El Parlamento de Mongolia es, por el momento, el último que ha enviado la pena de muerte a los libros de historia, en una importante victoria para los derechos humanos en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Mongolia ha sentado un ejemplo que esperamos que sea seguido rápidamente en toda Asia. Ha mostrado con claridad a los países que siguen ejecutando el camino que hay que seguir si se quiere poner fin a este castigo cruel e inhumano.
Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre el este de Asia.
El jueves, los legisladores votaron a favor de un nuevo Código Penal en que contiene la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. El nuevo Código Penal entrará en vigor en septiembre de 2016 y hará que el número de países que han abandonado totalmente la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se eleve a 102.
“La histórica decisión de Mongolia de abolir la pena de muerte es una gran victoria para los derechos humanos. La pena de muerte se está convirtiendo en algo del pasado en todo el mundo”, afirmó Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre el este de Asia.
“Mongolia ha sentado un ejemplo que esperamos que sea seguido con rapidez en toda Asia. Ha mostrado con claridad a los países que siguen ejecutando el camino que hay que seguir si se quiere poner fin a este castigo cruel e inhuman.”
Este año ya han abolido la pena de muerte tres países: Fiyi, Madagascar y Surinam.
La última ejecución realizada en Mongolia fue en 2008 y la pena de muerte seguía estando clasificada como secreto de Estado. Desde entonces, el país ha adoptado una serie de medidas hacia la abolición que culminaron en la histórica votación parlamentaria de ayer.
En 2010, el presidente del país, Tsakhiagiin Elbegdorj, conmutó todas las condenas a muerte y anunció una moratoria de todas las ejecuciones. En 2012, Mongolia ratificó un tratado internacional por el que se comprometía a abolir la pena de muerte.
El presidente Tsakhiagiin Elbegdorj ha declarado en reiteradas ocasiones que Mongolia debía dar la espalda a la pena de muerte para respetar plenamente el derecho a la vida, afirmando que la amenaza de las ejecuciones carecía de efecto disuasorio y que el riesgo de un error judicial era inherente en cualquier sistema de justicia.
“El presidente Tsakhiagiin Elbegdorj puso de relieve la falacia de la pena de muerte. El liderazgo político que ha mostrado en la abolición de la pena de muerte en Mongolia debe repetirse en el resto de Asia. Los países que siguen ejecutando están en el lado equivocado de la historia”, concluyó Roseann Rife.
Una minoría de países sigue usando la pena de muerte de formas totalmente contrarias al derecho y a las normas internacionales. Este año, Indonesia reanudó las ejecuciones en medio de críticas de todo el mundo, mientras Pakistán ha ejecutado al menos a 300 personas desde que levantó la moratoria de las ejecuciones en diciembre de 2014. En Asia oriental, China, Japón, Corea del Norte y Taiwán han llevado a cabo ejecuciones en 2015.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.