Silos del puerto dañados tras la explosión del 4 de agosto de 2020.

Líbano: La suspensión de la orden de arresto de un exministro es una nueva farsa de la justicia en la investigación de la explosión de Beirut

En respuesta a la noticia de que el Tribunal de Casación de Líbano ha suspendido la orden de arresto dictada contra el exministro de obras públicas, Youssef Fenianos, al que el investigador principal de la explosión del puerto de Beirut había acusado de homicidio y negligencia dolosa en septiembre de 2021, Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“La suspensión de la orden de arresto dictada contra Fenianos por el más alto tribunal de Líbano es otro clavo más en el ataúd de la justicia y una prueba funesta de la obstrucción generalizada a la investigación de la devastadora explosión de 2020, que provocó la muerte a más de 235 personas y heridas a más de 7.000.”

“Cuando han transcurrido casi tres años y medio desde la tragedia, las autoridades libanesas exhiben con descaro su firme determinación de eludir responsabilidades, empleando todas las herramientas a su alcance para paralizar la investigación y protegerse de la rendición de cuentas.”

“En enero de 2023, el fiscal superior de Líbano ordenó ilegalmente la puesta en libertad de todas las personas sospechosas detenidas en la causa; y ahora, al menos una de las órdenes de arresto —que las fuerzas de seguridad nunca llegaron a aplicar— ha sido revocada. Esta sucesión de reveses pone de relieve una verdad inquietante: el aparato judicial libanés se encuentra secuestrado al servicio de los poderosos, y ha dejado de proteger los derechos de la ciudadanía y las familias desconsoladas que perdieron a sus seres queridos en una de las explosiones no nucleares más potentes que jamás se hayan producido.”

Dada la nula de confianza que suscita la perspectiva de una investigación nacional, sólo una misión de investigación internacional, independiente e imparcial puede defender la justicia, la verdad y la reparación para las familias de las víctimas y las personas supervivientes. Pedimos urgentemente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas decisivas y establezca una misión de investigación sobre la explosión de Beirut.

Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

“Dada la nula confianza que suscita la perspectiva de una investigación nacional, sólo una misión de investigación internacional, independiente e imparcial puede defender la justicia, la verdad y la reparación para las familias de las víctimas y las personas supervivientes. Pedimos urgentemente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas decisivas y establezca una misión de investigación sobre la explosión de Beirut.”

Información complementaria

Según información publicada en medios de comunicación, un ex fiscal general del Tribunal de Casación ya había anulado anteriormente la orden de arresto dictada contra el exministro y actual parlamentario Ali Hassan Khalil, cuya inmunidad parlamentaria sigue blindándolo frente a procedimientos judiciales.

En 2021, el juez Tarek Bitar emitió órdenes de arresto contra Fenianos y Khalil, acusándolos, junto a otros dos ex altos cargos gubernamentales, de homicidio con probable intención dolosa y negligencia conducentes a una de las explosiones no nucleares más potentes del mundo. A su vez, Fenianos pidió la destitución de Bitar aduciendo “motivos legítimos de sospecha” sobre su gestión del caso. Tanto Fenianos como Khalil se negaron a cooperar con la investigación y a personarse para ser interrogados.

La investigación nacional sobre la explosión de Beirut lleva suspendida desde diciembre de 2021 debido a una serie de apelaciones arbitrarias presentadas contra el juez Bitar y otros jueces involucrados en la causa.

Cuando el juez Bitar intentó reanudar la investigación en enero de 2023, el fiscal superior de Líbano, Ghassan Oueidat, contra el que Bitar había presentado cargos formales, interpuso una demanda en su contra, le impuso una prohibición de viajar y ordenó la puesta en libertad de todas las personas bajo custodia por su presunta implicación en la explosión.