Brasil: Coincidiendo con su examen ante la ONU, se constata repunte de homicidios cometidos por la policía de Río

Las autoridades de Brasil cierran los ojos con creciente frecuencia ante una crisis de derechos humanos cada vez más profunda a las que ellas mismas contribuyen, afirmó Amnistía Internacional en un informe para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el periodo previo al examen del país el 5 de mayo.

Desde que Brasil se sometió por última vez a escrutinio en el examen periódico universal de la ONU, en 2012, la violencia ha repuntado de tal modo que los homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro casi se han duplicado, hasta llegar a 182 en los primeros dos meses de 2017, y las tasas de homicidios y otras violaciones de derechos humanos también han aumentado en otros lugares del país.

“Desde el último examen en las Naciones Unidas, Brasil no ha tomado suficientes medidas para hacer frente a los alarmantes niveles de violaciones de derechos humanos en todo el país, incluidas las tasas en aumento de homicidios cometidos por la policía que causan la muerte de cientos de personas cada año”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

“Se ha hecho muy poco para reducir el número de homicidios, controlar el uso de la fuerza por la policía, o garantizar los derechos de los pueblos indígenas tal como se afirma en la Constitución de Brasil. Los Estados miembros de la ONU deben decir con claridad a Brasil que esto tiene que cambiar.

Se ha hecho muy poco para reducir el número de homicidios, controlar el uso de la fuerza por la policía, o garantizar los derechos de los pueblos indígenas tal como se afirma en la Constitución de Brasil. Los Estados miembros de la ONU deben decir con claridad a Brasil que esto tiene que cambiar.
Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil

“Lo que hoy observamos es que la profunda crisis política, ética y económica de Brasil se utiliza como excusa para pisotear derechos humanos firmemente establecidos.”

En enero y febrero de 2017, sólo en Río de Janeiro, al menos 182 personas perdieron la vida durante operaciones militares en barrios marginales (favelas), lo que representa un aumento del 78% en comparación con el mismo periodo de 2016, según cifras oficiales.

En 2016 se documentaron en la ciudad 920 homicidios cometidos por la policía, frente a 419 en 2012.

Brasil registra un número global muy elevado de homicidios; en 2015 perdieron la vida de ese modo casi 60.000 personas en el país. La mayoría de las víctimas son jóvenes varones negros. Agentes de policía son responsables de un porcentaje considerable del número total de homicidios que se cometen en el país, muchos de los cuales podrían ser ejecuciones extrajudiciales, constitutivas de crímenes de derecho internacional.

En 2015, en la ciudad de Río de Janeiro, agentes de policía fueron responsables de uno de cada cinco asesinatos, y en São Paulo, de uno de cada cuatro, según datos oficiales.

A pesar de que más del 70% de los homicidios que se comenten en Brasil suponen el uso de armas de fuego, es preocupante que el Congreso esté debatiendo actualmente el llamado “Estatuto de Desarme”, que relajaría las restricciones para portar armas de fuego que están en vigor desde 2004.

También ha aumentado en los últimos años la violencia en las zonas rurales, donde un número considerable de hechos de esta índole está relacionado con conflictos por las tierras que afectan a pueblos indígenas y campesinos rurales. En 2016, la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra) registró 61 asesinatos, 200 amenazas y 74 asesinatos en grado de tentativa relacionados con conflictos por tierras y recursos naturales. En los últimos 25 años, estas cifras sólo han sido superadas por las de 2013, cuando murieron 73 personas. En los meses transcurridos de 2017 han perdido la vida 19 personas.

En su informe para las Naciones Unidas, Amnistía Internacional también planteó graves motivos de preocupación relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, la tortura y los malos tratos, las condiciones de reclusión, la libertad de expresión y la represión de protestas pacíficas.