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"No debe haber refugio para los torturadores". El arduo camino hacia la Convención contra la Tortura

Aquellos hechos constituyeron un hito jurídico que transmitió un mensaje inquietante a los responsables de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Ocho años después de su salida del poder, en octubre de 1998, Augusto Pinochet, el ex dirigente chileno enfermo y uno de los dictadores más conocidos del mundo, decidió viajar a Europa para someterse a tratamiento médico.

Pero cuando llegó a Londres, miembros de la diáspora chilena –muchos de ellos supervivientes de tortura durante el régimen brutal de Pinochet– vieron una ocasión de oro para que el ex dictador fuera investigado, tras la sistemática negativa de Chile a hacerlo.

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Armados con la Convención contra la Tortura (un tratado pionero en virtud del cual los gobiernos habían acordado que las personas sospechosas de cometer o de ordenar tortura podían ser juzgadas por los Estados Partes en todo el mundo), los abogados iniciaron una lucha sin cuartel.

Era la primera vez que se usaba con éxito la Convención para procesar a un ex jefe de Estado sospechoso de haber ordenado o cometido tortura, y los resultados fueron asombrosos.

Un juez español dictó una orden de detención internacional con el fin de procesar a Pinochet por su responsabilidad en los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzadas que de forma sistemática se habían cometido durante su gobierno.

Inspirada por los horrores de Chile 

Fue verdadera justicia poética.

Los miles de testimonios de tortura que habían surgido de Chile tras la toma del poder por la fuerza por Pinochet en 1973 habían inspirado la creación de la Convención. Un cuarto de siglo más tarde, el propio Pinochet fue la primera persona a la que se aplicó el principio de jurisdicción universal consagrado en el tratado.

Una de las personas que intervinieron en la creación del innovador tratado fue sir Nigel Rodley, abogado británico y ex asesor jurídico de Amnistía Internacional:

“El caso Pinochet dio a muchos una sensación de confirmación. Era un triunfo para los derechos humanos. Se trataba de aquel arrogante dictador que pensaba que era invulnerable y después estuvo detenido durante un año en otro país.”

Pinochet pudo regresar finalmente a Chile como hombre libre en el año 2000 tras una controvertida decisión del Reino Unido que aducía la mala salud del ex gobernante. Sin embargo, el caso demostró que la Convención contra la Tortura es un poderoso instrumento jurídico en la lucha por la justicia.

Una Convención histórica

El año 1973 fue rico en acontecimientos para la lucha contra la tortura.

El golpe de Estado de Pinochet en Chile, con sus detenciones masivas seguidas de reclusión en el Estado Nacional, ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas, puso de manifiesto el hecho de que la tortura no era un mal del pasado sino que estaba muy viva.

En parte como respuesta a esos horrores, Amnistía Internacional lanzó su primera campaña global para erradicar esta práctica brutal.

Ese mismo año, la organización publicó un importante informe de 225 páginas que analizaba, por primera vez en la historia, hasta qué punto los gobiernos de todo el mundo utilizaban las palizas, las electrocuciones, las posturas en tensión y otras formas de tortura para castigar a disidentes o para obtener confesiones.

Esto fue el comienzo de una campaña internacional para persuadir a las autoridades de que debían poner fin a esta práctica brutal tanto en su propio país como en otros países.

Los activistas salieron a la calle para recoger firmas y se pusieron delante de las cámaras de televisión para hablar de unos tipos de abusos que muchos ignoraban. Mientras tanto, los juristas se reunían para buscar cauces legales que permitieran poner fin al sufrimiento de cientos de miles de personas.

En una conferencia internacional de legisladores organizada por Amnistía Internacional en París, un jurista sugirió que una forma de luchar contra la tortura era un tratado internacional sólido y jurídicamente vinculante que la prohibiera.

La tortura era ya ilegal en muchos países, y el consenso internacional significaba que estaba prohibida en todo el mundo y era un crimen de derecho internacional.

Sin embargo, una Convención garantizaría que los Estados que la ratificaran estarían jurídicamente obligados, entre otras cosas, a crear en sus leyes el delito específico de tortura, a investigar todas las denuncias sin demora y de forma imparcial, a castigar a los autores, a prohibir el uso en los tribunales las “pruebas” obtenidas mediante tortura, a abstenerse de enviar por la fuerza a personas a lugares donde corran el riesgo de sufrir tortura.

Otra obligación fundamental de los Estados sería garantizar que los sospechosos de cometer tortura podrían ser juzgados en cualquier país que hubiera ratificado la Convención.

El momento parecía el más oportuno.

La Asamblea General de las Naciones Unidas había debatido ya la necesidad de una resolución sobre la tortura. Varios años más tarde, al final de 1977, el gobierno de Suecia tomó la iniciativa de proponer la elaboración de una convención.

Se iniciaron negociaciones intensivas en la ONU en Nueva York y en los gobiernos de todo el planeta.Pero resultó muy difícil llegar a acuerdos sobre las cláusulas que obligarían a los gobiernos a investigar y enjuiciar a los responsables de llevar a cabo o de ordenar la tortura, incluso en otros países.

“Muchos países se resistieron de verdad a este aspecto. A los franceses no les gustaba al principio, a los holandeses, que presidían el grupo de trabajo, no les gustaba al principio, a muchos más no les agradaba pero poco a poco diferentes países se convencieron e hicieron suya la idea. La idea básica era que no debe haber refugio para los torturadores”, explica sir Nigel.

Después de largos debates, el 10 de diciembre de 1984, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Compuesta de 33 artículos, define qué es la tortura y cómo debe penalizarse, investigarse y enjuiciarse. Expone la clara obligación jurídica de los países de actuar contra la tortura tanto dentro de sus fronteras como en otros países.

“Un nuevo cauce para la justicia”

Aunque finalmente Pinochet eludió la acción de la justicia, decenas de individuos han sido enjuiciados en virtud de la premisa de jurisdicción universal consagrada en la Convención contra la Tortura.

Sir Rodley cree que el documento actúa ahora como un poderoso elemento de disuasión.

“La Convención significa que existe un nuevo cauce para la justicia, que los líderes mundiales responsables de tortura se lo piensan dos veces antes de viajar a un país donde pueden ser arrestados. Aportó cierto grado de incertidumbre y temor para los altos líderes políticos y podría haber impedido cierta proporción de tortura, y eso es muy positivo”, explica.

Sir Rodley dice ahora que aunque sigue habiendo mucho trabajo por hacer para erradicar la tortura, las cosas han cambiado desde que se adoptó la Convención.

“Hoy se acepta universalmente que la tortura está prohibida en virtud del derecho internacional. Pero, a fin de cuentas, no es la comunidad internacional quien puede poner fin a la tortura, son sólo los propios países los que pueden ponerle fin. El problema radica en parte en que la tortura tiene lugar casi siempre contra delincuentes comunes de los que nadie se preocupa, y la cometen agentes de policía incompetentes que están mal pagados y reciben presiones para mantener la seguridad en las calles y, mientras no sean puestos a disposición de la justicia por ello, seguirá ocurriendo.”

Pero el éxito de la Convención no se limita a los enjuiciamientos. Con el paso de los años, son cada vez más los Estados que han penalizado la tortura, han introducido salvaguardias como el acceso sin demora a abogados y familiares tras la detención, han prohibido la detención en régimen de incomunicación y han permitido las visitas de observadores independientes a las prisiones.

La lucha continúa

Pero el hecho de que la tortura siga estando viva y goce de buena salud en muchas partes del mundo significa que es mucho el trabajo que aún queda por hacer.

Treinta años después de la entrada en vigor de la Convención, Amnistía Internacional sigue liderando la lucha contra la tortura. A pesar de los desafíos que persisten, la organización seguirá denunciando y desacreditando a los autores y los países donde esta práctica está muy extendida, en el marco de sus esfuerzos permanentes para acabar con la tortura de una vez por todas.