© Ana María Buitrón

Datos y cifras: Desprotegidas en Ecuador

Características de la movilidad humana venezolana:

Cifras generales de violencia basada en género en Ecuador:

  • Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
  • Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado a Amnistía Internacional, entre enero y agosto de 2022, Ecuador registró 19.359 denuncias de violencia contra la mujer en 2022.

Cifras de violencia basada en género hacia mujeres refugiadas venezolanas:

  • El 72% de mujeres venezolanas encuestadas por Plan Internacional consideran que esta población enfrenta algún tipo de violencia de género en Ecuador.
    • Las formas de violencia más recurrentes son la violencia psicológica en el espacio público y privado (51%), acoso sexual en el trabajo (41%), agresiones físicas dentro del hogar (32%) y control de ingresos (10%).
  • Señales de subregistro: La Fiscalía General del Estado en Ecuador registró 64 mujeres venezolanas víctimas de violencia física, 521 de violencia psicológica y 4 de violencia sexual entre enero y agosto de 2022.
  • En tránsito, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia y Perú, las mujeres venezolanas corren un alto riesgo de ser víctimas de múltiples formas de violencia de género, incluida la violencia sexual, y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. 
  • La exigencia de visa para personas venezolanas que quieran ingresar a Ecuador desde agosto de 2019, sumado al cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022, hizo que las personas venezolanas se vieran obligadas a entrar en territorio ecuatoriano a través de pasos irregulares, en su mayoría dominados por grupos criminales que actúan con impunidad.

Falta de acceso a documentación migratoria

  • La mayoría de las mujeres venezolanas en Ecuador se encuentran en una condición migratoria irregular. Únicamente el 13,37% de la población venezolana mantiene un estatus regular (67.185 personas).
  • Reconocimiento de la condición de persona refugiada
    • Entre 2018 y 2022, 27.889 personas venezolanas solicitaron la condición de refugiadas en Ecuador. En esos años, únicamente 1.100 personas venezolanas, 555 mujeres, han sido reconocidas como personas refugiadas, 18.934 solicitudes han sido denegadas, mientras que 7.855 se encuentran en trámite.
    • De las 1.100 personas refugiadas reconocidas entre 2018 y 2022, 1.006 han sido reconocidas por la definición de la Convención de 1951, 60 por la Declaración de Cartagena y 34 sin especificar.
  • Alternativas de regularización migratoria: visas VERHU y VIRTE
    • En agosto de 2019, el Estado empezó a exigir visa a las personas venezolanas y estableció la posibilidad de otorgar una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, también conocida como VERHU.
      • Desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 27 de julio de 2022, el Estado ecuatoriano otorgó un total de 58.425 visas VERHU a personas venezolanas, 29.867 visas a favor de mujeres y 28.558 a favor de hombres.
    • En junio de 2022, el gobierno anunció un nuevo proceso de regularización para personas venezolanas, a través del otorgamiento de la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (VIRTE).
      • El proceso nuevamente excluye a las personas venezolanas que ingresaron de manera irregular después del 26 de agosto de 2019 y exige un pago de 50 USD.

Obstáculos para el acceso de las mujeres venezolanas a mecanismos de protección

  • Falta de información sobre mecanismos de denuncia y protección existentes
    • Esfuerzos institucionales de difusión de información no cuentan con un enfoque en mujeres refugiadas
    • El desconocimiento de rutas de atención es especialmente notorio en lugares donde las instituciones estatales con mandato relevante a la atención de casos de violencia de género tienen menor presencia, como la frontera sur del país.
      • En Huaquillas el Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) de la Policía Nacional cuenta con únicamente dos personas funcionarias para varios cantones, la Defensoría del Pueblo no cuenta con personal permanente en territorio y la Defensoría Pública no cuenta con personal especializado en violencia basada en género
  • Temor y desconfianza en las autoridades
    • Según Plan Internacional, el 71% de las mujeres venezolanas en Ecuador considera que los casos de violencia hacia las mujeres no suelen ser denunciados, frente a un 29% que señaló que sí. El 27% mencionaron la desconfianza en las instituciones públicas como las principales razones para no denunciar.
    • Las mujeres venezolanas reportan tener miedo de acercarse a las instituciones estatales a pedir ayuda o denunciar hechos de violencia por temor a que les impongan multas económicas que no pueden pagar, o incluso ser expulsadas del país.
    • Al no haber recibido información sobre sus derechos, muchas mujeres venezolanas desconocen que la ley ecuatoriana les permite acudir a buscar protección o presentar una denuncia ante la fiscalía, aunque no cuenten con un documento de identidad.

Deficiencias de la respuesta estatal frente a la violencia basada en género

  • Deficiencias en servicios de primera que permitan identificar y responder a casos de violencia basada en género, como la Policía Nacional y el sistema de salud:
    • Estereotipos sexistas y xenofóbicos por parte de personas funcionarias públicas hacia las mujeres venezolanas,
    • Prácticas ilegales, como intentos de mediación, en casos de violencia,
    • Falta de recursos humanos y económicos.
      • Según estándares internacionales, Ecuador debería contar con 1,700 casas de acogida para su población. La Secretaría de Derechos Humanos ha identificado la existencia de 12 casas de acogida de la sociedad civil, 4 de las cuales cuentan actualmente con financiamiento del gobierno central. En 2022, se recortó el 18,46% del presupuesto para casas de acogida, lo que provocó el cierre de casas y reducción de personal.
  • Deficiencias en el sistema de justicia:
    • Estereotipos hacia las mujeres venezolanas
    • Falta de conocimiento de la normativa aplicable, que permite a todas las personas extranjeras presentar denuncias sin restricciones
    • Procesos judiciales lentos, revictimizantes y costosos en la práctica