Tras las históricas protestas de julio, las autoridades cubanas encarcelaron a muchos centenares de personas que habían participado en ellas, de las cuales casi 700 permanecían en prisión al concluir el año. Las autoridades intensificaron su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión con medidas de vigilancia física de activistas de los derechos humanos, artistas y periodistas —a quienes además sometieron a arresto domiciliario, detención arbitraria, violaciones del debido proceso y, en algunos casos, malos tratos—, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet. La situación económica continuó deteriorándose y las autoridades estadounidenses siguieron sin levantar el embargo económico.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
