Un año después de María, el huracán más fuerte que ha golpeado Puerto Rico en casi un siglo, y de nuevo en plena temporada de ciclones, los huracanes son un tema difícil de evitar en la isla. Todo el mundo habla de ellos. En San Juan, la capital, algunos edificios de apartamentos altos cuyas ventanas volaron por la fuerza del viento siguen con planchas de protección. En toda la isla, decenas de miles de personas continúan viviendo bajo toldos azules; lonas colocadas sobre los tejados de las viviendas que se suponía que iban a ser una medida provisional, no una característica permanente del paisaje de la isla. Pero en este momento en que la población necesita hacer su duelo, el presidente estadounidense Donald Trump ha desatado con sus tuits un ciclón diferente, pero igual de tóxico.
“Estados Unidos es uno de los países más ricos, más poderosos y tecnológicamente innovadores del mundo; pero ni su riqueza ni su poderío o su tecnología se están aprovechando para abordar la situación en la que 40 millones de su población continúan viviendo en pobreza.”
– Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema
DATOS CLAVE:
- El huracán María, el más fuerte que ha golpeado Puerto Rico en casi un siglo, tocó tierra el 20 de septiembre de 2017. María agravó los destrozos que había causado el huracán Irma tan solo unas semanas antes.
- Más del 44% de la población de Puerto Rico vive en la pobreza, mientras que en Estados Unidos el promedio nacional es aproximadamente del 12%.
- El 28 de agosto de 2018, el gobernador de Puerto Rico, siguiendo los resultados de un estudio, modificó la cifra oficial de víctimas mortales, que pasó de 64 a 2.975. Anteriormente, otros estudios habían hecho una estimación aún mayor. El presidente estadounidense Donald Trump ha negado estas cifras.
- Un año después de María, decenas de miles de personas en Puerto Rico siguen viviendo bajo toldos de lona azul, concebidos como techos provisionales.
- Por decisión del 30 de agosto de una corte federal, a partir del 15 de septiembre los puertorriqueños alojados temporalmente en Estados Unidos dejaron de recibir la asistencia de alojamiento transitorio de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).
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Negación y reproches: La respuesta de la administración Trump al huracán María
Apenas unas semanas después de que las autoridades de Puerto Rico, tras los resultados de un estudio de la Universidad George Washington, elevaran de 64 a 2.975 la cifra de muertes atribuibles al huracán María, el presidente de Estados Unidos afirmó que la respuesta al huracán había sido “un éxito no reconocido. Una semana antes del primer aniversario del paso devastador de María, Trump utilizó su cuenta de Twitter para rechazar esta revisión del número de personas fallecidas, y sugirió que tras la falsificación de las cifras estaba la mano del Partido Demócrata. La respuesta explosiva de los medios de comunicación internacionales y de Twitter no se hizo esperar.
Esto fue obra de los demócratas para hacerme quedar lo peor posible cuando estaba recaudando miles de millones de dólares para reconstruir Puerto Rico. Si alguien muere por cualquier razón, por ejemplo, de viejo, lo añaden a la lista. Una mala forma de hacer política. ¡Amo a Puerto Rico!]
Ese mismo día, Amnistía Internacional confirmaba unas imágenes de satélite en las que se veían existencias de agua potable valoradas en 22 millones de dólares, de importancia vital, abandonadas en la pista de un aeropuerto, sin que durante meses hubiera señales de su distribución entre poblaciones gravemente afectadas por el huracán.
Loíza, un municipio de 30.000 personas, muchas afrodescendientes, situado a 20 minutos en automóvil de San Juan, es especialmente vulnerable al impacto de los huracanes por su marginación y pobreza históricas y por estar situado entre el mar y cuencas fluviales.
Mientras hablaba con Amnistía Internacional en Loíza, Modesta, lideresa comunitaria, rompió a llorar de frustración al recordar cómo había luchado la gente para conseguir agua tras el huracán. “Es como tú perder la sensibilidad humana, y no respetar a la gente. Es como tú tener comida en tu casa y decirle a tu hijo que no hay comida, tú teniendo comida en la alacena”, exclamó al conocer la existencia de esas reservas de agua abandonadas.
El presidente de Estados Unidos no sólo ha afirmado reiteradamente que su gobierno ha “hecho un gran trabajo”, sino que ha culpado continuamente a Puerto Rico por su crisis económica, y ha acusado a la alcaldesa de San Juan —que critica abiertamente la respuesta federal al huracán María— de ser “una mala dirigente”. De hecho, sólo unas semanas después del embate de María, tuiteó: “Puerto Rico sobrevivió a los huracanes, y ahora se le avecina una crisis económica que es en gran medida culpa suya, dice Sharyl Attkisson. Es una falta total de …responsabilidad, dice el gobernador. La infraestructura eléctrica y todas las demás eran un desastre antes de los huracanes. El Congreso debe decidir cuánto gastar… No podemos mantener a FEMA, el ejército y los equipos de respuesta inmediata, que han sido increíbles (en las más difíciles circunstancias), en P.R. para siempre.”
Víctimas mortales: La lucha por la verdad sobre el número de muertes
En junio de 2018, tras los informes con nuevos datos sobre el número de muertes atribuibles a María, en un homenaje espontáneo a las víctimas la gente comenzó a dejar cientos de pares de zapatos que simbolizaban a las personas fallecidas ante el Capitolio en San Juan. Si bien las autoridades puertorriqueñas no modificaron oficialmente la cifra de muertes hasta septiembre, basándose en un estudio de la Universidad George Washington, la batalla por la verdad sobre la cifra de vidas perdidas a causa de María había comenzado semanas después del huracán.
En noviembre, CNN hizo una encuesta de 112 funerarias de toda la isla y comenzó a barajar un saldo de víctimas mortales mucho más alto que el que se declaró inicialmente. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico realizó un detallado trabajo de investigación periodística y al final llevó al gobierno puertorriqueño ante los tribunales para conseguir el registro oficial de muertes. El 4 de junio, la jueza ordenó la publicación de los certificados de defunción y demás información relacionada.
Entretanto, las organizaciones de la sociedad civil de Puerto Rico, como Taller Salud, grupo que promueve el acceso de las mujeres a la atención médica y el desarrollo económico en Loíza, afirmaron que poco después de María habían comenzado a registrar informalmente entre 20 y 30 muertes al mes en Loíza. Sin electricidad ni techo, hasta una simple llaga se convertía rápidamente en septicemia.
Como cabía esperar, el estudio de la Universidad George Washington halló que las cifras más elevadas de exceso de muertes se daban en las comunidades más pobres, y especialmente entre las personas de edad avanzada.
Annette Martínez-Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y miembro de la junta directiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, afirma que el desglose de las causas de muerte a partir de la información entregada por orden judicial es fundamental para entender cómo y por qué se produjeron los fallecimientos y asegurar la no repetición.
Toldos azules: El símbolo de la crisis de vivienda en uno de los países más ricos del planeta
“Hay un trato dispar por parte de los Estados Unidos que consideramos discriminatorio … una imagen del puertorriqueño como culpable del desastre porque no ha sido capaz de prepararse. Eso era el discurso oficial. ‘No tomaron las precauciones, no se recuperaron a tiempo’ … todo un proceso de aislar a la gente para responsabilizarla del desastre, sobre todo comunidades más pobres y vulnerables.” Ariadna Godreau-Auberhe, directora ejecutiva de Ayuda Legal
La respuesta en Puerto Rico de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) fue la mayor y más prolongada de la historia de este organismo, según un reciente informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) al Congreso. Hasta abril de 2018, FEMA había dedicado más de 12 mil millones de dólares estadounidenses a responder a la crisis y más de 462.000 viviendas habían recibido ayuda para su reparación u otro tipo de ayuda relacionada con el desastre. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos también concedió al gobierno de Puerto Rico una ayuda de 20 mil millones de dólares estadounidenses para la reconstrucción.
Y sin embargo, un año después de María, más de 166.000 viviendas siguen en proceso de reconstrucción o reparación, según un comunicado de prensa de FEMA. Y según las informaciones de los medios de comunicación, son decenas de miles las familias que siguen viviendo bajo toldos azules.
Según un informe, FEMA denegó la ayuda para reconstruir sus hogares nada menos que al 62% de las personas solicitantes, en muchos casos por no poder presentar éstas la escritura de propiedad de sus viviendas, un requisito que los abogados de Ayuda Legal Huracán María, organización local que ha guiado a muchos residentes a través de las decisiones de FEMA, afirman que no está recogido en la ley. Si bien FEMA ofrece alternativas para verificar la propiedad, los abogados afirman que en la práctica los requisitos son onerosos y no tienen en cuenta la cultura local.
Estados Unidos ha ratificado instrumentos de derechos humanos que exigen llevar a cabo la distribución de ayuda y asistencia de urgencia de forma no discriminatoria. Pero Ayuda Legal considera que la manera en que la agencia ha tratado a quienes perdieron sus viviendas es una forma de “doble victimización”. Muchas personas que hablaron con Amnistía Internacional afirmaron que la mayoría de las veces FEMA exigía que las solicitudes de ayuda se presentaran online, cuando seguía sin haber electricidad. Además, al principio los funcionarios de FEMA no hablaban español, un obstáculo en una isla de hispanoparlantes. Y quienes recibieron ayuda económica, a menudo no consiguieron fondos suficientes para reconstruir su vivienda o arreglar su tejado.
Carmen, de 57 años, es una de estas personas. No tiene zinc para reparar las goteras de su tejado, y cada vez que llueve el suelo se le inunda y las paredes rezuman agua. Como muchas otras personas que se quedaron sin techo, Carmen empezó a rellenar los formularios del FEMA para pedir ayuda poco después del azote de María. Según afirma, en noviembre de 2017 llegaron unos inspectores a tomar medidas y fotos de los daños. Pero tras meses de solicitudes, peticiones y papeleo, según los documentos que Amnistía Internacional pudo ver, FEMA sólo pagó unos 2.300 dólares estadounidenses para reparaciones, además del valor de algunos objetos personales y alquileres. Carmen afirma que los albañiles que tendría que contratar para sustituir el tejado presupuestaron la reparación en 16.000 dólares estadounidenses (en un país donde la renta media familiar anual fue de poco más de 19.000 dólares estadounidenses en 2016). Actualmente Carmen no tiene trabajo y afirma que su esposo trabaja sólo unas horas a la semana por problemas de salud, y que no tiene otra forma de sustituir el techo.
El 8 de septiembre, cuando se dio la alerta por el huracán Isaac, había unas 350 familias en Loíza que aún vivían bajo toldos azules, según Taller Salud.
Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, también cree que la respuesta de FEMA ha sido “fragmentada y arbitraria”, y que sus requisitos no tienen en cuenta el contexto cultural de Puerto Rico, donde las familias a menudo comparten vivienda de manera informal sin transferir la propiedad legalmente.
En la misma línea, Modesta afirma que, cuando los funcionarios del FEMA llegaron a Loíza, llevaban mapas anticuados que no reflejaban la realidad de la comunidad, donde varias familias viven en un mismo solar, transmitido de una generación a la siguiente.
Amnistía Internacional habló con una residente en Loíza que no ha podido sustituir el techo de la vivienda familiar que heredó junto a sus hermanos y hermanas cuando fallecieron sus padres, quienes nunca transfirieron la escritura de propiedad a su nombre. Un año después de María, el toldo azul que cubre el techo de la vivienda se agita con el viento y crea un sofocante calor húmedo en el interior.
En un comunicado de prensa del 31 de julio, FEMA afirmaba: “Tenemos conocimiento de que muchos sobrevivientes que no cuentan con prueba estándar de titularidad y uso”[…] “Estamos trabajando para eliminar estos obstáculos y asegurar que los sobrevivientes elegibles reciban la asistencia que necesitan para su recuperación”. Y añadía: “Los sobrevivientes a quienes inicialmente no se les aprobó la asistencia de reparación o remplazo debido a la falta de verificación de titularidad o de uso pueden comunicarse con los grupos locales de asistencia legal para recibir ayuda en completar sus apelaciones.”
Éste es precisamente el tipo de burocracia que los grupos de asistencia legal gratuita afirman que le está negando a la gente el derecho a una vivienda digna en uno de los países más ricos del planeta.
Otra residente en Loíza dijo a Amnistía Internacional que cuando los funcionarios de FEMA visitaron por primera vez el terreno donde había estado su humilde casa de madera, los daños eran tan graves que no se creían que allí hubiera habido una casa. Al final, tras presentar una apelación y esperar mucho, la declararon elegible para recibir financiación y empezó a construir una nueva vivienda, que se ha quedado a medias, pues los fondos son insuficientes para terminarla.
En otra comunidad de rentas bajas, Caño Martín Peña, de 26.000 habitantes, la organización puertorriqueña Corporación ENLACE sigue luchando para determinar cuánta gente continúa viviendo sin techo. Después del huracán María, organizadores comunitarios calcularon que unos 1.200 techos habían quedado total o parcialmente destrozados. Un año después han arreglado 54 con donaciones privadas, pero afirman que muchas personas siguen viviendo bajo toldos azules, incluidas aquéllas a quienes FEMA les negó la ayuda y personas que vivían de alquiler y cuyos arrendadores no han arreglado sus propiedades. Afirman que aproximadamente la mitad de los habitantes de la comunidad son personas de edad avanzada que viven solas, particularmente propensas a sufrir enfermedades a causa de la humedad y el agua sucia que entra en sus viviendas, tales como asma, dermatitis y leptospirosis (una enfermedad causada por el agua contaminada y las ratas).
Pero no sólo en la isla las personas siguen viviendo en la precariedad. Muchos puertorriqueños y puertorriqueñas fueron reubicados temporalmente en Estados Unidos después del paso de María. Tras la decisión del 30 de agosto de una corte federal, a partir del 15 de septiembre estas personas dejaron de recibir la asistencia de alojamiento transitorio de FEMA. Ninguna de las ONG con las que habló Amnistía Internacional sabía con exactitud lo que ocurriría con ellas.
Las fuerzas subyacentes: medidas de austeridad, pobreza y falta de inversión en infraestructuras
Casi todas las personas con quienes habló Amnistía Internacional opinaban que el huracán María había sacado a la luz motivos de preocupación subyacentes en materia de derechos humanos que habían estado presentes durante décadas.
Más del 44% de la población de Puerto Rico vive en la pobreza, mientras que en Estados Unidos el promedio nacional es aproximadamente del 12%. Además, Puerto Rico se enfrenta a una grave crisis económica a causa de una agobiante deuda externa de más de 70 mil millones de dólares estadounidenses. A pesar de los reiterados llamamientos de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Puerto Rico aún no ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva de la deuda, que según un informe podría haber sido emitida ilegalmente. Para los activistas, no sólo es fundamental exigir cuentas a quienes pusieron el país en semejante situación de deuda extrema, sino que es necesario realizar una auditoría para identificar los errores que llevaron a este déficit y asegurarse de que no vuelven a cometerse.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera, establecida por las autoridades estadounidenses en 2016, aplicó varias medidas de austeridad durante 2017. Tras visitar la isla, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema concluyó:“ […] hay pocos indicios que las inquietudes de protección social figuran de forma significativa en los análisis de la Junta.”
Las protestas que, desde al menos 2016, se han organizado a menudo contra unas medidas de austeridad que han recortado significativamente el gasto en educación y atención a la salud, han movilizado a miles de personas de diversos ámbitos de la sociedad. Amnistía Internacional documentó la violenta respuesta de las autoridades frente a los manifestantes, que incluyó uso excesivo de la fuerza.
Resulta preocupante que el reciente informe de la GAO haga referencia a la “anticuada infraestructura local” como uno de los principales problemas para las operaciones de FEMA, ya que no se tuvo en cuenta que estas infraestructuras tenían 50 años de antigüedad al elaborar los planes de emergencia. Los estragos causados por María en la infraestructura eléctrica, de transporte y de comunicaciones afectaron gravemente a la respuesta de FEMA y pusieron en peligro el derecho de muchas personas a la atención médica y otros servicios básicos.
Aunque aún es preciso analizar cuidadosamente los datos sobre cómo y cuándo se produjeron las muertes, la información disponible sugiere que muchas podrían estar relacionadas con la falta de electricidad necesaria para el funcionamiento de los hospitales.
Falta de acceso a la información y ausencia de participación significativa
La falta de transparencia sobre la toma de decisiones y la ausencia de oportunidades para una participación real han sido características definitorias de la respuesta al huracán María, según ONG y personal académico.
Mientras se acercaba el huracán Isaac, precisamente unos días antes del aniversario del María, el gobierno puertorriqueño anunció que se había elaborado un nuevo plan de emergencia, pero afirmó que éste no se haría público en su totalidad, según informaron los medios de comunicación.
Eva Prados, de Auditoria Ya, una campaña que exige la auditoría de la deuda, afirma que precisamente la complejidad con que se están aplicando las medidas de austeridad es lo que ha permitido dejar a los residentes al margen de la toma de decisiones cuando a la hora de asignar los gastos para la recuperación.
Mientras, los líderes y lideresas comunitarios y las organizaciones puertorriqueñas afirman que las comunidades afectadas tienen planes e ideas para la reconstrucción, pero el gobierno de Puerto Rico no ha creado espacios para que estas ideas se compartan adecuadamente.
Cambio climático y derechos humanos
Si bien no es posible determinar exactamente en qué medida el cambio climático fue directamente responsable de la brutal fuerza de María, no cabe duda de que afecta más a las comunidades más marginadas. Y dado que se producen fenómenos meteorológicos y desastres naturales más extremos relacionados con el calentamiento del planeta, el gobierno federal de Estados Unidos y el de Puerto Rico tienen una responsabilidad cada vez mayor a la hora de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y deben trabajar para minimizar la exposición y la vulnerabilidad en las políticas, las leyes y también en la práctica, así como maximizar la participación de las comunidades más afectadas por los desastres. El hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump niegue la existencia del cambio climático agrava el problema al que se enfrentan todas las islas del Caribe con el calentamiento global e incrementa la inseguridad para las personas en futuras temporadas de ciclones.
La alternativa
Mientras Puerto Rico sigue preparándose para el resto de la temporada de ciclones, hay una alternativa.
Para Modesta, en Loíza, el huracán María fue un desastre, pero también tuvo sus ventajas. Modesta dice que, en cuanto la tormenta pasó, los líderes y lideresas comunitarios se organizaron y empezaron a elaborar listas de necesidades, y a numerar casas, para que cuando los técnicos de FEMA llegaran todo estuviera listo. Las organizaciones locales afirman que las comunidades saben exactamente lo que se necesita, sólo hace falta que las escuchen. El gobierno de Puerto Rico debe especialmente crear más espacios para que las comunidades participen de manera significativa en futuros planes de emergencia y para atenuar el efecto de los huracanes.
Además, durante la reconstrucción de Puerto Rico, tanto el gobierno federal como el puertorriqueño, así como la Junta de Supervisión Fiscal creada por el Congreso de Estados Unidos, deben mostrar mayor transparencia en la toma de decisiones.
Por último, en vez de reprimir violentamente a la gente de a pie que protesta por las medidas de austeridad, como hizo el 1 de mayo, el gobierno de Puerto Rico debe comprometerse a aumentar el diálogo con su ciudadanía, aún conmocionada por un año de sufrimiento y dolor.