Más de 100 funcionarios estatales de todo el mundo asistieron a un acto en Naciones Unidas en el que Amnistía Internacional presentó un nuevo documento sobre el comercio de armas.
Un general de brigada pakistaní retirado, miembro de alto rango de las fuerzas de mantenimiento de la paz en República Democrática del Congo, y el director general adjunto de la policía de Jamaica se unieron a Amnistía Internacional el martes día 6 en una intervención ante la ONU en Nueva York en la que describieron cómo los flujos irresponsables de armas han alimentado la violencia armada en diversos países.
Contaron cómo cientos de miles de personas mueren cada año a consecuencia de actos previsibles y reiterados de violencia armada, exacerbados por la escasa regulación del mercado mundial de armas convencionales. Este mercado del terror también contribuye a que otros cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas sufran heridas, violación, desplazamiento, empobrecimiento y negación de otros derechos consagrados en el derecho internacional.
Para garantizar la verdadera seguridad, pidieron que el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) impida a los Estados transferir armas internacionalmente a lugares en los que existe un riesgo sustancial de que se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario o de las normas internacionales de derechos humanos.
El nuevo documento presenta una norma viable de derechos humanos para su inclusión en el TCA. Amnistía Internacional desea garantizar que el tratado es un instrumento eficaz a la hora de proporcionar seguridad real y proteger la vida y los medios de vida frente a la proliferación y el abuso de las armas.
La Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU se reúne este mes de octubre para estudiar el futuro proceso de elaboración de un TCA.
“Es esencial que este mes los Estados aprueben de común acuerdo un sólido mandato para pasar de los debates sobre el tratado a las negociaciones formales”, manifestó Brian Wood de Amnistía Internacional.
El nuevo documento de Amnistía Internacional muestra cómo la ausencia normas internacionales de derechos humanos aplicables a las transferencias de armas socava la seguridad real a lo largo y ancho del globo, lo que contribuye a que se produzcan homicidios ilegales en Guinea y Myanmar, violencia armada contra las mujeres en Guatemala, y crímenes de guerra en Somalia y la República Democrática del Congo.