Las autoridades cubanas deben liberar a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo Pérez de forma inmediata e incondicional, dijo Amnistía Internacional hoy al cumplirse un año desde que fueran condenados injustamente a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso legal que no respetó las garantías del juicio justo.
“La continua detención arbitraria de Luis Manuel y de Maykel es parte de un patrón de represión basado en encarcelar a toda costa a quienes disienten de las autoridades. Estas detenciones buscan generar un efecto paralizador del activismo y silenciar la libertad de expresión en Cuba”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Estas condenas son una muestra de la crueldad que el gobierno del presidente Díaz-Canel está dispuesto a ejercer sobre cualquier persona que critique a las autoridades cubanas. Las autoridades deberían abandonar el uso del sistema penal para reprimir a la población, y tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía”.
Maykel Castillo Pérez, conocido como “Osorbo”, es músico y activista de derechos humanos. Es coautor de la canción “Patria y vida”, que critica al gobierno cubano y ha sido adoptada como himno de protesta. Fue detenido en su domicilio el 18 de mayo de 2021 por agentes de seguridad y ha estado en prisión desde entonces.
La continua detención arbitraria de Luis Manuel y de Maykel es parte de un patrón de represión basado en encarcelar a toda costa a quienes disienten de las autoridades.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Luis Manuel Otero Alcántara es miembro del colectivo artístico Movimiento San Isidro, que se ha opuesto a una ley que censura a los artistas. Fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana, después de anunciar en un vídeo que se uniría a las protestas ese mismo día, en el que miles de personas se manifestaron de forma pacífica y espontánea en decenas de ciudades exigiendo un cambio en las condiciones de vida en Cuba.
Durante las protestas, miles de personas criticaban la escasez de alimentos y medicinas, el deficiente sistema de electricidad y las medidas restrictivas adoptadas en respuesta a la pandemia por Covid-19. Las autoridades respondieron con una ola de represión generalizada en todo el territorio. Durante las protestas y en las semanas posteriores a ellas, cientos de personas fueron detenidas de forma arbitraria y violenta, muchas de ellas fueron acusadas y procesadas por diversos delitos. Según la organización Justicia 11J, al 7 de junio de 2023, 773 personas detenidas durante las protestas de 2021 seguían privadas de su libertad.
En 2021, Amnistía Internacional analizó los hechos y el contexto de la detención de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y designó a ambos artistas como presos de conciencia, ya que han sido privados de la libertad solamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
Ambos artistas fueron acusados por los delitos de “desacato” y “desórdenes públicos”, delitos que el gobierno cubano utiliza comúnmente para criminalizar a activistas y opositores políticos. Estos delitos están descritos de forma ambigua en el código penal y son utilizados arbitrariamente para justificar penas de prisión por hechos que no deberían considerarse delitos, como criticar o insultar a una autoridad. El nuevo Código Penal cubano que entró en vigor en diciembre de 2022 no solo mantuvo vigentes estas disposiciones, sino que aumentó las penas mínimas aplicables a estos delitos.
Además, Luis Manuel fue acusado de “ultraje a los símbolos de la patria”, y Maykel de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”. Ambos son delitos que restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión garantizado en el derecho internacional de los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha también criticado la falta de una auténtica independencia de los tribunales en Cuba, particularmente en casos con motivaciones políticas donde muestran una innegable deferencia a favor de la Fiscalía y las condenas a los disidentes políticos están prácticamente garantizadas.
Las autoridades judiciales sistemáticamente conducen estos juicios de forma cerrada y sin acceso al público. Un familiar de los acusados puede asistir, pero no son admitidas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ni representantes diplomáticos. Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente acceso a diversos juicios en contra de activistas o disidentes políticos, sin recibir respuesta de las autoridades.
Entre las acciones de Luis Manuel y Maykel que el tribunal consideró delictivas se encuentran la publicación de frases e imágenes de protesta política en redes sociales, como un meme referente a las autoridades, fotografías en la playa con la bandera cubana, participar en manifestaciones y cantar en la calle una canción de protesta.
Estas condenas son una muestra de la crueldad que el gobierno del presidente Díaz-Canel está dispuesto a ejercer sobre cualquier persona que critique a las autoridades cubanas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
En este y en otros casos analizados por Amnistía Internacional, los tribunales valoran aspectos intrascendentes de la vida de los acusados que no deberían tener ningún efecto en materia penal. Por ejemplo, el tribunal ha utilizado como evidencia sus trabajos u oficios, relaciones con otras personas y su participación en asociaciones gremiales vinculadas al gobierno. En el caso de estos dos presos de consciencia, el tribunal destacó que Luis Manuel Otero “se reunía con elementos antisociales y de baja catadura moral” y que Maykel Castillo “se reunía con elementos antisociales”.
Amnistía Internacional considera que el proceso penal y la sentencia en que culminó consistieron en una farsa, carentes de cualquier respeto a las garantías mínimas del juicio justo. Las condenas deben ser revertidas y las personas afectadas liberadas de forma inmediata e incondicional. Asimismo, el gobierno debe garantizar que ni ellas, ni sus familias o allegados sufran represión por pedir justicia en este caso.