Castigo para los actos de tortura de la policía de Guyana

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Guyana a que enjuicien a los policías implicados en la tortura y los malos tratos de tres personas –entre ellas un muchacho de 15 años– detenidas en relación con la investigación de un asesinato.

Los policías torturaron al muchacho prendiéndole fuego en los genitales cuando se negó a firmar una confesión. El muchacho fue puesto en libertad más tarde y se retiraron los cargos contra él; ahora se encuentra hospitalizado.   Este joven era uno de los tres detenidos por el asesinato del ex gobernante local Ramenauth Bisram, muerto por múltiples heridas de arma blanca el 26 de octubre.

Otro sospechoso, Deonarine Rafick, permanece en prisión después de que los policías lo golpearan con un trozo de madera y, al parecer, le quemaran la boca con cigarrillos para obligarlo a firmar una confesión.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Guyana a que le presten atención médica e investiguen las circunstancias que condujeron a su confesión.

Los cargos contra el tercer sospechoso, Nouravie Wilfred, de 20 años, se retiraron después de que éste permaneciera recluido en régimen de incomunicación durante siete días. Según la ley guyanesa, el plazo máximo que un sospechoso puede permanecer bajo custodia policial antes de comparecer ante un tribunal es de 72 horas.

A los tres sospechosos se les negaron las visitas de sus familiares y sus abogados, y también se les negó la atención médica mientras permanecieron bajo custodia.

“Estos atroces actos de brutalidad por parte de agentes de la policía de Guyana no deben quedar impunes”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

Los medios de comunicación de este país caribeño han informado de que se ha detenido a dos policías en relación con la tortura del muchacho de 15 años.

El muchacho fue detenido el 27 de octubre y conducido, al día siguiente, a la comisaría de Leonora, a unos 19 kilómetros al oeste de la capital, Georgetown. Allí lo golpearon.   Cuando se negó a firmar una confesión, los policías lo sujetaron y le rociaron la zona de los genitales con un líquido inflamable, al que a continuación prendieron fuego.

Hasta el 31 de octubre no recibió tratamiento médico adecuado ni acceso a asistencia letrada, pese a los repetidos intentos de sus abogados y su familia de acceder a él.   A Deonarine Rafick lo golpearon con un trozo de madera en la espalda, las piernas, las nalgas, la cara y el cráneo mientras permanecía recluido en la comisaría de Leonora el 27 de octubre. Según su testimonio, también le quemaron con cigarrillos en el interior de la boca.

Lo obligaron a firmar una confesión en la que declaraba estar implicado en el asesinato. Sus abogados no pudieron verlo hasta el 29 de octubre, pese a sus repetidos intentos.

Deonarine Rafick compareció ante un tribunal y fue acusado de asesinato el 30 de octubre. Su cara mostraba contusiones visibles, y no le habían suturado la herida del cuero cabelludo.

En la actualidad, permanece en prisión en espera de una investigación preliminar. Según su abogado y su familia, todavía no ha recibido atención médica.

“Debe llevarse a cabo una investigación completa sobre la manera en la que se ha permitido a los agentes burlar flagrantemente la legislación tanto guyanesa como internacional al negar durante varios días el acceso a familiares, abogados y tratamiento médico”, ha manifestado Kerrie Howard.