La ejecución prevista el 22 de mayo de dos miembros de la minoría árabe ahwazí que fueron obligados a “confesar” en televisión y que están recluidos en un lugar desconocido es una burla total a la justicia que hay que detener de inmediato, ha declarado Amnistía Internacional.
El 9 de septiembre de 2013, un Tribunal Revolucionario de Ahvaz condenó a muerte a Ali Chebieshat y Sayed Khaled Mousawi por “enemistad contra Dios” (moharebeh); posteriormente los detenidos fueron obligados a “confesar” en televisión su participación en la explosión de un conducto de gas natural próximo a su pueblo de origen.
“Las desgarradoras historias de Ali Chebieshat y Sayed Khaled Mousawi muestran que la justicia en Irán adolece de graves defectos. Es habitual obligar a las personas a ‘confesar’ delitos que no han cometido y someterlas a juicios injustos antes de ser enviadas al patíbulo”, afirmó Hassiba Hadj-Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades iraníes violan todas las normas existentes, como las relativas a ofrecer a los procesados un juicio justo y la presunción de inocencia, e incluso la de comunicarles la condena a muerte. Hay que detener estas ejecuciones.”
Ali Chebieshat y Sayed Khaled Mousawi fueron detenidos en noviembre de 2012 sin orden judicial. Estuvieron recluidos en régimen de aislamiento en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia, sin acceso al mundo exterior durante más de siete meses. Se cree que los torturados o los sometieron a otros malos tratos. Ante el tribunal, ambos negaron todos los cargos formulados contra ellos y, según la información disponible, sus denuncias de torturas y otros malos tratos no se investigaron.
A mediados de 2013, las autoridades del Ministerio de Inteligencia comunicaron a las familias de los dos hombres que podían verlos en una mezquita del pueblo de Jarieh. Cuando los familiares llegaron, les dijeron que si accedían a ser filmados mientras veían las “’confesiones’ grabadas” de sus seres queridos, las autoridades considerarían la posibilidad de reducir sus condenas.
Press TV y el Canal 3 de la Emisora de la República Islámica de Irán, controladas por el Estado, difundieron en noviembre de 2013 unas imágenes de Ali Chebieshat y Sayed Khaled Mousawi “confesando” su participación en la explosión de un conducto de gas natural situado en las proximidades de su pueblo natal.
Su “confesión” fue utilizada pese al hecho de que el director de la Compañía de Gas de Juzestán, de propiedad estatal, había calificado la explosión de accidente.
En marzo de 2014, las autoridades del Ministerio de Inteligencia trasladaron a los dos hombres a un lugar desconocido, lejos de sus abogados y familiares, donde están recluidos en condiciones equivalentes a desaparición forzada.
Sus familias no recibieron ninguna información sobre el paradero de Ali Chebieshat y Sayed Khaled Mousawi hasta que supieron que el Tribunal Supremo había confirmado la pena de muerte y fijado fecha para su ejecución.
Aunque según la legislación iraní los abogados deben recibir una notificación de la ejecución de su cliente con 48 horas de antelación, no se ha permitido a los dos condenados ningún contacto con el mundo exterior desde marzo de 2014 y se ha denegado la solicitud de información presentada por sus abogados.
Ali Chebieshat y Sayed Khaled Mousawi son activistas de los derechos culturales que defendían los derechos culturales y lingüísticos de los árabes ahwazíes, una de las numerosas minorías de Irán que vive principalmente en la provincia suroccidental de Juzestán, rica en petróleo. Los ahwazíes suelen estar marginados y discriminados en el acceso a la educación, el empleo, una vivienda adecuada, la participación política y los derechos culturales.
Irán es el segundo país del mundo en número de ejecuciones, detrás de China; sólo en 2013 ha ahorcado a más de 360 personas.