Tailandia: La absolución de los periodistas de Phuketwan, un tímido paso en la dirección correcta

La absolución de dos periodistas en Tailandia, juzgados por reproducir fragmentos de un artículo sobre la trata de seres humanos, es una buena noticia para la libertad de expresión, aunque ninguno de los dos tenía que haber sido siquiera juzgado; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“La decisión de absolver a estos dos periodistas es positiva, pero lo cierto es que nunca deberían haber sido juzgados, y menos aún condenados a permanecer años en prisión."
Josef Benedict, director de campañas de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático

Hoy, Alan Morison, director del medio informativo en línea Phuketwan, y Chutima Sidasathian, reportera del mismo medio, han sido declarados inocentes del delito de difamación y de infringir una disposición de la Ley de Delitos Informáticos. La disposición penaliza la importación de información digital falsa o inventada de manera tendente a causar daños a terceros o a la opinión pública.

Los cargos, presentados a raíz de una denuncia de la Real Armada Tailandesa, se basan en un párrafo extraído de un artículo publicado por Reuters que obtuvo el premio Pulitzer en el que se examinaba el papel de Tailandia en la trata de migrantes rohingyas, publicado en 2013.

"La decisión de absolver a estos dos periodistas es positiva, pero lo cierto es que nunca deberían haber sido juzgados, y menos aún condenados a pasar años en prisión. Las autoridades tailandesas han vuelto a mostrar su desprecio por la libertad de expresión al iniciar esta causa", ha afirmado Josef Benedict, director de campañas de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático.

“Se están utilizando indebidamente unas ambiguas disposiciones de la Ley de Delitos Informáticos como instrumento para acallar y hostigar a los medios de comunicación independientes. Esta ley contiene disposiciones que vulneran los derechos humanos y se deben anular o modificar con carácter inmediato a fin de cumplir las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud del derecho internacional.

“No es más que el último de una larga sucesión de ataques a la libertad de expresión y a los medios de comunicación desde que los miliares tomaron el poder en 2014. Las autoridades de Tailandia deberían dejar de defender sólo de palabra los derechos humanos y levantar de inmediato las ilegítimas restricciones impuestas sobre la libertad de expresión, lo que incluye presentación de cargos e imposición de condenas contra un número creciente de presos de conciencia."