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Myanmar: Una investigación revela que la cadena de suministro de combustible para aviación está vinculada a crímenes de guerra

  • Amnistía pide a los Estados y las empresas que suspendan las exportaciones de combustible para aviación a Myanmar
  • Mediante la cadena de suministro, Puma Energy está vinculada a crímenes de guerra cometidos por el ejército de Myanmar
  • Se ha identificado a las empresas petroleras y gasísticas ExxonMobil, Thai Oil, PetroChina y Rosneft
  • La investigación, basada en documentos de empresa filtrados, fuentes del sector y entrevistas con desertores de las fuerzas aéreas de Myanmar, ofrece la imagen más completa de la cadena de suministro hasta la fecha
  • Los testimonios describen las devastadoras consecuencias de los ataques aéreos

La comunidad internacional debe impedir urgentemente que los envíos de combustible para aviación lleguen al ejército de Myanmar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al publicar una investigación sobre las empresas implicadas en la cadena de suministro, y estremecedores relatos nuevos sobre mortíferos ataques aéreos contra civiles.

Deadly Cargo: Exposing the Supply Chain that Fuels War Crimes in Myanmar ofrece el examen más detallado sobre el combustible para aviación desde que el ejército se hizo con el poder en el golpe de Estado de 2021, desde el distante puerto de donde partió originalmente el combustible hasta los ilegales ataques aéreos que mataron a civiles, así como todos los pasos intermedios.

“Estos ataques aéreos han devastado familias, aterrorizado a civiles, y matado y mutilado a víctimas. Pero, sin combustible, los aviones no pueden volar y causar estragos. Hoy pedimos a suministradores, agentes marítimos, armadores de barcos y aseguradores marítimos que se retiren de una cadena de suministro que beneficia a la Fuerza Aérea de Myanmar”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“No hay justificación para participar en el suministro de combustible para aviación a un ejército que muestra un flagrante desprecio hacia los derechos humanos y que ha sido acusado repetidamente de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos.”

Estos ataques aéreos han devastado familias, aterrorizado a civiles, y matado y mutilado a víctimas. Pero, sin combustible, los aviones no pueden volar y causar estragos.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

La investigación de Amnistía Internacional ha sido llevada a cabo en colaboración con Justicia para Myanmar y con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil, como Burma Campaign UK.

El informe se basa en una amplia diversidad de fuentes, incluidos documentos de empresas filtrados, archivos de empresas, datos de rastreo de barcos, imágenes de satélite, registros públicos, entrevistas exclusivas con desertores de la Fuerza Aérea de Myanmar y fuentes cercanas a Puma Energy.

También incluye testimonios de supervivientes de ataques aéreos que compartieron sus terribles experiencias para arrojar luz sobre las vidas humanas que se han cobrado estos ataques ilegítimos. Las víctimas de ataques aéreos forman parte de los más de 2.300 civiles que han muerto a manos del ejército desde el golpe de Estado.

Ka Naw, de 73 años y que fue testigo de un ataque aéreo contra un pueblo habitado en el estado de Kayah (Karenni), este de Myanmar, que mató a civiles en febrero de 2022, describe lo que sucedió.

“El ruido era tan fuerte. Vi los aviones que bajaban, bombardeaban y volvían a subir”, contó. “Volaban muy bajo […] En el primer pase lanzaron bombas, y luego se dieron la vuelta y dispararon con ametralladoras.”

La cadena de suministro, expuesta a la luz

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con independencia del lugar donde desarrollen sus actividades. Sin embargo, las pruebas publicadas hoy por Amnistía Internacional demuestran que las acciones de algunas empresas implicadas en el suministro de combustible para aviación a Myanmar las vinculan a los crímenes de guerra cometidos por el ejército del país.

Desde 2015, la principal empresa extranjera implicada en el manejo, almacenamiento y distribución de combustible para aviación a Myanmar ha sido Puma Energy, perteneciente en gran parte al gigante comercial Trafigura. Puma Energy ha desarrollado sus actividades en Myanmar a través de su filial Puma Energy Asia Sun (PEAS) y de la empresa conjunta National Energy Puma Aviation Services (NEPAS). Según Puma Energy, desde febrero de 2021 y hasta el 5 de octubre de 2022, la empresa limitó sus operaciones a la provisión de combustible para aviación con fines civiles. Sin embargo, este informe demuestra lo contrario.

Nuestras conclusiones indican que el combustible para aviación (Jet A-1) entra en Myanmar principalmente por una terminal del puerto de Thilawa gestionada por PEAS. Amnistía Internacional identificó ocho envíos diferentes de combustible para aviación que fueron descargados en esa terminal entre febrero de 2021 y mediados de septiembre de 2022.

El combustible luego se almacenó en la terminal de PEAS hasta que fue transportado en camiones cisterna a los almacenes de NEPAS y a bases aéreas militares de todo el país. Según datos obtenidos entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, algunos almacenes de NEPAS están vinculados a bases aéreas militares, lo que demuestra que el uso civil y militar del combustible para aviación está inextricablemente ligado. Al facilitar el acceso del ejército de Myanmar al combustible para aviación, Puma Energy contribuyó a los daños causados a los derechos humanos por el ejército del país.

La propia Puma Energy reconoció a Amnistía Internacional que había “tenido conocimiento de informes que indicaban que el ejército exigía por la fuerza combustible en determinadas instalaciones aeroportuarias de NEPAS. Estos presuntos incidentes minaron nuestra confianza en la capacidad de NEPAS de mantener los controles establecidos” por Puma Energy.

El 26 de septiembre, Amnistía Internacional presentó a Puma Energy las pruebas de este informe. Diez días después, la empresa anunció que abandonaba el país y vendía su negocio en Myanmar.

“Reconocemos la decisión de Puma Energy de abandonar Myanmar, pero el anuncio de ventas a una ‘empresa privada de propiedad local’ no revelada suscita una preocupación totalmente nueva sobre la necesidad de retirarse de manera responsable y transparente y de evitar dejar la infraestructura del combustible para aviación en manos del ejército de Myanmar”, ha manifestado Montse Ferrer, investigadora de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

“Puma Energy debe retirarse responsablemente y contribuir a remediar cualquier daño. Esto debería empezar con consultas a representantes de las comunidades de Myanmar que se han visto afectadas por ataques aéreos ilegítimos para encontrar medidas adecuadas de reparación”, ha declarado Montse Ferrer.

Envíos revelados

Pero no es sólo Puma. Otras empresas desempeñan papeles importantes en la cadena de suministro del combustible para aviación en Myanmar, que los vinculan a las mismas violaciones de derechos humanos.

Entre febrero de 2021 y el 17 de septiembre de 2022, al menos siete petroleros descargaron ocho envíos de combustible para aviación en la terminal del puerto gestionada por la filial de Puma Energy PEAS en Thilawa, en la capital comercial, Yangón.

Amnistía Internacional confirmó el remitente y la fecha de cuatro de los envíos: Singapore Petroleum Company (SPC), de propiedad exclusiva de PetroChina (SPC) (diciembre de 2021), Rosneft, de Rusia (diciembre de 2021), Chevron Singapore (febrero de 2022) y Thai Oil (junio de 2022). Además, ExxonMobil está vinculada a un envío realizado en junio de 2022.

Los documentos obtenidos por Amnistía Internacional muestran que los envíos de Thai Oil y SPC de PetroChina iban destinados a ser utilizados por la Fuerza Aérea de Myanmar.

Respecto a Rosneft, Chevron y Thai Oil, sus representantes dijeron a Amnistía Internacional que habían recibido garantías de que los envíos serían únicamente para uso civil. SPC de PetroChina no respondió a la petición de comentarios. En respuesta a las cartas de Amnistía Internacional, Thai Oil declaró que suspenderá las ventas de combustible para aviación Jet A-1 a Myanmar “hasta que [se ponga fin al] asunto en cuestión”.

“Toda empresa que ejerza la diligencia debida en materia de derechos humanos debe ser consciente de que vender combustible para aviación a un cliente situado en un país gobernado por un ejército con un historial atroz de derechos humanos constituye, como mínimo, un alto riesgo”, ha manifestado Montse Ferrer.

Toda empresa que ejerza la diligencia debida en materia de derechos humanos debe ser consciente de que vender combustible para aviación a un cliente situado en un país gobernado por un ejército con un historial atroz de derechos humanos constituye, como mínimo, un alto riesgo.

Montse Ferrer, investigadora principal de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos


También se ha descubierto que el armador coreano de barcos Pan Ocean y la empresa naviera noruega Wilhelmsen están implicados en una serie de envíos de combustible para aviación. Pan Ocean no respondió a Amnistía. Wilhelmsen dijo que creían que los envíos eran para uso civil, pero también dijo que cesarán “inmediatamente de proporcionar servicios de agencia de cualquier tipo a barcos o propietarios de cargamentos que descarguen combustible para aviación Jet A-1 en puertos de Myanmar”.

Documentación sobre ataques aéreos

En el transcurso de esta investigación, Amnistía Internacional documentó 16 ataques aéreos ilegítimos que tuvieron lugar entre marzo de 2021 y agosto de 2022 en los estados de Kayah, Kayin y Chin, así como en la región de Sagaing.

En lo que constituye una preocupante novedad, en dos de esos ataques Amnistía Internacional documentó el uso, por parte del ejército de Myanmar, de municiones de racimo, prohibidas internacionalmente por su carácter intrínsecamente indiscriminado.

Amnistía Internacional ha podido relacionar directamente cuatro bases aéreas —Hmawbi, Magway, Tada-U y Taungoo— con ataques que constituyen crímenes de guerra.

Los ataques aéreos documentados mataron en total al menos a 15 civiles, hirieron al menos a otros 36 y destruyeron casas, edificios religiosos, escuelas, centros médicos y un campo de personas desplazadas.

La cifra de muertes causadas por ataques aéreos se basa en lo que Amnistía Internacional ha podido verificar a través de pruebas directas, incluidos testimonios de testigos y nombres de víctimas, corroboradas a menudo por material fotográfico y de vídeo sobre los ataques.

Basándose en informaciones de los medios de comunicación y en documentación aparte sobre derechos humanos, se dibuja un patrón mucho más amplio de ataques aéreos ilegítimos que han matado y herido a civiles en todo Myanmar, lo que significa que la cifra real de muertes es mucho más alta.

En la gran mayoría de estos casos documentados sólo parece haber habido civiles presentes en el lugar y el momento del ataque.

Las hermanas Maria y Caroline, de unos 15 y 12 años, murieron en un ataque aéreo nocturno el 17 de enero de 2022 en el campo para personas internamente desplazadas de Ree Khee Bu, en el estado de Kayah, que hace frontera con Tailandia. Nu Nu, un hombre en la cincuentena, también murió. Kaw Reh, de 50 años y padre de las niñas, que aquella noche estaba en otro pueblo, llegó a la mañana siguiente y encontró sus cadáveres cubiertos con tela.

“Pusieron los cadáveres de mis hijas y del hombre en la iglesia. Yo sólo quería ver los cadáveres y sentarme allí”, dijo, y añadió que las pertenencias de la familia en el lugar del bombardeo habían sido destruidas por la metralla o quemadas por otros residentes porque había “órganos y sangre por todas partes”. Su otra hija, que sobrevivió y que antes era extrovertida y activa, ya no juega con los demás niños.

En julio de 2022, dos investigadores de Amnistía Internacional visitaron el lugar del ataque y examinaron los cráteres de las bombas y otros daños que aún se veían. Dada la ausencia de combatientes u otros objetivos militares en las cercanías en el momento del ataque, este parece ser un ataque directo contra la población civil, y constituiría un crimen de guerra.

“El combustible para aviación suministrado, importado, almacenado y distribuido por una serie de empresas ha sido fundamental para que el ejército de Myanmar lleve a cabo este tipo de atroces ataques aéreos. Es hora de romper definitivamente la cadena de suministro de combustible para aviación a la Fuerza Aérea de Myanmar”, ha manifestado Montse Ferrer.