Defender los derechos desde la línea de fuego en el Sudeste Asiático y Oceanía
A lo largo de 2018, la situación de los derechos humanos ha seguido deteriorándose en numerosos países del sudeste asiático y Oceanía: desde las víctimas mortales, cada vez más numerosas, que se ha cobrado la “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte y su gobierno en Filipinas, hasta el silenciamiento de la oposición política y los medios de comunicación independientes en Camboya o la violenta campaña de asesinatos, violaciones e incendios provocados perpetrada por el ejército de Myanmar, que desencadenó, en el norte del estado de Rajine, la huida a Bangladesh de más de 720.000 hombres, mujeres, niños y niñas rohingyas.
En un ambiente de creciente impunidad por las violaciones de derechos humanos, sus defensores y defensoras son cada vez más vulnerables. Gobiernos de toda la región siguen sin cumplir realmente, o incluso desdeñan, su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que a menudo se enfrentan a actos de hostigamiento, amenazas, procesos penales y violencia. Con mucha más frecuencia de la deseable, quienes se encuentran en primera línea —jóvenes y activistas que defienden el derecho a la tierra, defensoras y defensores de los derechos humanos de las mujeres y sindicalistas, entre otros— se convierten en blanco de la represión estatal por alzar la voz en defensa de los derechos.
Herramientas de represión: de la cibervigilancia al hostigamiento en Internet
Los gobiernos se han mostrado cada vez más intolerantes a la disidencia y el activismo pacíficos, y han abusado de sus competencias judiciales para imponer y hacer cumplir leyes que restringen el ejercicio pacífico de los derechos y limitan el espacio civil. Las amenazas a los medios de comunicación libres siguen sucediéndose a un ritmo alarmante. En Singapur, los y las activistas han sido objeto de presiones y críticas, y se han impuesto incluso condenas por “escandalizar al poder judicial” a quienes han expresado sus opiniones en Facebook. En Tailandia, decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, políticos, profesionales del derecho y activistas han sido enjuiciados en relación con reuniones pacíficas y se han enfrentado a cargos penales de difamación y sedición. En Fiyi, tres ejecutivos y un articulista de un medio de comunicación fueron juzgados, y posteriormente absueltos, por cargos de motivación política.
En Filipinas, Myanmar, Malasia, Indonesia, Tailandia y Camboya se ha intensificado el uso de las redes sociales para avivar discursos de odio contra las minorías sociales, religiosas o étnicas, sobre todo en Facebook. Al mismo tiempo, se está criminalizando, cada vez con más frecuencia, a personas que expresan sus opiniones en Internet, por ejemplo, con críticas pacíficas a las autoridades. En toda la región se están impulsando leyes sobre delitos informáticos, que constituyen una amenaza sin precedentes a largo plazo para la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Sirva como ejemplo el caso de Vietnam, donde en julio se aprobó una nueva ley de amplio alcance y profundamente represiva, que permite a los censores exigir a las empresas de tecnología la entrega de grandes cantidades de datos —incluidos datos personales— y censurar mensajes de las personas usuarias.
Por su parte, Tailandia, pese a haberse comprometido a abolir la pena de muerte, ejecutó a un hombre de 26 años condenado por asesinato, con lo que puso fin a un periodo de nueve años sin ejecuciones.
Autores de abusos disfrazados de demócratas
En Camboya, el partido del primer ministro Hun Sen ganó en julio las elecciones generales, tras haber utilizado la ley y el poder judicial para eliminar en la práctica toda oposición de peso y haber cerrado decenas de medios de comunicación durante el periodo previo a la votación. En Myanmar, el acuerdo que permitió al gobierno civil y el ejército compartir el poder ha dado lugar a un mayor deterioro de los derechos humanos y las libertades, pese a que el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia, liderado por Aung San Suu Kyi, tiene mayoría parlamentaria y podría, por tanto, reformar o revocar al menos algunas de las leyes más represivas.
Malasia: Pese a las esperanzas, continúa la persecución de las críticas pacíficas
En Malasia se consideró que el sorprendente resultado electoral que se dio en mayo, por el que el ex primer ministro Najib Razak fue expulsado del cargo, podía abrir una puerta al cambio en materia de derechos humanos. El preso de conciencia y exlíder de la oposición Anwar Ibrahim fue excarcelado, con lo que se puso fin a la persecución política de la que había sido objeto durante más de 20 años. En octubre, el gobierno anunció planes para abolir la pena de muerte para todos los delitos, así como la Ley de Sedición. En caso de llevarse a la práctica, estas medidas supondrían un considerable paso adelante.
En otros lugares, seguían multiplicándose las detenciones y reclusiones por motivos políticos de personas que denunciaban violaciones de derechos humanos. En Myanmar, los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de Reuters, fueron condenados a sendas penas de siete años de prisión por haber contribuido a revelar una masacre de hombres rohingyas liderada por las fuerzas de seguridad del Estado. En Filipinas, se detuvo y dejó en libertad en septiembre al senador Antonio Trillanes IV —crítico con Duterte—, que en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza, en espera de juicio. Asimismo, la senadora Leila de Lima lleva más de un año recluida por cargos de motivación política. La nota positiva —poco frecuente— la puso la liberación de Tep Vanny, activista camboyana de los derechos de tierras, que había cumplido ya en la cárcel dos años de la pena que le había sido impuesta por motivos políticos. En Vietnam, también quedó en libertad la bloguera Me Nâm (conocida como Mamá Seta) después de dos años detenida; tuvo que exiliarse a Estados Unidos.https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/10/viet-nam-mother-mushroom-freedom-should-spark-release-of-countless-more-peaceful-critics/
La población LGTBI continúa sufriendo un alto grado de discriminación. En Malasia e Indonesia se puede perseguir intensamente a una persona y castigarla con dureza en virtud de leyes que regulan la sexualidad. En agosto, dos mujeres malasias fueron multadas y azotadas en público por “intentar practicar sexo lésbico”. En siete países del Pacífico donde la homosexualidad está penalizada, miles de personas sufren prejuicios y viven con el temor de ser encarceladas.
Falta de protección para las personas refugiadas y solicitantes de asilo
En toda la región, las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y la mano de obra migrante, continúan viviendo en condiciones de precariedad extrema, agravadas por la ausencia de protección jurídica en muchos países para quienes solicitan asilo. En agosto, las autoridades de Tailandia recluyeron por tiempo indefinido a un mínimo de 168 refugiados y refugiadas montagnards de Vietnam y Camboya, entre los que había mujeres embarazadas y niños. Anteriormente, también en 2018, las autoridades tailandesas habían devuelto a la refugiada camboyana Sam Sokha, violando así el principio de no devolución (non-refoulement).
Para la población refugiada e internamente desplazada sigue siendo difícil acceder a ayudas. Éste es el caso, sobre todo, en Myanmar, donde tanto las autoridades civiles como las militares restringen el acceso a los organismos humanitarios de la ONU y de las ONG. En los estados de Kachin y de Shan del Norte, las autoridades han bloqueado el acceso humanitario a las áreas que no están bajo control del gobierno, mientras que en el estado de Rajine, más de 125.000 personas —en su mayoría rohingyas— permanecen confinadas en míseros campos para personas desplazadas, dependiendo de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
Por su parte, Australia continúa recibiendo condenas por su negativa a liberar a más de 1.000 solicitantes de asilo y refugiados del limbo burocrático en que se han convertido sus centros de tramitación extraterritorial de Nauru y la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea), gestionados en colaboración con los gobiernos de ambos países. Debido a algunos casos de gran repercusión, en los que se negó atención médica o en los que se registraron intentos de suicidio de jóvenes, tanto la ONU como organismos médicos, profesionales del derecho y personas de la sociedad civil en general han instado a Australia a corregir sus deficiencias y cumplir con su deber de atender a esas personas.
Vacío en la rendición de cuentas
Continúa proliferando la impunidad de las fuerzas de seguridad que violan los derechos humanos. En Indonesia surgieron periódicamente denuncias de abusos en la disputada provincia de Papúa, pero en muy pocos casos se emprendió una investigación independiente o se llevó a los responsables ante los tribunales nacionales para que rindieran cuentas. Las iniciativas que promueven la rendición de cuentas —como la aprobación de leyes que penalizan la tortura y las desapariciones forzadas en Tailandia— siguen sufriendo retrasos.
El gobierno de Myanmar ha exhibido falta de capacidad o de voluntad para investigar y juzgar a los responsables de la devastadora campaña de violencia contra la población rohingya lanzada en el norte del estado de Rajine, en la que las fuerzas de seguridad mataron a miles de personas, violaron a mujeres y niñas, arrastraron a hombres y niños a centros de detención y redujeron a cenizas cientos de viviendas rohingyas, una actuación claramente constitutiva de crímenes de lesa humanidad y que, según un equipo de investigación de la ONU, podría calificarse de genocidio.
En Filipinas continuaron las ejecuciones extrajudiciales durante el tercer año de la “guerra contra las drogas”. Las numerosas pruebas de abusos policiales y de violaciones del derecho a la salud —que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad— ponen de manifiesto la necesidad urgente de una investigación internacional de la ONU sobre esos homicidios.
Ante la ausencia de investigaciones nacionales, independientes e imparciales en Myanmar y Filipinas, se está presionando cada vez más a la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie actuaciones contra los sospechosos de crímenes de lesa humanidad y de otros delitos. Cabe resaltar, desde el punto de vista positivo, el anuncio de la CPI en febrero sobre la apertura de un examen preliminar en torno a Filipinas. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo de rendición de cuentas para recopilar y conservar pruebas de las atrocidades cometidas en Myanmar: un paso adelante en el camino de la justicia que no debe, sin embargo, sustituir a la remisión del caso a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU. Junto con China y Burundi, Filipinas fue el único Estado de la región que votó en contra de la iniciativa.
Sin un esfuerzo concertado para fortalecer la protección de los derechos humanos y el vital trabajo de los defensores y defensoras, los radicales que acechan esta región continuarán cometiendo abusos contra los derechos y destrozando vidas humanas sin sufrir ninguna consecuencia.