Las autoridades continuaron sometiendo a periodistas, disidentes sobre cuestiones políticas, y líderes y miembros de congregaciones religiosas a detención arbitraria, en algunos casos constitutiva de desaparición forzada. Las personas reclutadas para el servicio nacional obligatorio eran forzadas a servir durante periodos indefinidos. Persistieron las denuncias de violencia sexual cometida por jefes militares contra reclutas en el campamento de instrucción de Sawa. Eritrea no proporcionó información sobre su programa de vacunación contra la COVID-19.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.