Las autoridades gualtemaltecas deben detener los desalojos forzosos de comunidades campesinas indígenas, que han dejado hasta el momento a 2.500 personas sin hogar y han provocado la muerte de un hombre, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.Según los informes, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos durante los desalojos de 12 comunidades campesinas q’eqchi de las tierras en disputa del valle del Polochic, al noreste del país, efectuados entre los días 15 y el 18 de marzo.
Antonio Beb Ac, trabajador agrícola, murió durante los desalojos y dos personas padecieron presuntamente complicaciones de salud provocadas por los gases lacrimógenos. Según parece, otras dos comunidades, compuestas por unas 300 personas, corren peligro de sufrir desalojos forzosos.
“Hasta el momento, los desalojos en el valle del Polochic se han llevado a cabo sin la consulta, el aviso ni el ofrecimiento de alojamiento alternativo adecuados y se les debe poner fin de inmediato”, ha declarado Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional.
“Miles de personas han perdido sus hogares y medios de vida. Sin un techo, alimentos ni agua, son vulnerables a sufrir nuevos abusos, por lo que las autoridades deben protegerlas. También se debe proteger a las 60 familias o más que aún corren peligro de que las desalojen.”
“Las autoridades deben garantizar asimismo que la investigación sobre la muerte de Antonio Beb Ac es imparcial y exhaustiva, los resultados se hacen públicos y se pone a los responsables a disposición judicial.”
El 7 de febrero de 2011, un juez dictó la orden de desalojo de 14 comunidades a raíz de un conflicto por la propiedad de las tierras entre una empresa local que reivindica que son suyas y la población q’eqchi, que afirma que han vivido en estas tierras y las han cultivado durante 30 años.
El 14 de marzo, miembros de las comunidades indígenas se reunieron con las autoridades para tratar de resolver el conflicto. Al día siguiente la policía y el ejército comenzaron los desalojos forzosos, según los informes, sin aviso ni advertencia previa, en las fincas de Miralvalle y Agua Caliente.
El 16 de marzo, la finca Quinich quedó arrasada. Los días 17 y 18 de marzo, se desalojaron nueve comunidades más, entre las cuales había dos que, según los informes, fueron desalojadas por error.
En las comunidades de San Miguelito y Campanas, 60 familias (unas 300 personas) siguen corriendo peligro de ser desalojadas a la fuerza.
El 17 de marzo, la Oficina de la Presidencia emitió un comunicado en el que declaraba que todas las órdenes de desalojo se ejecutarían con efecto inmediato, pero no precisó si se haría de conformidad con el derecho internacional.
Amnistía Internacional ha manifestado que le preocupa que los desalojos forzosos se puedan llevar a cabo, como ya ha sucedido en el pasado, sin consultar con las comunidades afectadas ni ofrecerles alojamiento alternativo adecuado.
“Se deben respetar los derechos humanos de todas las personas. Las autoridades guatemaltecas deben garantizar que se protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas más vulnerables, así como los de otros colectivos marginados”, ha señalado Sebastián Elgueta.
“A no ser que el gobierno dé prioridad a los derechos humanos de las personas marginadas, la aplicación del Estado de derecho en Guatemala seguirá discriminando a los pueblos indígenas y favoreciendo a los grandes finqueros.”