Egipto: Ley antiterrorista draconiana, última herramienta para amordazar a activistas pacíficos y aplastar la disidencia

Una draconiana ley antiterrorista que amplía el férreo control de las autoridades egipcias sobre el poder vulneraría la esencia misma de las libertades básicas y principios de derechos humanos, por lo que debe ser descartada de inmediato o revisada a fondo, ha afirmado Amnistía Internacional.

El proyecto de ley, que debate hoy el gobierno, representa un ataque flagrante contra el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. También debilita salvaguardias destinadas a garantizar la imparcialidad procesal y amplía el uso de la pena de muerte. De ser aprobada, la ley podría ser firmada por el presidente y ratificada en cuestión de días.

“La propuesta de ley antiterrorista amplía enormemente los poderes de las autoridades egipcias y amenaza los derechos más fundamentales a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Si se aprueba, se convertirá en otra herramienta más para que las autoridades aplasten todas las formas de disidencia”, dijo Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El gobierno egipcio debe descartar el represivo proyecto de ley o revisarlo a fondo para que sea compatible con la Constitución egipcia y las leyes y normas internacionales de derechos humanos.”

Si se aprueba, se convertirá en otra herramienta más para que las autoridades aplasten todas las formas de disidencia.
Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional

En su forma actual, el proyecto de ley confiere amplias facultades al presidente egipcio. En ausencia de un Parlamento, estas facultades no están sometidas a ningún control y la autoridad que recibe el presidente es casi absoluta. El proyecto legislativo también permite que las autoridades tomen medidas extremas que normalmente sólo se aplicarían en un estado de excepción, y no tiene en cuenta las estrictas condiciones que las leyes y normas internacionales de derechos humanos exigen para poder adoptarlas.

“Una de las razones fundamentales por las que la ciudadanía egipcia salió a la calle en 2011 fue la abolición de los 30 años del estado de excepción impuesto por Hosni Mubarak. Conceder al presidente actual poderes absolutos similares es un golpe mortal para los derechos humanos en Egipto”, añadió Said Boumedouha.

El proyecto de ley antiterrorista fue introducido por el Consejo de Estado poco después del homicidio del fiscal general el 29 de junio y de la oleada de atentados mortales contra las fuerzas de seguridad en el norte de la península del Sinaí que se han cobrado la vida de al menos 17 miembros de dichas fuerzas.

“La ley antiterrorista es una clara reacción visceral para consolidar el férreo control de las autoridades sobre el poder y contrarrestar las recientes amenazas para la seguridad. Aunque las autoridades egipcias tienen la obligación de mantener la seguridad, no deben pisotear los derechos humanos en el proceso”, afirmó Said Boumedouha.

La ley antiterrorista es una clara reacción visceral para consolidar el férreo control de las autoridades sobre el poder y contrarrestar las recientes amenazas para la seguridad. Aunque las autoridades egipcias tienen la obligación de mantener la seguridad, no deben pisotear los derechos humanos en el proceso.
Said Boumedouha

La ley también impone severas limitaciones a los periodistas y otras personas que informan de atentados “terroristas” y que incluyen detalles o estadísticas diferentes de las anunciadas por el Estado. Quienes lo hagan podrían ser condenados como mínimo a dos años de prisión. El proyecto de ley prohibiría efectivamente a los periodistas recabar información de fuentes diferentes, como testigos presenciales y familias, para cuestionar la versión del gobierno. Ya hay al menos 18 periodistas detenidos y acusados de delitos como “emitir información falsa”, que no está reconocido en el derecho internacional.

“Las draconianas nuevas medidas impondrían efectivamente una mordaza a los periodistas que intenten informar de forma independiente de los hechos tal como los perciben. Es un claro intento por parte de las autoridades de chantajear e intimidar a los periodistas que cuestionan la versión oficial”, dijo Said Boumedouha.

Las draconianas nuevas medidas impondrían efectivamente una mordaza a los periodistas que intenten informar de forma independiente de los hechos tal como los perciben. Es un claro intento por parte de las autoridades de chantajear e intimidar a los periodistas que cuestionan la versión oficial.
Said Boumedouha

Además, el proyecto de ley amplía la definición de lo que constituye un ‘acto terrorista’ usando parámetros amplios tales como ‘perturbar el orden público y la paz social’, ‘dañar la unidad nacional y la economía nacional’ y ‘obstaculizar la aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes nacionales’.”

“Si se adopta la ley en su forma actual, podría criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y representaría un riesgo especial para periodistas, blogueros, defensores de derechos humanos y otros”, prosiguió Said Boumedouha.

Ya hay miles de personas —manifestantes pacíficos, activistas pro derechos humanos y periodistas entre ellas— en las prisiones egipcias por cargos similares que incluyen “perturbar el orden público y la paz social” y “obstaculizar la aplicación de las leyes”.

La ley establece asimismo unos tribunales especiales antiterroristas para juzgar los delitos “terroristas” y añade nuevos delitos a la lista de los que están castigados con la pena capital. Las normas internacionales establecen claramente que las jurisdicciones militares y otras jurisdicciones especiales no tienen autoridad para imponer la pena de muerte y que el ámbito de su aplicación nunca debe ampliarse.

En virtud del proyecto de ley, los tribunales antiterroristas están obligados a acelerar las sentencias y limitar las apelaciones ante el tribunal de casación. El proceso de apelación tenía hasta ahora dos fases, y si se elimina esta disposición se acabaría con una garantía procesal clave para las personas condenadas por estos tribunales especiales y pondría a cientos de personas en peligro de ser ejecutadas tras unas actuaciones aceleradas sumamente defectuosas.

“Cientos de egipcios ya han sido condenados a muerte en Egipto tras juicios manifiestamente injustos. La ley antiterrorista haría que decenas de personas más corrieran el riesgo de ser ejecutadas tras unas actuaciones similarmente atroces. En lugar de buscar una forma de ampliar la aplicación de la pena de muerte, las autoridades deberían adoptar medidas para acabar con su uso”, concluyó Said Boumedouha.

En lo que va de 2015 han sido ejecutados siete hombres en Egipto tras juicios manifiestamente injustos, algunos de ellos celebrados ante tribunales militares especiales.