matar” a 227 personas, ya que tenía 227 causas por asesinato abiertas en su contra. La condena se dictó in absentia, pues la ex primera ministra había huido a India en 2024 en medio de las protestas. El Tribunal de Crímenes Internacionales dictó asimismo órdenes de detención en octubre contra varios antiguos mandos militares en relación con presuntas desapariciones forzadas que habían tenido lugar durante el mandato de la ex primera ministra. Era la primera vez que se presentaban cargos formales por desapariciones forzadas.

En noviembre, el Tribunal de Crímenes Internacionales condenó a la ex primera ministra Sheikh Hasina, al exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal y al exinspector general de la Policía, Chowdhury Abdullah al Mamun por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con la represión de las protestas de 2024. Hasina y Asaduzzaman fueron condenados a muerte in absentia, mientras que Chowdhury, que pasó a ser testigo del Estado, fue condenado a cinco años de cárcel tras declararse culpable.

El alcance y las operaciones del Tribunal de Crímenes Internacionales, creado por el gobierno de Sheikh Hasina en 2009, continuó siendo motivo de preocupación en cuanto a derechos procesales. Varias ONG instaron al gobierno provisional a que declarara una suspensión de las ejecuciones y garantizara que el Tribunal de Crímenes Internacionales contaba con el marco jurídico, los recursos y la independencia necesarios para llevar a cabo procesamientos imparciales, de conformidad con las normas internacionales, de todas las personas acusadas, independientemente de su afiliación institucional o política.

Los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación se vieron aún más menoscabados al no existir un mecanismo nacional de derechos humanos eficaz que apoyara sus peticiones de resarcimiento.⁴ Tras la dimisión simultánea de todos sus miembros en noviembre de 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedó vacante. En septiembre, el gobierno invitó a que se presentaran comentarios públicamente en relación con una propuesta de Ordenanza sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2025, que sustituiría a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 2009. Cuando se desveló la propuesta, la ONU y las ONG subrayaron la necesidad de que fuera una Comisión reforzada e independiente y que se ajustara a normas internacionales como los Principios de París. En noviembre, el Consejo Asesor aprobó la ordenanza sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, Transparencia Internacional informó que la ordenanza se había modificado en diciembre para permitir el “control burocrático”.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En mayo, miles de manifestantes islamistas, con la coalición de grupos de defensa islámica Hefazat-e-Islam a la cabeza, se reunieron en la capital, Dacca, para protestar por las reformas propuestas por la Comisión de Reforma de Asuntos de la Mujer. La Comisión había formulado numerosas recomendaciones, como reconocer los mismos derechos hereditarios a las mujeres que a los hombres, incrementar su participación en política, tipificar como delito la violación en el matrimonio y proteger los derechos de las trabajadoras sexuales, unas propuestas que quienes protestaban consideraban “contrarias al islam”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Los recortes en los fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) afectaron gravemente a las personas rohinyás en Bangladesh. Un informe de la ONU destacó que sólo se había cubierto el 35% de las necesidades de financiación para la respuesta humanitaria a la población rohinyá en Bangladesh, y que los programas gestionados por el ACNUR habían sufrido un recorte del 17%. Los recortes en ayuda humanitaria habían agravado la inseguridad alimentaria, el hacinamiento y la insalubridad de las condiciones de vida, así como el acceso limitado a la educación y la atención sanitaria, mientras que los problemas de inseguridad y protección se habían exacerbado. En marzo, el secretario general de la ONU visitó los campos para personas refugiadas de Cox’s Bazar.

Con el deterioro de la situación en el estado myanmaro de Rajine debido a la escalada del conflicto armado entre el Ejército de Arakán y el ejército de Myanmar, el incremento de llegadas de rohinyás agravó aún más una crisis humanitaria ya delicada. Según cálculos de la ONU, entre enero de 2024 y julio de 2025, el número de nuevas llegadas a Bangladesh había sido de 150.000. Según los informes, tras un periodo de detención, la guardia de fronteras rechazaba a las personas rohinyás que cruzaban la frontera con Bangladesh en busca de refugio, y esto hacía temer que se estuviera violando el principio de no devolución. En septiembre se celebró una conferencia de alto nivel de la ONU sobre la situación de las personas musulmanas rohinyás y otras minorías en Myanmar. En ella, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron que aportarían 96 millones de dólares estadounidenses de ayuda adicional para los campos de personas refugiadas en Bangladesh.⁵

Derechos de los pueblos indígenas

Al menos 59 personas de la comunidad indígena bawm continuaron detenidas sin juicio tras haber sido arrestadas en abril de 2024 bajo el pretexto de que eran miembros o simpatizantes del grupo militar Frente Nacional Kuki-Chin. Durante todo el año hubo informes sobre muertes bajo custodia y denegación de la atención médica adecuada a las personas detenidas.

Derechos laborales

Persistió la agitación en el sector de la confección, con protestas de trabajadores y trabajadoras por los bajos salarios, el hostigamiento y la represión antisindical.⁶ El gobierno provisional y los líderes y lideresas sindicales continuaron debatiendo y negociando exhaustivamente sobre la necesidad apremiante de reformar las leyes laborales y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. En noviembre, el gobierno provisional promulgó la Ordenanza sobre la Ley del Trabajo de Bangladesh (Enmienda) de 2025.

Derecho a un medioambiente saludable

La crisis climática incrementó los obstáculos para hacer efectivos los derechos al agua y al saneamiento de las personas dalit que trabajaban en servicios de saneamiento en Khulna y Satkhira, manteniéndolas atrapadas en un círculo vicioso de vulnerabilidad.⁷ Las mujeres dalit, que sufrían discriminación múltiple por su casta, su género y su ocupación, fueron las más afectadas por el cambio climático, a la vez que las más ignoradas por las políticas del gobierno en materia de clima y agua, saneamiento e higiene.