Cuba 2025
Los apagones de electricidad afectaron a los derechos a la salud y la educación. El acceso a alimentos y medicamentos suministrados por el Estado sufrió un grave deterioro. Continuaba la represión sistemática de la disidencia y de la libertad de reunión pacífica. Persistían las detenciones arbitrarias. La negación de los derechos humanos, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes eran prácticas recurrentes en las cárceles. Las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos sufrían formas de represión diferenciadas en razón del género.
Información general
La crisis económica continuó acentuándose en el marco de la aplicación de nuevas medidas económicas y reformas incompletas al sector privado.
En mayo, la Oficina Nacional de Estadística e Información reconoció la existencia de una grave crisis demográfica y el impacto del éxodo migratorio en el decrecimiento poblacional.
En julio se aprobó el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que no contenía garantías procesales diferenciadas para menores de edad, presentaba barreras de acceso a la justicia para menores en conflicto con la ley penal y menores víctimas de delito y favorecía el centralismo estatal existente, posibilitando con ello el empleo de esa regulación como instrumento de control.
Derechos económicos, sociales y culturales
El suministro del servicio eléctrico estuvo en crisis constante durante el año, con apagones masivos frecuentes que afectaron significativamente el acceso a alimentos, a la educación y a los servicios de salud.
En abril, el gobierno anunció nuevos recortes y otras afectaciones a la canasta básica, ya menguada.
En mayo, la iniciativa Food Monitor Program señaló que el 96,91% de la población cubana había perdido acceso a alimentos por la inflación y más del 60% destinaba entre cinco y 15 horas semanales a conseguir comida.
Las autoridades reconocieron en julio que sólo se contaba con el 30% de los medicamentos esenciales, y la población tenía que recurrir al mercado no regulado por el Estado para adquirir estos y otros insumos médicos.
En septiembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó un informe en el que estimaba que el 89% de la población vivía en situación de pobreza extrema. El acceso a alimentos y los apagones eran sus preocupaciones principales.
Represión de la disidencia
En enero, tras entrevistarse con el Vaticano, las autoridades cubanas anunciaron la excarcelación de 553 personas. El proceso estuvo marcado por la falta de transparencia, el trato deshumanizante y la ausencia de garantías de reparación y no repetición. Las organizaciones de derechos humanos documentaron la excarcelación de 211 personas presas por razones políticas y denunciaron la imposición de restricciones de derechos humanos a quienes salían de prisión. En abril, los presos de conciencia José Daniel Ferrer García, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro —excarcelados en enero— vieron revocada su libertad condicional como represalia por mantener el activismo político y la defensa de derechos humanos. Durante los meses previos, habían recibido amenazas y citaciones y se los había sometido a interrogatorios.
Continuó la política sistemática de represión contra activistas e integrantes de la oposición política. Quienes defendían los derechos humanos vieron restringidos sus derechos, y su labor continuó siendo estigmatizada y criminalizada. Activistas, integrantes de la oposición política, artistas, intelectuales, estudiantes de universidad y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 3.179 acciones represivas.
La detención arbitraria, en muchos casos seguida de desaparición forzada de corta duración, era un patrón represivo utilizado de manera sistemática contra defensores y defensoras, activistas, artistas y periodistas. En 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 529 detenciones arbitrarias. En ese contexto, la lideresa de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida arbitrariamente múltiples veces en el transcurso del año. Al activista Leonardo Romero Negrín lo detuvieron en marzo por protestar pacíficamente sosteniendo un cartel en blanco, y lo golpearon, lo acusaron de oponer resistencia al arresto y le impusieron reclusión domiciliaria. Al escritor Jorge Fernández lo detuvieron y golpearon en múltiples ocasiones por manifestarse pacíficamente, y en agosto lo acusaron de oponer resistencia y le impusieron reclusión domiciliaria.
En junio, un grupo de estudiantes de universidad protestaron contra el aumento de las tarifas de Internet y exigieron mayor inclusión en la toma de decisiones. La protesta, acallada finalmente por el gobierno con diversas medidas represivas, incluyó llamamientos a la huelga y al paro de actividades en varias universidades del país.
La libertad de reunión pacífica continuó siendo reprimida mediante el despliegue de fuerzas policiales y un patrón de detenciones selectivas los días posteriores a la celebración de protestas pacíficas.
En septiembre, 15 personas fueron condenadas a hasta nueve años de cárcel por su participación en las protestas que habían tenido lugar en la ciudad de Bayamo en marzo de 2024. Las autoridades siguieron utilizando los delitos de desorden público, desacato y atentado para criminalizar la protesta social pacífica.
La libertad de expresión continuó severamente restringida. En noviembre, las autoridades emprendieron una campaña de deslegitimación, criminalización y hostigamiento contra el medio de comunicación independiente El Toque y 18 de sus colaboradores, lo que incluía el ataque sistemático a periodistas y sus familias, la difamación pública, las amenazas de cárcel y de extradición por delitos graves como el terrorismo financiero, y la revelación de datos personales.
Condiciones de reclusión inhumanas
Las organizaciones de derechos humanos y las personas presas por razones políticas denunciaron casos de trato cruel, inhumano o degradante y tortura en las cárceles.
En 2025, la organización Cubalex documentó 39 muertes de personas privadas de libertad en prisiones del país.
Los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Sayli Navarro denunciaron prácticas recurrentes de privación de llamadas telefónicas, visitas familiares y beneficios penales, así como negación de acceso a alimentos, medicinas y atención médica adecuada. Además, recibieron palizas y amenazas contra su vida y fueron sometidos a nuevos procesos judiciales.
En octubre, José Daniel Ferrer fue excarcelado y forzado al exilio tras denunciar meses de tortura y amenazas contra él y su familia, en el marco de una constante sistemática de silencio y crueldad que utilizaba a las familias de personas presas como mecanismo de control y presión.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El feminicidio siguió sin ser considerado delito autónomo y el Estado no facilitó estadísticas oficiales sobre feminicidios o violencia contra las mujeres. En 2025, el Observatorio de Género Alas Tensas documentó 48 casos de feminicidio.
Las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas sufrían formas de represión diferenciadas en razón del género, tales como amenazas contra sus hijos, vigilancia en escuelas o estigmatización por edad, apariencia y orientación sexual.1