Cuba 2024

Se redujeron los servicios sociales y la población tenía dificultades para acceder a los alimentos y los medicamentos. Se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión. Persistían la detención arbitraria y la criminalización de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes. Se sometía a las personas detenidas a hostigamiento y malos tratos. Continuaba la discriminación contra las mujeres y las personas afrodescendientes y LGBTI.

Información general

En julio, un estudio independiente puso de manifiesto que la población había disminuido un 18% durante los dos años anteriores, en gran medida debido a la cantidad de personas que abandonaban el país, a menudo tomando rutas peligrosas.

Se aprobaron varias reformas jurídicas que repercutieron en la existencia y el funcionamiento de las denominadas “nuevas formas privadas de economía”, limitando el crecimiento del sector y las oportunidades laborales y económicas, así como el acceso a los bienes y servicios básicos que ofrecían.

Derechos económicos, sociales y culturales

Se modificó la política económica y se redujeron los servicios sociales, lo que afectó a la población vulnerable, especialmente la de más de 65 años. Según informaron los medios de comunicación, el suministro de la canasta básica subsidiada por el gobierno se redujo considerablemente y había que hacer largas filas para acceder a los comestibles. En septiembre, el gobierno disminuyó la ración subsidiada de pan debido a la escasez de ingredientes.

Los servicios de salud y el acceso a medicamentos adolecían de graves limitaciones. En julio, los medios de comunicación oficiales, como Granma, informaron de que las autoridades reconocían que había una escasez importante de suministros en las farmacias.

Se restringió el acceso a la electricidad y el combustible, lo que dificultó la conservación de los alimentos y provocó la suspensión de los servicios de educación y salud. En octubre y noviembre se produjeron tres interrupciones totales del suministro eléctrico nacional, según las comunicaciones del gobierno. Muchas partes del país permanecieron hasta 96 horas sin energía eléctrica, lo que afectó gravemente a millones de personas.

Libertad de expresión

En octubre entró en vigor la Ley de Comunicación Social, que restringía aún más la libertad de expresión.

Las autoridades seguían calificando de “criminales, mercenarios y agentes extranjeros” a activistas y periodistas, y llamaban “terroristas financieros y terroristas mediáticos” a los medios de comunicación independientes, periodistas y personas influyentes que criticaban las políticas públicas.

En octubre, los medios de comunicación independientes se vieron afectados por una nueva oleada de represión estatal. Al menos 20 periodistas y activistas denunciaron que funcionarios del Estado les habían confiscado los teléfonos móviles y ordenadores portátiles y que habían recibido amenazas de enjuiciamiento penal.

Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades sometieron a detención arbitraria —a veces, domiciliaria— a artistas, intelectuales y otras voces críticas, lo que repercutió gravemente en su privacidad y su derecho a la libertad de circulación.

En junio, la académica Alina Bárbara López fue detenida de forma violenta y arbitraria cuando se dirigía a la capital del país, La Habana.

Berta Soler, lideresa del grupo de activistas Damas de Blanco, fue detenida de forma arbitraria en varias ocasiones y, en una de ellas, en septiembre, pasó tres días en situación de desaparición forzada.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades solían desplegar a la policía en las zonas donde se habían celebrado protestas y otros lugares clave, como La Habana.

Según las organizaciones de derechos humanos, en 2024 se detuvo al menos a 109 personas por participar en protestas.¹ En noviembre, las autoridades notificaron la detención y enjuiciamiento de varias personas —acusadas de desacato, desórdenes públicos y daños— por participar en las protestas que tuvieron lugar tras el paso del huracán Rafael.

En abril, 14 personas fueron condenadas por haber participado en unas protestas pacíficas celebradas en agosto de 2022 en el municipio de Nuevitas. Entre los cargos que se les imputaban figuraban la sedición, la “propaganda enemiga continuada” y actos contra la seguridad del Estado. Según la información disponible, se impuso la pena más severa —15 años de prisión— a la joven Mayelín Rodríguez Prado, que estaba acusada de sedición y propaganda enemiga por haber retransmitido las protestas en vivo a través de Facebook.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Entre las tácticas represivas contra la disidencia figuraban la criminalización y el hostigamiento de activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los cortes de Internet, y las multas, en aplicación de la legislación sobre ciberseguridad.²

Las autoridades sometieron a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente a familiares de personas presas, a niveles alarmantes de hostigamiento y vigilancia.

Persistía la represión reiterada de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas, incluida la prohibición de abandonar el país y, al contrario, el exilio forzado.

En junio, Yuri Valle Roca, que cumplía una condena de cinco años de prisión por “propaganda enemiga de carácter continuado” debido a su labor como periodista independiente, fue excarcelado y obligado a abandonar el país.

Condiciones de reclusión inhumanas

Resultaban alarmantes los patrones de violaciones de derechos humanos que afectaban a las personas detenidas por discrepar del gobierno, incluidas algunas prácticas que podían constituir tortura.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el personal de prisiones hostigaba e infligía malos tratos a las personas detenidas por motivos políticos, lo que incluía privarlas de asistencia médica adecuada, con el consecuente deterioro de su salud.

La salud de los presos de conciencia Loreto Hernández y Pedro Albert empeoró, y sus familiares denunciaron que tenían dificultades serias para proveerlos de la comida y los medicamentos que necesitaban.³ En noviembre, Pedro Albert fue excarcelado bajo licencia “extrapenal” de un año por motivos de salud.

El preso de conciencia y líder opositor José Daniel Ferrer pasó meses recluido en régimen de aislamiento y separado de los demás presos. Su familia, a la que se le negó sistemáticamente el derecho a visitarlo, denunció en noviembre que le habían propinado una golpiza brutal. En diciembre, José Daniel Ferrer se declaró en huelga de hambre, tras lo cual las autoridades permitieron las visitas y llamadas de familiares y lo trasladaron a una zona con otros presos.

Discriminación

Las mujeres, las personas LGBTI y las afrodescendientes, entre otros grupos de población, seguían soportando discriminación por motivos políticos y religiosos.

El femicidio continuó sin estar tipificado como delito específico. En julio, el gobierno aprobó un sistema nacional de “registro, atención, seguimiento y monitoreo” de la violencia de género en el país. Activistas y organizaciones independientes denunciaron 55 femicidios hasta el 25 de diciembre.