Afganistán: El gobierno y la comunidad internacional dan la espalda a las defensoras de los derechos humanos

Las defensoras de los derechos humanos en Afganistán, que hacen frente a una creciente violencia –que incluye amenazas, agresión sexual y asesinatos–, están siendo abandonadas por su propio gobierno a pesar de los considerables logros que han obtenido con su lucha, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.


El informe Their Lives On The Line documenta cómo paladines de los derechos de las mujeres y niñas, entre las que hay profesionales de la medicina y de la abogacía, policías y periodistas además de activistas, han sido blanco de ataques no sólo de los talibanes sino también de señores de la guerra y funcionarios públicos. Las leyes que deberían apoyarlas se aplican de forma deficiente, si es que llegan a aplicarse, mientras la comunidad internacional hace muy poco para aliviar su difícil situación.


Las defensoras de los derechos han sufrido atentados con automóviles bomba, ataques con granadas en sus viviendas, homicidios de familiares y asesinatos selectivos. Muchas continúan con su labor pese a haber sufrido múltiples ataques, con pleno conocimiento de que no se tomará ninguna medida contra los autores.


“Defensoras de los derechos humanos de toda condición han luchado con valentía para obtener algunos logros considerables en los últimos 14 años; muchas han pagado incluso con su vida. Es indignante que las autoridades afganas las abandonen a su suerte, cuando su situación es más peligrosa que nunca”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en Kabul para presentar el informe.


“Cuando la retirada de tropas está casi concluida, son demasiados en la comunidad internacional quienes parecen felices de esconder a Afganistán debajo de la alfombra. No podemos abandonar sin más este país y a quienes se juegan la vida por los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres.”


Ha tenido lugar una considerable inversión internacional para apoyar a las mujeres afganas, que ha incluido iniciativas para fortalecer los derechos de las mujeres. Pero una parte excesiva de esa inversión ha sido poco sistemática y ad hoc, y gran parte del dinero recibido en concepto de ayuda se está agotando.


Aunque los talibanes son responsables de la mayoría de los ataques contra las defensoras, funcionarios públicos o poderosos jefes locales con el respaldo de las autoridades están implicados con creciente frecuencia en actos de violencia y amenazas contra las mujeres.


Una mujer lo explicó así: “Ahora las amenazas vienen de todos los lados: es difícil identificar a los enemigos. Pueden ser los familiares, los organismos de seguridad, los talibanes, los políticos.”


A partir de entrevistas con más de 50 defensoras y sus familiares en todo el país, Amnistía Internacional encontró una constante persistente de ignorar o no tomarse en serio las amenazas contra las mujeres. Se han llevado a cabo pocas investigaciones, mientras que los procesamientos y las sentencias condenatorias han sido aún más escasos. En muchos casos, las defensoras que denunciaron violencia o ataques corrieron aún más riesgo, y tuvieron que hacer frente a la estigmatización o a amenazas por el mero hecho de alzar su voz.


Ninguna mujer que participa en la vida pública está segura: hacen frente a amenazas y violencia desde activistas de los derechos hasta políticas, abogadas, periodistas o profesoras. Incluso están bajo amenaza las mujeres que forman parte de las fuerzas policiales, donde el acoso sexual y la intimidación son prácticas muy extendidas y casi siempre quedan impunes.


En la provincia de Laghman, en el este del país, la doctora Shah Bibi es la directora del Departamento de Asuntos de la Mujer, y continúa con su trabajo para fortalecer los derechos de las mujeres a pesar de que múltiples amenazas de muerte la obligaron a mudarse a otra provincia.


“Cada día al salir de casa pienso que no regresaré viva, y mis hijos tienen tanto miedo como yo a un posible ataque de los talibanes contra mí.”


Las dos predecesoras de la doctora Bibi –Najia Sediqi y Hanifa Safi– perdieron la vida en el plazo de seis meses en 2012, a manos de hombres armados a plena luz del día y en un atentado con automóvil bomba, respectivamente. En un relato familiar, miembros de sus familias refirieron a Amnistía Internacional cómo las amenazas de muerte habituales no merecieron respuesta alguna de las autoridades, pese a las reiteradas peticiones de protección de las mujeres. Nadie ha rendido cuentas por estas muertes.


Pese a la existencia de un marco jurídico para proteger a las mujeres en Afganistán –gracias en gran parte a las incansables acciones de campaña de las propias activistas de los derechos de las mujeres–, a menudo las leyes se aplican de manera deficiente y siguen siendo meras promesas sobre el papel.


La histórica Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2009, se sigue aplicando de manera desigual y sólo ha dado lugar a un número limitado de sentencias condenatorias. La investigación de Amnistía Internacional reveló que la falta de voluntad política por parte de las autoridades afganas impide que los organismos gubernamentales y los funcionarios encargados de proteger a las mujeres dispongan de los recursos necesarios y de apoyo para llevar a cabo su trabajo.
A esto hay que sumar la aceptación general de la violencia contra las mujeres y niñas como una parte “normal” de la vida y las limitaciones impuestas a su capacidad para participar libremente en la vida pública.


Amnistía Internacional hace varias peticiones en el informe. La protección, especialmente para quienes viven en zonas rurales, es esencial; no debe haber discriminación en el nivel de protección; deben llevarse a cabo enjuiciamientos, aplicando la legislación adecuada. Es preciso abordar la cultura de hostigamiento en las instituciones públicas, y las autoridades deben actuar contra las actitudes que dan lugar a abusos.


“El gobierno afgano está mirando hacia otro lado ante la amenaza absolutamente real a la que se enfrentan las defensoras derechos humanos. Estas personas valientes –muchas de las cuales se limitan a hacer su trabajo– son el baluarte contra la opresión y la violencia que forma parte de la vida diaria para millones de mujeres en todo el país. El gobierno debe garantizar su protección, no ignorarlas”, ha afirmado Horia Mosadiq, investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán.


Aunque los gobiernos internacionales han invertido cientos de millones de dólares en proyectos de apoyo a los derechos de las mujeres desde 2001, el enfoque no ha sido suficiente. Los proyectos se han centrado con excesiva frecuencia en beneficios a corto plazo, y se han puesto en práctica sin consultar a las propias activistas de los derechos de las mujeres.


Cuando la retirada de las tropas internacionales está cerca de su conclusión, incluso estas frágiles conquistas están amenazadas.
Los países de la Unión Europea Plus (la UE y otras misiones diplomáticas) han lanzado recientemente un programa que, cuando esté operativo, ofrecerá protección de emergencia y vigilancia permanente a las defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, la estrategia no ha sido sometida a prueba todavía, y sigue estando por verse hasta qué punto se aplicará con éxito.
“Afganistán se enfrenta a un futuro incierto, y se encuentra posiblemente en el momento más crítico de su historia reciente. Ahora no es el momento de que los gobiernos internacionales se desentiendan”, ha afirmado Salil Shetty.


“La comunidad internacional debe intensificar un compromiso continuado y el gobierno afgano no puede seguir ignorando sus obligaciones en materia de derechos humanos.”