Bolivia: La incansable lucha para no quedar en el olvido

Foto: © Plataforma Luchadores Sociales

Por Mónica Costa, Encargada de Campanas de Amnistía Internacional.

Hoy es un día muy importante para cientos de personas en Bolivia, aun cuando el calendario no registre ninguna celebración oficial.

Sobrevivientes de torturas y detenciones arbitrarias y familiares de personas desaparecidas durante los regímenes militares que gobernaron al país entre 1964 y 1982 presentarán sus reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, Estados Unidos.

Representantes de la Plataforma de Luchadores Sociales, la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), el Movimiento Mujeres Libertad y la Unión Nacional de Víctimas de Violencia Política, expondrán ante este órgano regional la falta de atención que las autoridades bolivianas han prestado a sus reclamos durante años.

Sus pedidos son claros. Por una parte, solicitan que se establezca una comisión de la verdad que arroje información certera sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquellos oscuros años. “Sólo si se conoce la verdad podremos evitar que lo ocurrido se repita,” recordó una de las víctimas.

Según datos aportados por ASOFAMD, se calcula que alrededor de 150 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Bolivia. Otras 40 personas de nacionalidad boliviana habrían sido detenidas en otros países de la región y posteriormente desaparecidas en el contexto del Plan Cóndor, un plan coordinado por las cúpulas de varios regímenes dictatoriales de Sudamérica con el fin de eliminar opositores y disidentes durante la década de los setenta.

Lo cierto es que en Bolivia siguen sin conocerse las causas y el paradero de la mayoría de las personas desaparecidas. Tampoco hay un reconocimiento de la magnitud de la represión vivida por cientos – o quizá miles - de mujeres y hombres sometidos a torturas, detenciones arbitrarias y, en varios casos, condenados al exilio.

 

Las víctimas insisten que si países vecinos han podido dar algunas respuestas a sus propias víctimas, ¿por qué no es esto aún posible en Bolivia?
Monica Costa

 

 

Pero la falta de información veraz y completa sobre los abusos cometidos no es el único problema que enfrentan. Hasta el momento, Bolivia ha fallado en investigar los hechos y buscar y sancionar a los presuntos responsables.

Con la excepción del juicio y condena al ex presidente García Meza y a sus colaboradores por los crímenes cometidos durante su régimen (1981-1982) – sin duda un juicio histórico para Bolivia y el continente - la mayoría de las violaciones de los 18 años de regímenes militares y autoritarios siguen impunes. Hay pocos procesos judiciales abiertos y la confianza en el sistema de justicia es mínima.

Las autoridades tampoco han dado una respuesta adecuada al derecho de las víctimas a una reparación integral, que incluya medidas para su rehabilitación por el trauma y violaciones sufridas, indemnización y restitución, entre otras. Los resultados de un proceso de reparación que empezó en el 2004 y que duró ocho años arrojaron más frustración que alivios.

En el 2012 las autoridades reconocieron que 1.714 víctimas de abusos cometidos durante los regímenes militares tenían derecho a una reparación; pero el proceso para acceder a aquella resultó una pesadilla para muchos sobrevivientes. Tuvieron que enfrentar obstáculos que incluyeron plazos demasiado estrictos para aportar documentación y la obligación de presentar pruebas muy difíciles de conseguir – como fechas exactas sobre la tortura sufrida o certificados de lesiones. Además, la aportación de pruebas recayó única y exclusivamente en las víctimas y sus familiares.

Al final, de las 6.200 solicitudes, más de 4.400 fueron rechazadas, la mayoría por “insuficiencia probatoria”.

“Nos trataron como si no tuvieran sentimientos humanos con nosotros,” dijo una de las víctimas que intentó acceder al programa de reparación.

Pero yo asumo que ninguno de estos reclamos debería ser sorpresivo para las autoridades. Desde Amnistía Internacional hemos insistido en ello en reiteradas ocasiones y las organizaciones en Bolivia siguen alzando la voz para ser escuchadas.

Desde hace tres años, por ejemplo, hombres y mujeres de la Plataforma de Luchadores Sociales visibilizan sus reclamos refugiados en carpas cubiertas con plásticos y maderas frente al ministerio de justicia.

“18 años de dictadura. ¿Cuántos años más de injusticia e impunidad?,” lee una de las pancartas.

La Comisión Interamericana escuchará y espero se pronunciará sobre los reclamos de las víctimas de los gobiernos militares en Bolivia. A partir de ese momento el estado tendrá que redoblar sus esfuerzos y cumplir con sus responsabilidades ante quienes sobrevivieron tantos años de abuso y olvido y sólo reclaman su derecho a la verdad, justicia y reparación.

Las promesas ya no son suficientes.

Una versión de esta nota de opinión fue originalmente publicada en el periódico La Razón.

Para más información

Bolivia: Verdad, justicia y reparación siguen siendo una tarea pendiente (Informe, 5 de Noviembre de 2013)